Ruiz-GallardónAlberto Ruiz-Gallardón no ha dejado a nadie indiferente desde su llegada a la cartera de Justicia. En Diario Jurídico le hemos preguntado sobre los grandes temas jurídicos que tiene sobre la mesa como la Ley de Demarcación y Planta, el nuevo Código Procesal Penal o los aforamientos, entre otros. El titular de Justicia es ambicioso y le gustaría ser recordado como el ministro que empezó a traer la Administración de Justicia de España al Siglo XXI.

¿Cómo avanza la regulación de la Ley de Servicios y Colegios Profesionales? 

El texto ha sido ya aprobado en primera vuelta por el Consejo de Ministros y actualmente el Ministerio de Economía, como impulsor del mismo, está analizando los informes que se han ido recibiendo.

¿Sigue en pie la propuesta de eliminar colegios profesionales para limitarlos al ámbito provincial? ¿Y la eliminación de la colegiación obligatoria?

Desde el Ministerio de Justicia hemos propuesto algunos ajustes en aspectos que afectan a los abogados y a los procuradores en el ejercicio de sus funciones y que aún están terminando de perfilarse. Podría introducirse alguna mejora en la redacción, pero no habrá un cambio sustancial respecto al anteproyecto de ley ya aprobado.

[pullquote]No habrá ningún cambio sustancial en la regulación de la Ley de Colegios Profesionales[/pullquote]

¿Cree que la Ley de Demarcación y Planta, que desarrolla la nueva organización judicial, podrá salir adelante esta legislatura?

El espíritu de reforma y adaptación de la estructura judicial al siglo XXI nos va a acompañar toda la legislatura. Ese es uno de los objetivos que me fijé nada más asumir la responsabilidad como ministro de Justicia. Todos los pasos avanzan en esa dirección. Sin embargo, la reforma del mapa judicial, algo que surgirá tras la aprobación de la futura Ley de Demarcación y Planta, necesita que antes vea la luz la Ley Orgánica del Poder Judicial porque una complementa a la otra y las dos comparten los mismos principios.

El nuevo Código Procesal Penal, que está previsto que incorpore la figura del fiscal instructor, conllevará un cambio de modelo importante en nuestro sistema judicial. Los autores del texto inicial hablaron de un plazo de tres años de vacatio legis para ponerlo en marcha. ¿Qué plazo le parece razonable? ¿Cuál va a ser el camino para preparar el sistema judicial para la llegada del nuevo modelo?

Es cierto que estamos trabajando en una profunda reforma del procedimiento penal. Sobre la mesa hay una serie de propuestas que se están valorando que darán cuerpo a la iniciativa del Gobierno.

De todas formas, estas propuestas serán sometidas a informes del CGPJ y del Consejo Fiscal, cuyas aportaciones y sugerencias serán escuchadas con especial interés por parte del Ministerio de Justicia.

En el anteproyecto de reforma de la LOPJ se da más poderes a la Audiencia Nacional, cuando algunos pensaban que estaba llamada a desaparecer tras el fin de ETA. ¿Por qué este mayor papel de la Audiencia Nacional?

[pullquote align=”right”] “La Audiencia Nacional está llamada a asumir cada vez más casos” [/pullquote]

La Audiencia Nacional sigue siendo importante y necesaria y está llamada a asumir cada vez más casos, ya que se ha especializado en grandes delitos y causas que por su magnitud o ámbito de ejecución superan a la demarcación autonómica. Hay que pensar que, además del terrorismo, existen muchos otros delitos de naturaleza compleja, muchos de ellos cometidos por el crimen organizado, que requieren que nos dotemos de los instrumentos y herramientas necesarias para dar una respuesta judicial con la suficiente eficacia.

Tras la inclusión del Rey como aforado, se ha puesto de relieve la desproporcionada cantidad de aforados que hay en España en relación a los países de su entorno. ¿Cree que estaría justificada en este momento la reducción del número de aforados?

Lo primero que quiero dejar claro es que la figura del aforamiento consiste en una simple garantía procesal. No supone ningún privilegio y mucho menos un espacio de impunidad. El aforado tiene la garantía de que su caso será estudiado por un órgano judicial superior y colegiado, lo cual hace más difícil una instrumentación con fines políticos de la Justicia. Pero además, al ser un tribunal superior quien ve el caso, lo cierto es que el aforado pierde posibilidades de recurrir la sentencia a un órgano superior.

[pullquote] “El margen del Gobierno para reducir el número de aforados es muy reducido” [/pullquote]

Me pregunta usted por la reducción del número de aforados y aquí le voy a responder que, con la ley en la mano, el margen del Gobierno es muy reducido. El Ejecutivo no puede actuar sobre los aforamientos autonómicos porque no son de su competencia y tampoco puede modificar en un Consejo de Ministros aquellos que vienen contemplados en la Constitución, donde se recoge esta condición para diputados, senadores y miembros del Gobierno. De hecho, aunque quisieran, los aforados no pueden renunciar a esa garantía porque no son sus titulares. El aforamiento es una garantía del propio sistema parlamentario y su titularidad es de la institución a la que pertenece quien tiene esa condición.

La inclusión de la o el consorte del Rey o la Reina y el Príncipe Heredero y su consorte se ha decidido por la responsabilidad y el papel institucional que ejercen y porque no es de recibo que un ministro sea aforado y el Príncipe heredero no. Hay una cuestión de equilibrio, pero también de garantía de las instituciones democráticas.

¿Qué conocimientos y habilidades se han pretendido potenciar con el nuevo examen de acceso a la abogacía, con respecto a la situación actual?

El examen, más que potenciar conocimientos y habilidades, tiene por objeto constatar que los aspirantes cuentan con los conocimientos y habilidades suficientes para poder ejercer como abogados, es decir, que están en condiciones de defender los derechos e intereses de los ciudadanos. La estructura de la prueba obedece a esos objetivos. Se trata de que dada la importancia que tienen los abogados en nuestro sistema judicial, a quienes la Constitución española les atribuye precisamente tal deber de defensa, tengan la preparación suficiente para desarrollar tal cometido con la capacidad y garantías de profesionalidad necesarias.

El desarrollo tecnológico del sistema judicial continúa siendo una de las asignaturas pendientes, y no ha mejorado todo lo que debería a pesar de la inversión de los últimos años. ¿Cuáles son los planes del Ministerio en este ámbito y qué presupuesto se destinará a su desarrollo?

El año pasado se creó el Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica, una apuesta por la interoperabilidad en la Administración de Justicia al margen de colores políticos y que está integrado por el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia, la Fiscalía General del Estado y todas las Comunidades Autónomas que han asumido esta competencia.

Pero la justicia electrónica no es una opción de futuro sino una realidad constatable. Le pondré algunos ejemplos: el Sistema LEXNET que en 2013 permitió el envío telemático de 43 millones de notificaciones; el sistema ECRIS de intercambio de datos penales entre países de la Unión Europea en el que España ha sido pionera al intercambiar información sobre antecedentes penales con Austria, o el Sistema Integrado de Justicia que sustituirá al sistema de gestión procesal actual. Además, ya hemos puesto en marcha una aplicación que permite a las víctimas del terrorismo estar al día de sus causas judiciales, un portal de la Administración de Justicia dirigido a los ciudadanos y un servicio de información a los afectados de posibles casos de bebés robados, entre otros.

[pullquote align=”right”] “La inversión más importante en justicia electrónica está ya realizada” [/pullquote]

Para todo ello contamos este año con un presupuesto de 39 millones de euros. Sabemos que es ajustado, en 2010 se gastaron más de 130 millones, y que llega en un momento en el que se han tenido que reducir todas las partidas de todos los departamentos para sanear la economía en un contexto de crisis que a punto estuvo de abocarnos al rescate, pero creemos que la inversión más importante está ya realizada.

¿Qué opinión le merece el estado de la mediación en España? 

Desde la aprobación de la ley en mayo de 2012, la mediación viene experimentando una importancia creciente. El número de profesionales que ya se ha formado en mediación, los colegios profesionales, las cámaras de comercio y las asociaciones que han constituido instituciones o centros de mediación, así como el acercamiento a la mediación por parte de sectores sociales y económicos ponen de manifiesto la potencialidad de esta figura. Aunque no sea con la rapidez que nos gustaría, el número de casos que se resuelve gracias a estos procedimientos va en aumento. De esta forma, crece la confianza en una forma de resolución alternativa de conflictos más ágil y económica, basada en la cooperación y el sentido común antes que en la confrontación.

¿Cree que la sociedad española está preparada para confiar la resolución de sus conflictos a la vía de la mediación?

[pullquote] “La preparación de la sociedad española para acudir a la mediación es indudable” [/pullquote]

Creemos que la preparación de la sociedad española para acudir a la mediación es indudable. Somos una sociedad moderna con una convivencia ejemplar que va a encontrar en la mediación una forma eficaz de resolver los conflictos. Deberíamos hacer valer esa actitud de fondo transitando hacia una cultura dialogante en la que sean las partes las que son capaces de alcanzar un punto de encuentro.

Si hoy fuera el último día de su mandato y mirara hacia atrás revisando su gestión como ministro de Justicia, ¿qué herencia le gustaría dejar?

Confío en que las reformas que hemos puesto en marcha, no sin dificultad, se conviertan en los pilares esenciales de la Administración de Justicia que va a requerir la España del siglo XXI, después de haber insistido demasiado tiempo en prolongar un modelo que ya no da más de sí. Existe un consenso general en que la Justicia requiere una transformación profunda. Si pudiera elegir, me gustaría ser percibido como el ministro que por fin puso en marcha ese proceso. Lo importante, en todo caso, es que este salga adelante, y que los ciudadanos tengan esa Administración de Justicia moderna que merecen.

1 Comentario

  1. España sabe ser diferente exigiendo compromisos de integración en ordenes jurídicos superiores que reclaman una igualdad más efectiva. De nuevo aparece ante los cinco sentidos de los ciudadanos “la cohetización” (creación por la via ràpida) de una norma en atención al sujeto o sujetos destinatarios de la misma. Respetando el ser o el haber sido de éstos, es lo cierto que nuestro país – modesto economicamente- ha pasado de dos a cuatro Reyes con las consecuencias estructurales y económicas pertinentes. Don Juan no lo tuvo también ni siquiera en el curso de la denominada democracia avanzada española.

    En materia de aforamiento, los hechos han abierto el debate sobre la necesidad de mantener en España tan amplio numero de aforados o privilegiados ante el Poder Judicial ( se habla de más de 10.000 personas). En esta materia juegan muchas leyes, por ejemplo la moderna reguladora de tasas judiciales porque mientras los ciudadanos de a pie siguen un camino de acción y recurso (con múltiples tasas frenadoras) otros van al punto final e indivisible donde, mientras no se mejore la independencia y la capacidad del llamado a resolver, el amiguismo real o el político tienen un peso de Alta envergadura.

    Parece ser que ahora que se solucionan las cosas para unos, por procedimientos discutibles que no abrirán actuaciones en sede judicial – como mínimo de oficio-, parece haber un espacio para el debate político.

    En mis años de observación y vivencia de la contemporánea realidad política española constato como muchos de nuestros parlamentarios han aprovechado su presencia en las sedes de representación de la soberania a dormir o echar una cabezadita (el voto ya esta previamente decidido); paralelamente, la prensa (únicos representantes del pueblo, de su pluralidad) informan de casos de corrupción aquí y allí (es decir en todos los rincones de poder). Consiguientemente, entiendo que ha llegado el momento de exigir para éstos menos aforamiento y más responsabilidad siguiendo el orden procesal normal y añadiendo más garantías como la inmediata obertura de expediente por los òrganos anticorrupción (Fiscalia, Administrativos o Legislativos) para facilitar la actuación de aquellos en tiempo record y “en caliente” y con sanciones ejemplares (modifiquemos el Código Penal al efecto, elevando la responsabilidad por corrupción a la de atentado contra el Estado y sus bienes), sancionado el ejercicio futuro de cargos políticos y requiriendo la devolución de lo apropiado, hurtado o robado indebidamente, sin prescripción. Es momento de reconducir el aforamiento hacia su eliminación y, en sentido diametralmente diferente, a abrir el camino para la acción colectiva civil, penal o administrativa frente a la corrupción política. NADA MÁS TRISTE QUE VER A UN ACTOR HISTÓRICO SIN TRABAJO NADA MÁS GRATIFICANTE QUE VER A UN POLÍTICO CORRUPTO QUE APRENDA A VIVIR CON EL SALARIO MINIMO INTERPROFESIONAL (Y SIN PENSIÓN DE JUBILACIÓN que, por cierto, debería ser otro tema de debate político y jurídico en el marco de una igualdad real y efectiva).

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