Desde que en 2016 un grupo de investigadores desarrollase un algoritmo capaz de predecir con un 79% de acierto el fallo que los magistrados del TEDH emitirían sobre una sentencia, se ha abierto un debate sobre el impacto de la inteligencia artificial (IA) en el sector jurídico, y si en un futuro será capaz de sustituir a jueces y abogados.
La IA puede ser una herramienta útil para desempeñar las labores jurídicas, pero nunca podrá sustituir a un juez o a un abogado. La labor del jurista es la interpretación y aplicación de la ley, la cual exige una capacidad de contextualizar, una tarea que no puede realizar de forma automatizada un programa informático. Además, por muy impresionantes que sean los avances tecnológicos, siguen estando lejos de replicar la inteligencia, la capacidad moral y la empatía humana, cualidades fundamentales a la hora de ejercer la profesión de abogado. En consecuencia, la IA tendrá una aplicación muy limitada en jurisdicciones que requieran tener en cuenta elementos subjetivos que necesitan de una interpretación por parte de un ser humano, como pueden ser el derecho penal o el derecho de familia. Sin embargo, la IA sí tendrá un papel relevante en aquellos procedimientos con un carácter puramente formal o en asuntos que tienen una solución objetiva, pues están basados en la automatización y en el análisis de la normativa vigente. Por tanto, estas herramientas tecnológicas tendrán un mayor impacto en el ámbito del derecho mercantil, fiscal y civil.
Lo que resulta innegable es que la IA ha llegado para quedarse, y así lo demuestra la encuesta realizada por Law Firms in Transition Survey, según la cual el 84% de los despachos estadounidenses consideran que la implantación de la inteligencia artificial no es algo pasajero, sino una obligación estratégica. Y es que los beneficios de la IA para los bufetes de abogados son numerosos. Para empezar, liberaría a los abogados de parte de la carga del trabajo investigador y de documentación que realizan hasta ahora. Esto les permitiría centrarse en tareas que realmente aporten un valor añadido, además de repercutir este ahorro de trabajo en las minutas que se pasan a los clientes.
Otra ventaja es que se minimizarán los riesgos de cometer errores, pues los algoritmos que se están desarrollando son capaces de preparar nuevos contratos a través de un análisis jurídico y un proceso de redacción automatizados, que permite que cada entidad adapte a las nuevas normas la documentación sobre mantenimiento de garantías. Todo ello permite asegurarse de que no haya incumplimientos normativos accidentales sin tener a equipos de abogados dedicados a revisar los contratos. En este sentido, la tecnología contribuirá a que los bufetes sean más eficientes, pues les permitirá agilizar los procesos y ofrecer a los clientes un servicio más personalizado. La IA puede ser también un aliado para la Administración de Justicia, ya que ayudará a aliviar la carga de trabajo que actualmente se acumula en los juzgados, además de permitir a jueces y fiscales concentrar su actividad en aquellos procesos que requieran soluciones interpretativas.
Sin embargo, existen muchas dudas acerca del impacto de la IA en el sector jurídico. Uno de los principales obstáculos es la lenta digitalización de la Justicia española, por lo que parece difícil que veamos la aplicación de estas herramientas en los tribunales en los próximos años. Los expertos señalan que habría que generar un salto cualitativo tanto tecnológico como cultural dentro de la Administración de Justicia e impulsar cambios procesales para admitir documentos generados por la inteligencia artificial. No obstante, en algunos países como Estonia ya se están preparando para tener “jueces robot” basados en la IA.
Otro problema que presenta la IA es la falta de legislación al respecto, sumada a los riesgos derivados de posibles fallos en los algoritmos o a los problemas de ataques cibernéticos. Todo ello podría acarrear problemas de responsabilidad a los propios bufetes después de los últimos cambios en el Código Penal, en concreto de los artículos 284, 285 y 285 bis, por las que se extiende la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los supuestos que regulan los mencionados artículos. Por tanto, es fundamental una regulación integral de la materia que dote de seguridad jurídica, tanto a los abogados como a los clientes, a la hora de emplear estas herramientas tecnológicas en las labores jurídicas. También existen dudas relativas a la compatibilidad de la IA con el respeto de los derechos fundamentales, por lo que debe garantizarse que su utilización no suponga una vulneración directa o indirecta de los valores constitucionales.
La irrupción de la inteligencia artificial en el sector jurídico también ha planteado interrogantes respecto al impacto que pueda tener en la formación académica y profesional de los juristas. Sin duda, la IA cambiará el día a día del profesional legal, y de hecho ya lo está haciendo a pequeña escala. No obstante, este desarrollo tecnológico no requerirá que los juristas se conviertan en expertos informáticos ni que tengan elevados conocimientos de programación, pero sí que aprendan a trabajar con aquellos profesionales que puedan desarrollarla y sepan facilitarles lo que necesitan para lograr herramientas que respondan a las necesidades de los clientes y de la sociedad.
En conclusión, la inteligencia artificial no es algo opcional, sino una realidad que otorga a la Justicia una gran oportunidad para ser más eficiente a la hora de cumplir con uno de sus objetivos básicos: solucionar los conflictos entre personas de manera imparcial, rápida y ajustada a la Ley. Sin embargo, los protagonistas de todo ello seguirán siendo las personas. Sin duda, la tecnología será un instrumento fundamental y muy útil para los juristas, pero no podrá reemplazarlos, pues seguirá siendo necesario el desarrollo de habilidades creativas que sólo pueden ofrecer los seres humanos.
Autor: Álvaro López de Ochoa García
Asesor jurídico en LABE Abogados
