Gonzalo Muzquiz, secretario técnico de Unión Profesional.

Para entender el presente de una reforma y, aún más importante, intentar prever su futuro necesitamos del pasado. En la perspectiva está la clave. En el caso de la Ley de Servicios Profesionales deberíamos remontarnos a los diferentes y sucesivos tratados de las Comunidades Europeas y de la UE, los mismos que, a día de hoy, siguen concretando el desarrollo del Mercado Interior mediante la Directiva de Servicios, normativa europea que, además del Tratado de Lisboa, tiene como antecedentes las Comunicaciones que la Comisión Europea publicó en febrero y septiembre de 2005. En ellas ya se apuntaban las líneas de actuación, e incluso se enumeraban algunos puntos hoy ya revisados y otros en fase de reforma.

España traspuso la Directiva de Servicios en el Mercado Interior al ordenamiento jurídico español mediante la llamada Ley Paraguas; ésta dio lugar, a finales de diciembre del 2009, a la Ley Ómnibus, de la que se puede decir que va más allá de las exigencias europeas y entra a realizar una nueva y mejor regulación que afecta a varios sectores, entre ellos el ejercicio de las profesiones y los Colegios profesionales y sus Consejos a través de las reformas realizadas en la Ley de Colegios Profesionales de 1974.

En esta batería de cambios confluye, además, la aplicación de la normativa de la Competencia, en consonancia con la crisis económica, ya identificada como sistémica u otros adjetivos que la sitúan en un campo muy especial, que ha llevado a los impulsores, Sr. Almunia, Comisario Europeo de la Competencia, y el Sr. Berenguer, Presidente de la Comisión Nacional de la Competencia, a desarrollar la aplicación estricta de la competencia, con el mayor rigor y “sin soltar el pie del acelerador”, porque afirman que así se obtendrán beneficios para el mercado mediante la necesaria liberalización.

Todo ello se enmarca, a su vez, en la Estrategia Europa 2020: Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador que viene a materializarse, en el ámbito español, por una serie de normas encabezadas por la Ley de Economía Sostenible, actualmente tramitándose en el Senado.

¿Están los Estados miembros de la Unión aplicando adecuadamente la Directiva de Servicios?

El pasado 27 de enero, la Comisión Europea hizo pública una Comunicación evaluadora de lo que todavía queda por hacer, instando a los Estados miembros a aplicar adecuadamente la Directiva de Servicios. Plantea, entre otras cosas, el amplio uso que los Estados hacen de la reserva de determinadas actividades de servicios para ciertos operadores, llegando a reconocer que en algunos casos puede haber razones estratégicas válidas que justifiquen esa reserva, señalando como ejemplo las que se deben a la complejidad de las actividades que han de ejecutarse o a sus implicaciones para la seguridad o protección del consumidor. También hace referencia a las profesiones reguladas y a la eliminación de ciertos requisitos discriminatorios, injustificados o desproporcionados.

La Comunicación describe el proceso de evaluación recíproca mediante un diálogo estructurado entre los Estados miembros. Se refiere a las obligaciones de registro como requisito que los Estados han de evaluar. También señala que la Comisión ha llevado a cabo una minuciosa evaluación de las normas nacionales, incluyendo las establecidas por organismos profesionales con facultades reguladoras. Concluye que aún hay obstáculos y describe campos como el de la forma jurídica del prestador, la propiedad del capital y el aseguramiento. También se refiere a que hay que intensificar el diálogo entre las Administraciones y los proveedores de servicios, y apunta a la previsión de tomar medidas adicionales para el control de la eficacia de mercado único de servicios, lo que entraña la libre circulación de servicios.

Sin embargo, se echa en falta en todas estas actuaciones un específico tratamiento de las profesiones reguladas en cuanto a que los requisitos para su ejercicio tengan que ser adecuadamente evaluados para establecer su proporcionalidad, atendiendo a las materias sensibles para los ciudadanos y la sociedad, que son contenido de dicho ejercicio profesional. Es decir, esa justificación de proporcionalidad que apunta para las atribuciones, sería extrapolable a los requisitos de acceso a una profesión cuando su ejercicio deba realizarse con independencia en un campo complejo de implicaciones, de responsabilidades, competencia y conocimiento, entre otros.

Visado y Ley de Servicios Profesionales

En España el subsector de las profesiones liberales y sus Colegios Profesionales se regula con carácter básico por la Ley de Colegios Profesionales, que se adaptará nuevamente a los requerimientos planteados, si bien, la Ley Ómnibus dejó dos cuestiones pendientes, relacionada con las reformas, y que fueron previstas mediante dos Disposiciones Adicionales (3ª y 4ª):

-Los visados que serán exigibles para los trabajos técnicos.

-Las obligaciones de colegiación, en casos y supuestos en los que resulte instrumento eficiente de control para las actividades profesionales en que puedan verse afectadas de manera grave y directa materias de especial interés público -protección de la salud y de la integridad física o seguridad personal o jurídica de las personas físicas.

La exigencia de visado colegial ha resultado regulada mediante el Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, que recoge como obligatorios 9 visados de los 82 que existían dejando los correspondientes a trabajos de edificación y utilización de explosivos. Desconocemos cómo se ha llevado a cabo el test de proporcionalidad del profesional para dicha desregulación.

En cuanto a las obligaciones de colegiación se está a la espera de que, en febrero, el Gobierno inicie los trámites de esta Ley de Servicios Profesionales que preverá la determinación de las profesiones que han de colegiarse para ejercer y qué actividades requieren colegiación; y, según también se ha informado, se revisarán las reservas de actividad profesional.

Cumplido ya el plazo de doce meses desde la entrada en vigor de la Ley Ómnibus para la remisión por el Gobierno a las Cortes Generales del proyecto de Ley de Servicios Profesionales, e intentando hacer una aproximación al escenario previsible, se podría indicar que el requisito de colegiación va a mantenerse para algunas profesiones. Las que no mantengan el requisito podrán permanecer como colegiadas, pero sin ser obligatoria la colegiación, no tendrán la potestad disciplinaria para todos los profesionales en los casos de malas prácticas que conculquen normas colegiales como la deontología profesional y las faltas profesionales.

La cuestión es si la función deontológica y disciplinaria atribuida por la Ley a los Colegios Profesionales resulta necesaria para proteger el interés general y si esa colegiación resulta proporcionada de acuerdo con el criterio legal, que enumera una serie de campos de afección pero con carácter enunciativo. La interpretación del legislador a su propio mandato legal nos descubrirá donde se sitúa la exigencia de requisito de colegiación.

Desde Unión Profesional se entiende que, como fue recogido en el Senado, este requisito debía contemplar también como interés general, no sólo lo recogido en el texto de la Ley Ómnibus, sino también la preservación de la garantía de la prestación de los servicios de interés general o servicios públicos, la protección del medio ambiente o la conservación y administración del patrimonio de las personas.

Si aplicamos esta sumatoria de criterios a las profesiones que hoy están dotadas de Colegios Profesionales, la gran mayoría están en el campo descrito y responden a un esquema esencial que no se debiera ignorar, y que se puede concretar en cuatro factores:

-La actuación de las profesiones y sus Colegios Profesionales en interés general;

-Para ello la necesaria independencia de criterio profesional;

-La responsabilidad del actuante;

-Y el control independiente e imparcial de una organización que garantice a la sociedad la buena práctica (obligación de emplear todos los conocimientos y medios disponibles para llevar a cabo el acto profesional) y un régimen disciplinario con marcado sentido preventivo mediante la deontología profesional.

La sociedad quiere, y además necesita, un sistema de garantías de seguridad; eliminar barreras al ejercicio profesional no debe ir más allá de las necesarias, y ello no tiene que afectar a Mercado Interior de servicios de las profesiones así conceptuadas, más bien contribuiría con otros resortes, como ventanilla única, servicio a los consumidores y usuarios, así como transparencia, a un intercambio más garantista, ya que, en este subsector de servicios, la simplificación de requisitos desproporcionada trae complicaciones derivadas más costosas y que pueden ser un freno a la movilidad profesional, no solo en la UE, sino desde ésta hacia terceros países.

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