Por Borja Álvarez Tamés

JL Casajuana – Abogados

El pasado 1 de abril de 2009 entró en vigor el RD-Ley 3/2009 de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal. La reforma de la legislación concursal venía siendo clamada por los profesionales del Derecho toda vez que la Ley Concursal 22/2003 fue creada en una coyuntura completamente distinta a la actual. La intensa experiencia judicial adquirida recientemente ha puesto de manifiesto que dicha Ley ha resultado ineficaz en algunos aspectos, por lo que era necesaria su modificación. En esencia la reforma persigue agilizar el procedimiento concursal, abaratar sus costes y solucionar algunas disfunciones. Veamos los puntos más relevantes de la reforma normativa.

Publicidad y notificaciones judiciales.

Se suprime la obligatoriedad de publicar el Auto de declaración del concurso en prensa, manteniéndose únicamente su publicación en el BOE que será gratuita. La multiplicidad de publicaciones anterior resultaba ineficaz y generaba inseguridad. Diversos plazos procesales comenzaban a computarse desde la última de las publicaciones y no siempre era fácil concretar con certeza los distintos vencimientos.

Se crea el Registro Público de Resoluciones concursales, accesible de manera gratuita a través de Internet. En él que se deberán publicar todas las resoluciones del proceso determinadas por la ley así como las que sean inscribibles en el Registro Mercantil. Resulta muy acertada esta medida, que posibilita a los interesados no personados en el procedimiento conocer sus vicisitudes de manera rápida y gratuita.

Se agiliza el procedimiento mediante el traslado de los ofcios con los edictos por medios telemáticos sin necesidad de hacerlos al procurador de la concursada. Se remite la norma a un posterior desarrollo reglamentario. En definitiva se avanza hacia una mayor publicidad real en detrimento de requisitos formales ineficaces, con la consiguiente celeridad.

Administración concursal.

Se establecen bases para determinar la retribución de los administradores concursales, para evitar excesos y para garantizar un mínimo retributivo. Era frecuente que la administración concursal no cobrara sus honorarios cuando la masa activa era insuficiente, o cuando los únicos bienes estaban afectos al pago de créditos con privilegio especial. Ahora se asegura una retribución mínima, financiada mediante una cuenta de garantía arancelaria que se dotará con aportaciones obligatorias de los administradores concursales. El pago de los honorarios de expertos independientes que intervengan en el proceso se hará con cargo a la retribución de la administración concursal y no a cargo de la masa. Los recursos e incidentes procesales deberán ser dirigidos por el administrador concursal que sea letrado, restringiéndose la contratación de servicios jurídicos externos.

Sólo actuará un administrador concursal en los concursos cuya estimación inicial de pasivo no supere los 10.000.000 €, que serán tramitados en procedimiento abreviado. Además de aminorarse los costes en ese sentido, se reducen a la mitad los plazos procesales en estos casos. El inconveniente de esta medida es que al haber un único administrador, abogado o economista, previsiblemente quedará peor atendida la vertiente jurídica o económica del concurso, a pesar de que puedan ser procedimientos de gran complejidad por su cuantía. En definitiva, se prima la reducción de costes y de tiempo.

Operaciones de refinanciación.

Hasta ahora las entidades bancarias no se atrevían a refinanciar las deudas de empresas en dificultades. Corrían el riesgo de una ulterior rescisión de dicha operación si el deudor se declaraba en concurso en los dos años siguientes, pudiendo conllevar en el peor de los casos, que sus derechos de crédito fueran calificados como subordinados, con la consecuente dificultad de cobro. Con la disposición adicional cuarta del RD-Ley 3/2009 las operaciones de refinanciación anteriores a la declaración del concurso quedan blindadas. Se cierra la posibilidad de una posterior rescisión judicial, siempre que el acuerdo de refinanciación sea suscrito por los acreedores que representen las 3/5 partes del pasivo de la empresa; que medie informe favorable de experto independiente designado por el Registro Mercantil, y que el acuerdo se formalice en instrumento público.

Propuesta anticipada de Convenio.

Se flexibiliza la necesidad de promover la declaración del concurso en el plazo de 2 meses tras la situación de insolvencia. Ahora el deudor insolvente podrá solicitar más tarde la declaración de concurso si inicia negociaciones con sus acreedores para obtener adhesiones a su propuesta anticipada de convenio, siempre que lo comunique al Juzgado dentro del citado plazo de 2 meses. Este nuevo plazo de gracia es limitado. Cuando se negocia un convenio anticipado el tiempo máximo para solicitar concurso voluntario será de 4 meses desde la referida comunicación al Juzgado.

Ahora las adhesiones de acreedores a la propuesta anticipada de convenio solo han de alcanzar la décima parte del pasivo en lugar de la quinta parte del pasivo exigida en la regulación anterior. Se suprimen muchas de las restricciones de la anterior norma para poder presentar propuesta anticipada de convenio.

La experiencia nos dice que la inmensa mayoría de los concursos de acreedores que se tramitan terminan en liquidación, de esta forma se quiere potenciar la alternativa de concluirlos mediante un acuerdo con los acreedores.

Otra novedad del Real Decreto Ley es la tramitación escrita del convenio cuando los acreedores superen el número de 300.

Liquidación anticipada de los bienes de la concursada.

Se establece la posibilidad de solicitar la liquidación anticipada de los bienes del deudor común. Habrá de pedirse hasta los 15 días siguientes a la presentación del informe de la administración concursal. Esta medida permite liquidar los bienes de manera anticipada sin esperar a que se resuelvan las eventuales impugnaciones. Además del ahorro de tiempo en la tramitación, ello posibilitará una mayor satisfacción de los créditos en caso de no aprobarse un convenio. De esta forma, los bienes de la concursada se podrán enajenar en mejores condiciones en beneficio de la masa.

Por su carácter de urgencia, propio de un Real Decreto Ley, se establecen determinadas disposiciones transitorias con la finalidad de que la reforma sea aplicable a los procedimientos que se encuentran en trámite.

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