El 28 de diciembre de 2007 fue aprobada la Ley de Medidas de Impuso de la Sociedad de la Información, conmunmente conocida como “LISI”, la cual se enmarca dentro del conjunto de iniciativas normativas adoptadas en el seno del Plan Avanza para extender la implantación y desarrollo de la Sociedad de la Información en la sociedad española.

Entre otras, esta ley contemplaba la obligación, para determinadas empresas, de disponer de un canal a través del cual los ciudadanos, empleando medios de identificación electrónica, pudieran llevar a cabo una interlocución telemática con dichas empresas, así como el desarrollo de determinados trámites contractuales.

En definitiva, con dicha medida se pretendía que las empresas que operan en los principales sectores de actividad que afectan directamente a los consumidores (comunicaciones electrónicas; servicios financieros destinados a consumidores; suministro de agua, gas o electricidad a consumidores; agencias de viajes; transporte de viajeros por carretera, ferrocarril, vía marítima o vía aérea; y actividades de comercio al por menor), ofrecieran, a aquéllos, un medio ágil y cómodo a través del cual poder realizar trámites habituales en la relación contractual con dichas empresas (iniciar la contratación; modificar o consultar datos; presentar quejas o reclamaciones; o ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición – A.R.C.O. – en materia de protección de datos).

En cuanto al plazo para su efectividad, la LISI otorgaba un plazo de un año para desarrollar y/o adecuar sus páginas web, de manera que la posibilidad de hacer uso de los referidos canales de interlocución telemática fuera una realidad exigible no más allá del 30 de diciembre de 2008.

Sin embargo, son minoritarias las empresas que, a día de hoy, han identificado la referida obligación como una oportunidad de abrir un nuevo canal de contratación y comunicación con los ciudadanos, y posibilitar que éstos puedan, desde su casa, desde el hall de cualquier aeropuerto del mundo o, porqué no, sentados en un chiringuito de playa, llevar a cabo operaciones y gestiones que hasta hace muy pocos años no era posible realizar sino presencialmente y en persona, lo que ha dado lugar a que una de las medidas para lograr el pretendido impulso a la Sociedad de la Información se haya quedado en eso, en una pretensión sin lograr la efectividad buscada.

Lo anterior no es sino resultado de combinar factores como la ausencia de un régimen que permita sancionar económicamente a las empresas incumplidoras (excepto en lo que referente a posibilitar el ejercicio de los derechos A.R.C.O, lo cual sí es sancionable a la luz de la Ley Orgánica de Protección de Datos) o el excesivo carácter generalista con el que fue redactada la LISI, demandando un desarrollo reglamentario que permita completar y dar solución a cuestiones específicas a las que se deben enfrentar empresas y sectores de actividad muy diversos.

Y no debemos olvidar tampoco el importante papel que debe jugar el propio consumidor, quien de forma activa deberá demandar y exigir, a las empresas, que le ofrezcan la posibilidad de comunicarse y tramitar gestiones de forma telemática. Y para lograr dicha conciencia activa en los consumidores, que duda cabe de la importancia de realizar esfuerzos para extender, generalizar, concienciar y formarnos en el uso de los mecanismos y herramientas que, como el eDNI, nos permiten identificarnos electrónicamente.

En conclusión, nos encontramos en un escenario en el que, transcurrido un año desde la aprobación y entrada en vigor de la LISI, aún nos quedará un tiempo que recorrer hasta que llegue el día en el que, acceder a las empresas a través de un “click”, sea una realidad más de nuestro día a día.

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