Por Dr. Manuel Cobo del Rosal. Catedrático de Derecho penal. Dr. H.C.Mult. Abogado

  La libertad condicional va a ser regulada como una especie de causa de suspensión de la pena, en el sentido de que si el penado, una vez disfrutando de la libertad condicional vuelve a delinquir, podrá ser devuelto a la prisión para que siga cumpliendo condena desde el momento en que ésta quedó en suspenso.

  Para los delincuentes primarios, se amplía la posibilidad de acceder a la libertad condicional si la condena no excede de los tres años de privación de libertad. Y, si tuvieran una conducta irreprochable, podrán acceder a la libertad condicional a la mitad de la condena, frente a los dos tercios actuales.

Se podrá solicitar, como sucede ahora, la suspensión de la ejecución de una condena por las mismas causas actuales y todas se encuadrarán en un único régimen de suspensión de la pena, lo que pretende evitar la reiteración de trámites y recursos. Se puede revocar la libertad condicional si se tiene en cuenta que el reo haya ocultado bienes o no haya aportado información sobre los que dispone para no hacer frente a su pago. Técnicamente, no me convence mezclar la cuestión de la responsabilidad civil, de orden económico, con la coacción muy grave que supone de revocar la libertad condicional.

Que deben mantenerse separadas, pues una cosa es la libertad condicional y la prisión, y otra la indemnización económica o las consecuencias de orden económico. Se trata de magnitudes diferentes y creo que debieran mantenerse separadas la cuestión de la libertad con la satisfacción de la responsabilidad civil.

Hace ya tiempo, el Derecho penal ilustrado diferenció los temas económicos y crediticios con la consecuencia penal más importante, cual es la privación de la libertad, y apareció, triunfante, que el Derecho penal y la prisión no tenían nada que ver con las deudas. La prisión por deudas iba a ser algo que iba a desaparecer y sólo sería mantenida en los regímenes absolutistas. Y sigo entendiendo que no deben mezclarse, pues aquél que tenga dinero o un patrimonio, aunque sea oculto, siempre podrá tener más facilidades para la concesión del acortamiento, por así decir, de la pena privativa de libertad

Merece toda clase de satisfacciones la sustitución de la pena de prisión por la expulsión del extranjero, cuando la condena sea superior a tres años, a su país de origen para que la cumpla allí. Y debiera generalizarse más aún, en todo caso. Teniendo en cuenta que la expulsión para su cumplimiento en el país de origen debe conllevar la prohibición de retorno a España, lo que deberá ser objeto de regulación en las disposiciones correspondientes.

Podría haber aprovechado la ocasión la reforma para elevar la pena del homicidio doloso, al convertirlo, en delito de asesinato. Y las modalidades agravadas del homicidio del padre o de la madre, siempre que no se compruebe la existencia de una motivación meramente pasional. La pena, desde luego, debería ser, también, más alta que la que resulta ahora de su consideración como un simple y común homicidio, lo que se copió de la doctrina alemana, encabezada por Franz Von Liszt, y en España, donde se recepcionó prácticamente en pleno el Derecho romano.

Por mucho germanismo que se deduzca argumentalmente, asesinar al padre o a la madre no es como matar a un desconocido. Que el valor “vida humana” es digno de igualitaria protección, sin duda. Pero la pena no sólo gira en torno a la calidad o característica del bien jurídico, sino que entran en su valoración otros ingredientes, entre los que destaca, muy seriamente, los vínculos de sangre, que obligadamente deben ser respetados. Lo mismo debiera decirse del asesinato de los hijos y de los abuelos, ya sean maternos o paternos, mucho más en aquellos casos en que se produzca una convivencia común y los abuelos estén, como suelen estar, físicamente mucho más débiles. Por lo que la alevosía como agravante estaría aleteando en la elevación de la pena.

Desde otra perspectiva, es correcta la referencia al sujeto plural en el delito de desórdenes públicos y en la realización de actos de violencia sobre cosas o personas. Y absolutamente necesario es el endurecimiento de la pena en aquellos casos en que exhiban armas, incluso simuladas o se realicen actos de violencia contra la vida o la integridad de las personas. No se castigará, y lleva razón el informe sobre la reforma, cuando existan solamente convocatorias a movilizaciones, sino que se agravará cuando se produzca la incitación a cometer actos de violencia constitutivos de desórdenes graves en esas convocatorias.

Creemos que es una ausencia que debe ser remediada, la referencia al lugar en que se produzca, por supuesto en todos los edificios públicos expresamente incluídos los destinados a la docencia y a la investigación, así como los establecimientos de orden sanitario y los destinados al culto religioso, no sólo católico, sino de cualquier religión reconocida como tal por el Estado español.

Especial mención merece el complejo y, a veces, misterioso tema de los incendios forestales. En estos delitos, de enorme gravedad, debe elevarse la pena cuando sean dolosos y haya existido peligro para personas, viviendas o instalaciones de la índole que fueran, de 5 años a 10 años.

El gravísimo atentado medioambiental que supone la destrucción del patrimonio que debieran heredar las generaciones sucesivas, además del daño material, hacen que se conceptúe como un delito grave y se vea agravado por circunstancias, como son el lucro económico o de orden subjetivo, como son la venganza o cualquier abyecta motivación.Por eso, entiendo correcta, por demás, la ampliación de los supuestos agravados del vigente artículo 353 del Código penal.

Pero, no sólo debe perseguirse una finalidad de prevención general con la mayor entidad de la pena, sino también, en los casos en que se compruebe el tratamiento médico-psiquiátrico de la piromanía y del pirómano, una labor de prevención especial por parte de los especialistas médico-forenses.

Asimismo, deben fomentarse con medios materiales y personales las políticas de prevención y de actuación inmediata de lucha contra los incendios forestales, ya sean dolosos o imprudentes (CONTINUARÁ).

 

 

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