El equipo fiscal de SJ Berwin analizó, el pasado martes, las principales implicaciones que FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) y el acuerdo intergubernamental firmado recientemente entre Estados Unidos y España tendrán para las gestoras y fondos españoles. Según los expertos de la firma, la norma plantea un conflicto con el Derecho Internacional público «al violar el principio de territorialidad de la ley» además de «colisionar con la normativa de protección de datos».
Según explicó Alberto Ruano, socio de fiscal de SJ Berwin, el acuerdo persigue dos objetivos básicos: reducir las posibilidades de fraude fiscal de personas físicas estadounidenses a través de vehículos de inversión fuera de Estados Unidos y obtener información para el Internal Revenue Service de EE.UU (IRS) de las entidades financieras no estadounidenses en relación a sus inversores de ese país.
En opinión de los fiscalistas de la firma, la principal novedad «y sin duda revolución» que se plantea con esta norma es un «claro conflicto» con el Derecho Internacional Público vigente. «Por primera vez – afirma Ruano – una norma interna de otro estado pasa a aplicarse directamente en España y a obligar a todas las instituciones financieras que operan en nuestro país. Supone una clara quiebra del principio de territorialidad». Otro de los problemas que plantea la norma, según apuntaron los expertos, es que entra en «claro conflicto» con los convenios de doble imposición firmados entre países y con la normativa interna de protección de datos.
Para cumplir con la normativa FATCA, todas las instituciones financieras existentes en España, sean o no sucursales de otra entidad no española, deben registrarse ante el IRS antes del 25 de octubre de este año si quieren aparecer en la primera lista que se publique de entidades financieras que cumplen la normativa FATCA. Este trámite de registro, según explicó Ana María Castaño, es «especialmente importante porque las entidades que no lo lleven a cabo no pasarán a formar parte de la lista de entidades cumplidoras, exponiéndose a varias sanciones y a graves consecuencias negativas para las instituciones financieras en sus transacciones comerciales con otras instituciones financieras que sí cumplan con FATCA».
Entre las principales sanciones que se contemplan en la norma FATCA, está la obligación de retener un 30% sobre los rendimientos y el precio de venta del activo financiero.
Para Alberto Ruano y Ana María Castaño «lo más importante para las gestoras y fondos españoles es que evalúen la obligatoriedad de cumplir con FATCA, los riesgos de no implementarlo y una evaluación de los costes en que incurrirían».
