San SimónPor Alfonso de San Simón, abogado de San Simón & Duch

El pasado 22 de noviembre, el Consejo de Ministros aprobó el Proyecto de Ley de Navegación Marítima, cuyo objetivo se orienta a la actualización del régimen general sobre el Derecho marítimo y a tratar de responder de una forma eficaz y moderna a las necesidades que la navegación y el negocio marítimo plantean en la actualidad.

Esta propuesta legislativa, a diferencia de sus predecesoras, sí que parece cumplir con los requisitos necesarios para su aprobación final. El pasado 29 de noviembre, se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Acuerdo por el que la Mesa del Congreso conviene encomendar su aprobación a la Comisión de Justicia, estableciendo asimismo un plazo de enmiendas, por un periodo de 15 días hábiles, que finaliza mañana 18 de diciembre. La mayoría absoluta del PP en las dos Cámaras y el consenso existente en casi todos los sectores interesados parece garantizar la aprobación de esta nueva norma; aunque los intereses de ciertos sectores podrían tal vez empujar a la modificación de parte de su articulado y, con él, el consiguiente retraso en su redacción definitiva y posterior aprobación.

Aunque el proceso de reforma comenzara tímidamente en España en la década de los ochenta con una serie de medidas tanto en el ámbito del contrato de seguro marítimo, como en los contratos de utilización del buque, no fue hasta 1999 cuando este espíritu reformista se confirmara al nombrarse una Sección Especial para la reforma del Derecho de la navegación marítima constituida en el seno de la Comisión General de Codificación. Finalmente, después de un primer borrador en el año 2002, que tuvo que ser revisado en gran parte por el hundimiento del petrolero Prestige, se entregó en el año 2004 el primer Anteproyecto de Ley General de la Navegación Marítima. Sin embargo, el texto, sometido a varias revisiones, se remitió en el año 2006 a las Cortes ya como Proyecto de Ley, no consiguiendo, ni en esta ocasión ni en el año 2008, el favor político suficiente para su aprobación.

Con la aprobación de esta nueva Ley se pondría fin a más de 125 años de vigencia del Libro III Código de Comercio de 1885, actual régimen de cabecera del Derecho marítimo español, aunque complementado con otras tantas normas especiales. Pese a la teórica obsolescencia de este Código, tal y como se indica en la práctica totalidad de las muchas páginas que he leído, mucho me temo que ninguna nueva Ley gozará, nunca, de la calidad y rigor científico que caracteriza a este texto normativo aún vigente en España.

Aunque necesaria y deseada, veamos qué nos depara esta nueva Ley…

El Proyecto de Ley pretende, entre otros objetivos, engarzar el Derecho marítimo nacional con los distintos Convenios internacionales y las normas de la Unión Europea reguladores del negocio marítimo, terminando de tal modo con las supuestas contradicciones existentes en la actualidad entre el derecho nacional y los Convenios internacionales vigentes en España, dando así la seguridad jurídica necesaria.

Para ello, la futura Ley utiliza la técnica de remisión al contenido de los textos internacionales que se aplican a los distintos aspectos de la navegación, evitando realizar así una regulación que efectúe una transposición a nuestro Derecho interno de la regulación contenida en los numerosos tratados internacionales en materia de navegación marítima, avería gruesa, embargo, hipoteca, etc. suscritos por España, remitiendo la Ley en cada materia a los convenio vigentes y reservándose el dotar de contenido los espacios que los Convenios dejan a los Estados.

Sin embargo, esta técnica, tal y como indica el Consejo General del Poder Judicial, aunque favorable, puede ser compleja por la consulta que deviene necesaria a los respectivos Convenios y su cotejo con las especialidades reguladas por el Proyecto, de tal modo que se tenga una visión íntegra de la materia. En último término, podría afectar al principio constitucional de seguridad jurídica, lo que resultaría ciertamente contradictorio al tener la futura Ley como objetivo “proporcionar seguridad jurídica, al asegurar un perfecto engarce con las normas españolas, europeas y Convenios internacionales hoy vigentes, tanto de Derecho Público como Privado, facilitando la interpretación unívoca de esas normas por los tribunales”.

Los otros dos objetivos que persigue esta futura Ley son, por un lado, dotar a nuestro ordenamiento jurídico de la necesaria homogeneidad con el Derecho Marítimo internacional adoptado con generalidad por los países marítimos de la UE y OCDE, como exige un tráfico caracterizado por su transnacionalidad, y, por otro, tratar de reflejar la realidad práctica actual del transporte marítimo y tener en cuenta las consecuencias económicas y de todo orden que puedan derivarse de las modificaciones introducidas.

El Proyecto aprobado por el Consejo de Ministros también se inclina por mejorar, de forma significativa, la protección del patrimonio subacuático y contribuye a luchar contra la contaminación y la inmigración ilegal, determina la responsabilidad de los sujetos implicados en el tráfico marítimo, regulando los contratos de utilización del buque y fijando las condiciones del contrato de construcción naval. También incorpora novedades en la compraventa de buques.

El Proyecto de Ley de Navegación Marítima consta de una Exposición de Motivos, 524 artículos estructurados en un Título Preliminar y diez Títulos, once Disposiciones Adicionales, dos Disposiciones Transitorias, una Disposición Derogatoria y ocho Disposiciones Finales.

El texto se ha configurado alrededor de aquellos ejes que se consideran “ordenadores” de la materia de la Navegación y el negocio jurídico, como son el medio acuático en el que se realiza la navegación; el vehículo con el que realiza la navegación; la persona que organiza los instrumentos con los que se realiza el desplazamiento por el agua; y finalmente, la actividad principal realizada.

Si bien es cierto que la nueva Ley es en sí misma el hito más importante, en tanto en cuanto supone la actualización del régimen general del tráfico marítimo en una única norma, independientemente de la técnica utilizada de remisión a los diversos Convenios Internacionales que regulan las distintas materias, la misma introduce abundantes, importantes y concretas novedades.

Sin ánimo de ser exhaustivos, podríamos enumerar de forma resumida las principales novedades que presenta el Proyecto de Ley de Navegación Marítima de la siguiente manera:

    • En primer lugar, se lleva a cabo una adaptación total de la ordenación administrativa de la navegación marítima a la normativa comunitaria e internacional.

 

  • Se dispone de una definición unitaria de los vehículos de la navegación, distinguiendo entre buque y embarcación en función de la eslora y cubierta. El Proyecto entiende por buque “todo vehículo con estructura y capacidad para navegar por el mar y para transportar personas o cosas, que cuente con cubierta corrida y de eslora igual o superior a 24 metros”, y se prescinde de la distinción entre buque público y privado, civil o militar, mercante o de recreo y deportivo o científico, haciendo una diferenciación entre el buque y otras figuras tales como embarcaciones, artefactos navales y plataformas fijas.

 

  • Por primera vez se regula el contrato de construcción naval y se incorporan también importantes innovaciones en el contrato de compraventa de buques, al tiempo que se unifica la regulación de los privilegios marítimos.

 

  • Hay una mejora sustancial en la regulación de los accidentes de la navegación mediante la técnica de remisión a los Convenios que regulan esta materia en los casos de abordaje, avería gruesa, salvamento, bienes naufragados o hundidos y responsabilidad civil por contaminación.

 

  • Son sujetos de la navegación el armador como el naviero, si bien aquel tiene la posesión del buque dedicándolo a la navegación en su propio nombre y responsabilidad, y siendo quien consta en el Registro de Bienes Muebles en la Sección de buques, mientras que el naviero se dedica a la explotación del buque, ya sea propio o ajeno.

 

  • Una de las notas más destacables por las importantes novedades que se contemplan en el Proyecto, tanto a nivel práctico como teórico, sería la regulación del contrato de seguro marítimo que, por decisión de la jurisprudencia, quedó al margen de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro.

 

  • Independientemente de todas y cada una de las regulaciones que se realizan en el Título VIII, resulta especialmente llamativa la acción directa del perjudicado frente a la compañía aseguradora para exigirle el cumplimiento de su obligación de indemnizar, declarándose indisponible para las partes, de forma que cualquier pacto que intente suprimirla será inválido.

 

  • En los seguros de protección e indemnización (P&I), no contemplados por nuestra regulación interna, la acción directa frente al asegurador dependerá de lo que se estipule en la póliza de seguro y los Convenios Internacionales vigentes en España y normas comunitarias.

 

  • Hasta la fecha, y con la regulación vigente, no se venía admitiendo por nuestros tribunales la acción directa contra los Clubs de Protección e Indemnización.

 

  • También importante resulta la prohibición de las llamadas “cláusulas de jurisdicción” en jurisdicciones fuera de la Unión Europea. Sin embargo, dentro del ámbito de la Unión Europea, la aplicabilidad del Reglamento 44/2001del Consejo, 22 de diciembre del 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil hace que las cláusulas de jurisdicción sigan siendo vinculantes para las partes, sin perjuicio de los previsto en los Convenios internacionales vigentes en España y en las normas de la Unión Europea, que serán nulas y se tendrán por no puestas -estas cláusulas de sumisión a una jurisdicción extranjera contenidas en los contratos de utilización del buque o en los contratos auxiliares de la navegación-, cuando no hayan sido negociadas individual y separadamente.

 

  • La inserción de una cláusula de jurisdicción no evidenciará, por sí sola, el cumplimiento de los requisitos de negociación individual y separada de las mismas.

 

La tendencia de los tribunales españoles en la actualidad y en el futuro, pues de la lectura del artículo 468 no debemos esperar cambios significativos en este sentido, es la de reconocer las cláusulas de jurisdicción, y ya no solamente al amparo del Reglamento 44/2001.

Desde luego que de aprobarse el Proyecto de Ley de Navegación Marítima solo la práctica nos hará descubrir las verdaderas virtudes y defectos de la misma. Sin embargo, una primera aproximación a su articulado permite intuir sus beneficios respecto a la regulación del régimen de la navegación marítima, tanto en su dimensión teórica como práctica.

Veremos…

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