Cinco de las siete asociaciones españolas de jueces y fiscales decidieron este martes convocar una jornada de huelga para el próximo 20 de febrero en protesta contra las reformas legislativas promovidas por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. «Sin desearlo pero sin tener otra salida, nos vemos obligadas a convocar una huelga», aseguran las asociaciones convocantes -Jueces para la Democracia, Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, Unión Progresista de Fiscales y Asociación Profesional Independiente de Fiscales- mediante un comunicado.
Todas ellas, agrupadas en la Comisión Interasociativa en Conflicto, explican que llevan meses, sin éxito, intentando negociar con el Ministro de Justicia y tratando de adoptar medidas que no supongan un quebranto para el justiciable. También avanzan que están dispuestas a desconvocar la huelga «siempre que el poder político abandone toda tentativa de recortar las competencias del Consejo General del Poder Judicial». Así, ¿Qué reivindican exactamente los jueces y fiscales españoles?
Retirada del Proyecto de Reforma de la LOPJ
A fin de «garantizar la tutela judicial efectiva», ambos colectivos piden la derogación de la Ley Orgánica 8/2012 que modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y que afecta al Estatuto Profesional de Jueces y Fiscales. Ambos critican que la reforma «no sólo no se retiró, sino que se aprobó por Real Decreto», lo que ha supuesto la supresión automática de entre 900 y 1.000 jueces sustitutos y magistrados suplentes y 300 fiscales, con la correlativa obligación para los jueces y fiscales titulares de asumir el trabajo de otros órganos.
Inmaculada Galán, presidenta de la Asociación de jueces sustitutos Concepción Arenal, explica en una entrevista a Diario Jurídico: «Nos pueden echar a la calle pero hay que tener en cuenta que nosotros somos juristas. No somos legos en derecho y como no lo somos, y somos personas con una cualificación técnica reconocida, no nos vamos a quedar con las manos cruzadas. Vamos a reclamar en todas las instancias y vamos a pedir una indemnización por este atropello».
Además, jueces y fiscales aseguran que el Gobierno está imponiendo a ambos colectivos un trabajo «inasumible» que permitirá crear «espacios de impunidad». Impunidad de la que aseguran que «por una u otra vía, se han de beneficiar los diversos implicados en casos de corrupción extremadamente graves que estamos conociendo».
Estos juristas consideran que la reducción de un 25% el número de jueces y fiscales de uno de los países que menos tiene en Europa (sólo por delante de Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Malta y Dinamarca) ralentizará todavía más la «ya de por sí dificilísima» investigación de los casos de corrupción y que «se multiplicará la posibilidad de que el juez y fiscal sobrecargado, estresado y presionado cometa un error que lleve a frustrar el fin del proceso».
Paralización del Anteproyecto de Reforma del CGPJ
«Su objeto, poco disimulado, es la asunción por parte del Ministerio de Justicia del Gobierno de los Jueces». Los convocantes de la huelga conceben así la voluntad del Gobierno, a quién acusan de querer asumir el control del Consejo General del Poder Judicial, órgano constitucional llamado a garantizar la independencia de los jueces. Así, la Comisión Interasociativa asegura que con la proyectada reforma, el CGPJ pasaría a convertirse en un «apéndice» del Ministerio de Justicia.
Retirada de las tasas judiciales
Los jueces y fiscales también piden que se derogue la Ley 10/2012 o que se modifique urgentemente «a fin de que las tasas judiciales no supongan la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos».
Según ellos, desde la entrada en vigor del llamado ‘tasaszo judicial’ se ha producido una disminución del 25% de litigios respecto al año pasado ya que «las cuantías impiden que muchos ciudadanos puedan acudir a los tribunales».
Incremento de la inversión pública en Justicia
Los integrantes de la Comisión dicen ser conscientes de la situación de crisis económica que atraviesa el país pero también recuerdan que el presupuesto de Justicia en España no alcanza el 1% del PIB, mientras que la media europea está entre el 3 y 4%.
Reforma de la ley del indulto
Ambos colectivos lamentan que en la actualidad, esta normativa «incumple el deber de sujeción al derecho de todos los poderes, propiciando la discrecionalidad política de forma arbitraria, al no requerir explicación alguna para su concesión, y dejar sin efecto las condenas».
Desahucios, Registro Civil y Código Penal
Entre sus reivindicaciones también figura la toma de soluciones efectivas para la protección de los afectados por el drama social de las ejecuciones hipotecarias, se oponen a la privación de los Registros Civiles y lamentan que se endurezcan las penas como sistema para arreglar los problemas de la justicia penal «a través de improvisadas reformas del CP».
La Asociación mayoritaria se queda al margen
Por su parte, la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional de la Magistratura, mayoritaria en la carrera judicial, han decidido no secundar la protesta.
Esta última ha emitido un comunicado en el que lamenta que desde la Comisión Interasociativa se impulsen medidas de actuación «que carecen del apoyo de todos», aunque aseguran que respetan su decisión.
Asimismo, consideran que el comportamiento que se espera de ellos es «que se gestione con responsabilidad el interés público que se les ha confiado» y subrayan que discrepan «rotundamente» con las modificaciones recogidas en el Anteproyecto de Reforma del Consejo General del Poder Judicial, por lo que han hecho llegar un informe al Ministerio de Justicia en el que reflejan su forma de entender el Poder Judicial «por mas que algunos planteamientos sean sustancialmente diferentes de la concepción del Consejo que defienden otras asociaciones», precisan.
