El Foro Tecnológico del Colegio de Abogados de Madrid ‘Abogacía 4.0’ ha reunido de forma telemática a expertos del sector legal y tecnológico y representantes de la Administración de Justicia para abordar la nueva normalidad del Legaltech tras la crisis de la pandemia.

Moderado por los diputados de Nuevas Tecnologías de los Colegios de Abogados de Madrid y Barcelona, Esther Montalvá y Rodolfo Tesone, en el acto han participado el Director General de Transformación Digital de la Administración de Justicia, Aitor Cubo; el diputado de la Junta de Gobierno y presidente de la Comisión de Deontología del ICAM, Manuel Martín; la abogada y socia fundadora de Iurisfy, Carmen Cabalga; el Jefe de Producto de Lefebvre, Víctor Martínez; y la socia directora del Instituto de Innovación Legal, María Jesús González Espejo.

En sus palabras de bienvenida, Montalvá ha recordado que en los tiempos de extrema dificultad e inestabilidad en que vivimos, la abogacía es una de las profesiones más perjudicadas por sus problemas históricos para adaptarse a las nuevas tecnologías. “En los últimos años ha habido un despegue absoluto de las legaltech, hay un montón de startups que están arrancando, y para nosotros es fundamental acercar a los colegiados las herramientas, las últimas tendencias y todas las funcionalidades que pueden ofrecer”, ha explicado.

Por eso, y a pesar de que ya existen numerosas herramientas enfocadas a la inteligencia artificial, que permiten entre otras cosas la formalización de contratos a través de blockchain, la diputada del ICAM ha subrayado que es el momento de “dar un pasito atrás y centrarnos en aquellos servicios que nos van a ser más útiles y que son de primera necesidad, en aquellos servicios que se van a demandar más” tras la crisis del COVID-19 en ámbitos como el derecho de familia, sucesiones o insolvencias.

Resiliencia

Para Tesone, el momento de “absoluta excepcionalidad” en que nos encontramos requiere un “importante esfuerzo de resiliencia y de adaptabilidad” tras haber superado la primera ola del tsunami, “la sanitaria”, estar a punto de afrontar la segunda oleada, “la económica”, y a la espera de una previsible tercera gran ola de “conflictividad social” que será disipada en la medida en que “sepamos hacer bien las cosas”.

En el contexto de la transformación digital, el también presidente de ENATIC rescata dos grandes titulares de la crisis del coronavirus: “hemos avanzado más en transformación digital en los últimos cuatro meses que en los últimos quince años” y “la transformación digital no solo ha venido para quedarse, sino que ha venido para desarrollarse y para crecer”.

En ese sentido, Tesone considera que los profesionales que se desenvuelven en el mundo del Derecho Digital han de ser capaces de transformar los retos en oportunidades: “ahora más que nunca es el momento de orientarnos porque hay un campo tremendamente amplio de oportunidades para la abogacía. No va a superar la crisis ni el más fuerte, ni el más grande ni el más veloz. Superará la crisis quien mejor se adapte al cambio y al nuevo paradigma que está a punto de venir.”

No obstante, como ha recordado Montalvá, de nada serviría que los despachos invirtieran grandes cantidades de dinero en optimizar sus procesos a través de la tecnología aplicada al sector jurídico si al llegar a la Administración de Justicia “encontramos un muro hecho de montañas de papel abarrotando el Juzgado”.

Transformación digital

Desde el Ministerio de Justicia, Aitor Cubo ha precisado que para este organismo el concepto de transformación digital va más allá de la administración electrónica o de la eliminación del soporte papel: “estamos hablando de trabajar hacia una administración proactiva y automatizada”. En ese sentido, el ponente ha querido destacar la apuesta de este organismo por la transformación digital al articular esta materia en torno a una dirección general, cuando lo habitual es que el máximo rango para la parte de digitalización sea una subdirección general. “Esto es realmente importante porque permite participar dentro de las cuestiones relacionadas con el Comité de Dirección del Ministerio y poder recoger las distintas cuestiones estratégicas para tener sistemas de información que estén listos según se vayan planteando modificaciones, ampliaciones o cambios legislativos, normativos o estratégicos”, ha señalado.

Respecto al proyecto de transformación digital, Cubo ha explicado que se encuadra en el programa estratégico Justicia 2030 y que se centra en tres grandes ejes: reformas normativas, herramientas tecnológicas efectivas y eficientes y cooperación tanto con el sector público puro como con actores relevantes de la Administración de Justicia. Estos tres ejes se desarrollan en cinco bloques con una serie de proyectos estratégicos como son los servicios digitales para la ciudadanía, empresas y colectivos; eficiencia e interoperabilidad de las infraestructuras de Justicia; expediente judicial electrónico sostenible; inteligencia artificial e impulso a la oficina del dato orientado a toda la Justicia.

Deontología profesional

A continuación, tras la presentación de diversas herramientas concretas desarrolladas por Lefebvre, Iurisfy y el Instituto de Innovación Legal, el diputado de la Junta de Gobierno del ICAM Manuel Martín ha abordado la responsabilidad deontológica derivada del uso de herramientas tecnológicas que ayudan a prestar el asesoramiento jurídico al cliente final.

Así, más allá de las escasas referencias incluidas en el Código Deontológico de la Abogacía de 2019, que habla entre otras cosas de la necesidad de hacer un uso responsable y diligente de las tecnologías con vistas a garantizar el secreto profesional y la confidencialidad, Martín ha recordado que “la actuación profesional del abogado, utilice o no utilice herramientas tecnológicas está sujeto a la normativa deontológica”. Por tanto, a la vista de lo que hoy entendemos por “tech”, el presidente de la Comisión de Deontología del ICAM no considera necesario ir más allá en lo que es el planteamiento del código deontológico.

“Siempre que hablamos de lo tech, ahora hablamos de herramientas que ayudan a prestar el asesoramiento jurídico al cliente final. Pero en pocos casos estamos hablando de tecnología que vaya a reemplazar al abogado en el servicio final al cliente. Otra cosa muy distinta son los chatbots o los asistentes virtuales de tipo jurídico, porque ahí sí que van dirigidos al cliente final y eso plantea una problemática”, ha advertido Martín.

Tanto el artículo 502 de la Ley Orgánica del Poder judicial como el artículo 6 del Estatuto General de la Abogacía dicen que “dirección y defensa de toda clase de procesos, así como la defensa y el asesoramiento jurídico corresponde en exclusiva a los abogados”, ha subrayado Martín. “Y abogados y abogadas son solo los que están incorporados a un Colegio en calidad de ejerciente. Es decir, ni un graduado, ni un licenciado, ni el titular de un máster de acceso, ni un no ejerciente pueden prestar asesoramiento jurídico si no están colegiados como ejercientes”, ha precisado.

En ese sentido, y en referencia a los chatbots, el diputado de la ICAM ha señalado que si detrás no hay abogados que garanticen un asesoramiento jurídico conforme a los estándares deontológicos, podríamos estar ante un potencial delito de intrusismo profesional. “Evidentemente no le podríamos aplicar las normas deontológicas porque no son abogados, así que entraríamos dentro de la esfera penal”, ha aclarado.

No obstante, en sus consideraciones finales Manuel Martín ha explicado que en el ámbito de la Comisión de Deontología del ICAM en estos últimos años se han generado alrededor de 8.000 quejas, de las cuales cerca de 800 se han traducido en expedientes disciplinarios y ninguno de ellos, de manera directa o indirecta, está relacionado con la utilización de herramientas tecnológicas. “Dicho esto: no dudo que llegue el momento en que se van a empezar a recibir quejas, pero todavía no”, ha concluido.

Por último, y de cara al futuro, Rodolfo Tesone ha deseado que cuando la transformación digital de la justicia del sector legal ya sea un hecho, “dentro de cinco o diez años”, el gran volumen de negocio que está por venir siga estando en manos de la abogacía. Algo que no será posible en su opinión “si no hacemos todo lo que tenemos que hacer, nos unimos y nos basamos en estos soportes donde queda claramente delimitado que cualquier tipo de asesoramiento legal nos corresponde a nosotros porque si no es intrusismo profesional.”

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