Como primera medida, el Consejo de Ministros acordó poner en marcha la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para adaptar su contenido a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña.
Así lo anunció la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega.
De la Vega ha precisado que todas estas actuaciones pretenden desarrollar el Estatuto, una vez «avalada la práctica totalidad» de éste y aprovechar la situación para dar un impulso «al margen» que el propio Tribunal deja para ampliar el autogobierno, así como dar satisfacción a las «legítimas aspiraciones» de los ciudadanos de Cataluña, como son sus sentimientos identitarios.
El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, recibió el encargo de iniciar los estudios correspondientes para modificar la LOPJ sobre «la atribución de competencias del Consejo General del Poder Judicial«, según señaló De la Vega.
La reforma de la LOPJ, ha explicado De la Vega, tendrá «una doble vertiente». Por un lado, analizar las competencias que puede delegar el Consejo General del Poder Judicial a los consejos de justicia que se establecen en los nuevos estatutos de autonomía, no sólo el catalán, y «una posible reforma» de la casación.
En segundo lugar, el ministerio que dirige Francisco Caamaño estudiará el Estatuto del Ministerio Fiscal «para permitir la incorporación de los fiscales a los consejos de justicia».
La vicepresidenta primera explicó que esta iniciativa forma parte de un conjunto de actuaciones para desarrollar el Estatuto de Cataluña «en todos sus ámbitos» y favorecer el «autogobierno» de la región.
Fuentes del Ejecutivo explicaron después que en otros casos, como el delSíndic de Greuges, en el que fue anulado el carácter exclusivo de su actividad en aquella Comunidad, se cree que bastaría con un convenio de cooperación entre esta institución y el Defensor del Pueblo para resolver el conflicto legal.
De la Vega aseguró que, tras la sentencia del Estatuto de Cataluña, el Ejecutivo se dispone también a revisar todas las competencias pendientes de traspaso para «dar un impulso» a la cesión de las mismas.
En este sentido, indicó que una comisión delegada de política autonómica será la encargada de reunirse «próximamente» para dar impulso a los traspasos pendientes y elaborar un calendario de los posibles traspasos.
Entre finales de agosto y principios de septiembre se pondrá en marcha esta comisión delegada para que nada más concluir las vacaciones se pueda reunir la comisión bilateral prevista en el nuevo estatuto para la negociación entre Generalitat y Gobierno central.