Formada por ocho juristas de reconocido prestigio, la comisión deberá entregar en seis meses un informe con las bases de la norma, pieza también clave en el Plan de Modernización aprobado la semana pasada por el Consejo de Ministros.

El documento, una vez efectuados los estudios y análisis procedentes, deberá incluir conclusiones y recomendaciones y será trasladado al ministro de Justicia para su elevación al Consejo de Ministros.

Una vez presentado dicho informe, la comisión quedará disuelta. Los miembros de la misma son: Silvia Barona Vilar, José Luis Bueren Roncero, Landelino Lavilla Alsina, Fernando Ledesma Barret, Augusto Méndez de Lugo y López de Ayala, Victoria Ortega Benito, Herminia Palencia Guerra y Juan Antonio Xiol Ríos.

La futura nueva ley, tal y como ha destacado el ministro en su intervención ante los vocales de la comisión, sustituirá a la actualmente en vigor, que data de 1988 y ha sido modificada legislativamente en 14 ocasiones y desarrollada por 62 reales decretos.

La necesidad de una nueva norma que actualice la distribución de las unidades judiciales responde, entre otros aspectos, al incremento de la población española, que ha pasado de 39 millones de habitantes, a más de 46, así como a la distribución geográfica de éstos, y a la actual configuración del sistema judicial.

El desfase que ha sufrido la ley ahora en vigor lo demuestra el hecho de que contemplaba una planta de 2.500 unidades judiciales para una población de 39 millones de habitantes, mientras que en la actualidad, sin embargo, existe casi el doble de unidades judiciales (4.981) para 46 millones de españoles.

La norma deberá dar respuesta al elevado dinamismo demográfico de los últimos años, y a las previsiones de que España supere los 49 millones de habitantes en 2018. Además, tendrá que corregir el desequilibrio territorial de población experimentado en favor de las zonas de la costa
mediterránea y la consiguiente pérdida de población en el centro peninsular.

Del mismo modo, deberá atender a las previsiones de crecimiento desigual entre las comunidades autónomas. Así, se prevé que en la próxima década las de crecimiento más intenso serán las de
Castilla-La Mancha (17,5%), Murcia (16,6%), Baleares (15,9%) y Valencia (14,4%), entre otras. Por el contrario se estima que la población decrecerá en Asturias (1,7%), País Vasco (1,3%), o Galicia (1,2%).

Estos movimientos demográficos han determinado un incremento de los pleitos que nada tienen que ver con los de décadas pasadas. Mientras en 1995 los juzgados tuvieron que resolver 5.450.824 asuntos en 2008 éstos han ascendido a 9.048.785, un 66,01% más. La desigualdad en el reparto de litigiosidad también es patente en comunidades como Madrid o Valencia, que soportan una carga de 1.558 y 1.430 asuntos por unidad judicial, respectivamente, mientras que Extremadura tienen 895 o Asturias 898.

De igual modo, la nueva ley debe adaptarse a los nuevos tipos de juzgados que no estaban contemplados en la ley de 1988, como los de contencioso-administrativo, los de lo mercantil, los de menores y los de violencia sobre la mujer.

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