Por  Dr. Manuel Cobo del Rosal. Catedrático de Derecho penal. Dr. H.C.Mult. Abogado.

   El penúltimo epígrafe del informe previo a la reforma que comentamos, se denomina “Delitos económicos”. Debemos decir, de forma inmediata, que era de esperar algo más sustancioso y novedoso, sobre todo por una razón muy principal: el clima de corrupción económica que existe en España, en la que administradores de fondos públicos de la más alta categoría, se dedican a despilfarrar en su propio beneficio el dinero público en viajes transoceánicos o en “festoletas” marbellíes, cuando no caribeñas, exigía una respuesta del Código penal que no fuese de la enorme timidez que se anuncia y que actúa como si aquí no esté pasando nada y todo siga igual.

    Lo anterior no puede seguir así. Raro es el día en que autoridades políticas, ya sean de la administración local o autonómica, no salen en televisión en su comparecencia como imputados ante el juzgado de instrucción de turno que les ingresa en prisión o les coloca una fianza económica para eludirla, o adopta medidas sin retirar cargo alguno. Esto demuestra, evidentemente, que la corrupción está mucho más extendida de lo que parece, y parece mucho.

El legislador penal no puede ser insensible a que en una situación de hecatombe económica, como la que está viviendo la ciudadanía española, se consientan o se tomen a broma las gravísimas irregularidades, por llamarlo así, que se nos comunican a diario por todos los medios de comunicación. Sin inmutarse, la mayoría de las veces el Ministerio fiscal, que parece está anestesiado por el poder político, se pretende que se diga que “aquí no pasa nada”.

Y aquí pasa y pasa mucho. Pero, claro está, con el pésimo ejemplo con el que se predica desde los poderes públicos y sus representantes, incluso máximos, la “bola de nieve” irá en aumento hasta que vivamos como si estuviésemos en un país de los denominados “bananeros”, donde todo es posible, previo pago de un puñado de euros.

De momento, en España es muy peligroso que los fondos a los que tienen acceso no tengan un control en el gasto y una vigilancia, como debiera ser, en grado sumo. Y todos por igual. La Constitución española no discrimina ni selecciona que a unos sí y a otros no, sino a todos los que tengan disposición de fondos de la ciudadanía, sin que quepan extraños y retorcidos argumentos paralegales para eliminar de la imputación criminal a ninguno, esté donde esté y tenga el rango jurídico-administrativo que tenga.

Sin embargo, el informe previo de la reforma, como si no estuviera en este mundo, afirma, así por las buenas, que “el Código penal busca una eficaz persecución de los delitos de bancarrota y una adecuada protección de los procedimientos judiciales y administrativos de ejecución. Para ello, se procede a la tipificación de las conductas de obstaculización de la ejecución y ocultación de bienes. De esta forma se agilizará, aumentará y dotará de mayor efectividad a la ejecución, lo que reforzará la protección de los acreedores”. Y sigue tan amplio, como si ahí estuviera el problema.

El problema está en la malversadora actuación de los delitos patrimoniales, sobre todo, muy especialmente, en la administración pública. No obstante, para decir verdad, afirma que “la administración desleal de fondos públicos será castigada como delito de malversación, en línea con la Ley de transparencia”. Pero, esto no es novedoso. Cualquier distracción de fondos públicos con destino a egoístas intereses, en el propio beneficio y en perjuicio de la función pública, es ya también delito de malversación de caudales públicos, o debiera serlo y en todo caso, con la atenuación de que se produzca la devolución de lo utilizado, apropiado o distraído ilegalmente.

Pero, lo anterior, con parecernos correcto, es sin duda, insuficiente. Las causas por presuntos delitos de malversación, o no se inician nunca como tales procedimientos criminales o tardan siglos y siglos en resolverse, sin que sea menester, por nuestra parte, citar los casos y casos que duermen en las estanterías de los juzgados el sueño de los justos.

Se anuncia, también, que se van a incluir varias directivas europeas relativas a la lucha contra el racismo y la xenofobia, y que se van a incluir matices con respecto al genocidio y la incitación al odio contra las minorías, el abuso y la explotación sexual de los menores, la pornografía infantil y la lucha contra la trata de seres humanos. Nada de esto último tiene que ver con la delincuencia económica, sobre todo en el área de la administración de los fondos públicos, que azota, con auténtico despilfarro, a la claudicante economía española, y no digamos el reverencial silencio que se adopta sobre el tema financiero y bancario, que ha puesto a España contra las cuerdas.

Como se ve, los temas gravísimos planteados económicamente, parece ser que seguirán como están. Y se ha utilizado el epígrafe “Delitos económicos” para hace referencia a una serie de supuestos que nada tienen que ver con los mismos.

El último epígrafe que se anuncia lleva el título de “Esterilización”, en el que, según se dice, se va a reconducir a la vía civil el tratamiento de la esterilización de las personas discapacitadas. No es un delito que prolifere y abrume a los juzgados de instrucción y a la justicia penal; parece ser que se trata de atender las recomendaciones del Comité de seguimiento de la Convención internacional de derechos de las personas con discapacidad, aprobada por Naciones Unidas en 2006 y ratificada por España en 2008. Lo que no fue tenido en cuenta, pudiendo haberlo hecho por la anterior reforma penal que se hizo en el año 2010.

En síntesis, y termino. Algún que otro claro tiene la reforma, y con toda objetividad lo hemos expuesto, como también hemos manifestado los lunares que inicialmente presenta. Y un pensamiento asalta al lector del título de los delitos económicos: el Derecho penal ni puede ni debe ser utilizado como un instrumento de presión que sea manifestación, aunque solapada, de la arcaica prisión por deudas. Las deudas son un tema de Derecho privado y deben tener en él su sede, de la que no deben salir en momento alguno.

Esperamos que el texto articulado mejore, en algunos puntos, el informe que se ha difundido en la actualidad y sea más acorde con la gravísima crisis económica que padece la ciudadanía española, por su credulidad manejada por los sectores financieros de nuestro país. Madrid, octubre 2012

 

 

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