Por Jorge López Baqueriza de Abanlex Abogados

 

El Tribunal Supremo, mediante la Sentencia 321/2011 de 22 de junio de 2012, se pronuncia sobre el sistema de remuneración equitativa por copia privada en soportes digitales.

Las dos partes litigantes son, por un lado, la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (“EGEDA”) y por otro lado, Freephone Exarquia, S.L. (“Freephone”). Freephone es una empresa dedicada a la adquisición y comercialización de diversos componentes informáticos y electrónicos susceptibles de múltiples usos como DVD’s.

Ésta, tras ser condenada en primera instancia y, posteriormente, en apelación, recurrió presentando un recurso de casación ante el Tribunal Supremo con base en la infracción del artículo 25 de la Ley de Propiedad Intelectual donde, además, se solicitaba el planteamiento de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y otro de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.

Retrotrayéndonos al inicio del procedimiento en 2006, el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Málaga, estimó la demanda presentada por la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA) contra Freephone Axarquía S.L. y se condenó a ésta a abonar al actor 533.604,33 euros más intereses y las costas. Este juzgado entendió que “los formatos digitales de los DVD’s estaban incluidos entre los soportes aptos para copia privada y que el artículo 25 de la Ley de Propiedad Intelectual reconocía derecho a obtener remuneración compensatoria por la comercialización de aparatos o medios técnicos de reproducción con independencia de que sean utilizados para efectuar copias privadas de obras sujetas a derecho de autor”.

Freephone interpuso recurso de apelación y en 2007 la Audiencia Provincial de Málaga estimó parcialmente el recurso imponiendo la obligación de pagar 266.802,165 euros de Freephone a la parte actora. Esta sentencia revocó la sentencia de la primera únicamente en relación con la cuantía de la remuneración, la cual quedó reducida a la mitad.

Según se desprende de la sentencia que resuelve el recurso de casación, la pretensión de EGEDA se basó en la reclamación de la remuneración compensatoria por copia privada generada por la comercialización de DVDs regrabables, por entender que se trata de materiales aptos para la copia privada audiovisual.

Freephone sostuvo que los CD’s y los DVD’s no eran legalmente “materiales de reproducción visual o audiovisual” aptos para el ejercicio del derecho de remuneración compensatoria por copia privada, ya que podían albergar cualquier tipo de información, fueran o no obras protegidas y que la tarifación de la remuneración en función del tiempo de grabación y no del porcentaje en el precio de venta era inadecuada. Según esta postura, estos soportes no tendrían obligación legal de estar sujetos al pago de remuneración por copia privada.

Prosigue el Tribunal Supremo en su argumentación citando la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21 octubre de 2010, caso Padawan, C-467/08, apartado 30, donde se afirma que “a tenor del artículo 5, apartado 2, letra b), de la Directiva 2001/29, los Estados miembros que decidan establecer en su Derecho interno la excepción de copia para uso privado están obligados a regular el abono de una «compensación equitativa» a favor de los titulares de los derechos”, y en el 36 que “si bien los Estados miembros pueden, en virtud del artículo 5, apartado 2, letra b), de Directiva 2001/29, decidir con carácter facultativo acerca del establecimiento de una excepción de copia privada al derecho exclusivo de reproducción del autor, consagrado por el Derecho de la Unión, aquellos que utilicen dicha facultad deben regular el abono de una compensación equitativa a favor de los autores perjudicados por la aplicación de dicha excepción”.

En la misma sentencia del caso Padawan se argumenta que “el concepto de compensación equitativa, en el sentido del artículo 5, apartado 2, letra b), de la Directiva 2001/29, es un concepto autónomo de Derecho de la Unión, que debe interpretarse de manera uniforme en todos los Estados miembros que hayan establecido una excepción de copia privada, con independencia de la facultad reconocida a éstos para determinar, dentro de los límites impuestos por el Derecho de la Unión y, en particular, por la propia Directiva, la forma, las modalidades de financiación y de percepción y la cuantía de dicha compensación equitativa”.

Debido a esto, no resulta conforme la aplicación indiscriminada del canon por copia privada a todos aquellos soportes que no se hayan puesto a disposición de usuarios privados y que estén reservados a fines distintos de producir copias privadas. Las personas jurídicas, incluidas Administraciones Públicas, están exentas de su pago.

El Tribunal Supremo también se hace eco de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del caso Thuiskopie vs. Opus con el fin de indicar que los deudores de la compensación son los que ponen a disposición de usuarios privados los equipos, aparatos y soportes de reproducción digital en la medida en que dichas personas tienen la posibilidad de repercutir la carga real de tal financiación sobre los usuarios privados.

El alto Tribunal aclara que la cuestión litigiosa en primera instancia se centró en la sujeción o no de los soportes digitales a la compensación equitativa, dado que en 2004, fecha en la que se desarrollaron los hechos, el artículo 25 de la Ley de Propiedad Intelectual no hacía expresa referencia a los soportes digitales pero este mismo articulo se menciona que los soportes estarán sujetos a la compensación equitativa en función de su idoneidad o aptitud para permitir la reproducción para uso privado, entre los cuales están incluídos los DVD’s.

El pronunciamiento concluye que la sentencia de apelación respetó todos los principios enumerados en la antedicha sentencia del caso Padawan puesto que moderó las tarifas debidas a EGEDA utilizando como criterio para su determinación no solamente su capacidad para realizar copias, sino los parámetros indicados en el artículo 25 de la Ley de Propiedad Intelectual, como el perjuicio efectivamente causado, el grado de uso de los soportes, o la capacidad de almacenamiento, entre otros, así como la falta de constancia de que los soportes comercializados por Freephone puedan haber sido reservados a usos ajenos a la copia privada, y por lo tanto el argumento de la aplicación indiscriminada de la compensación deviene fútil para Freephone.

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