Una encuesta de FRS Inmark indica que 143.971 contribuyentes tienen abierta una cuenta vivienda, informa Eduardo G. Ercoreca, según reportó el diario Cinco Días.

De éstos, un 35,4% (50.800 declarantes) presentan bases imponibles superiores a 24.100 euros -según se desprende de los últimos datos de demografía fiscal publicados por Hacienda- y, por tanto, tienen tres meses para comprar un piso si no quieren perder la deducción por vivienda en el IRPF a partir del próximo año.

Los Presupuestos para 2011 contemplan eliminar las reducción fiscal por la compra de casa para rentas superiores a 24.107 euros.

Ello perjudica especialmente a aquellos que abrieron una cuenta vivienda a partir de 2008 bajo la previsión de adquirir una casa cuatro años más tarde.

Este producto bancario permite realizar aportaciones a una cuenta diseñada exclusivamente para comprar una casa en el futuro y aplicar la deducción por vivienda. Sin embargo, el tiempo entre la apertura de una cuenta vivienda y la compra no puede sobrepasar los cuatro años, en caso contrario, se deberá devolver las deducciones.

Un contribuyente con una cuenta vivienda que expira después de 2010 y con una renta superior a 24.100 euros se encuentra ante una complicada disyuntiva.

Si compra su casa antes de acabar el año tendrá derecho a la deducción hasta que finalice de pagar su vivienda y, por tanto, no se verá penalizado por la eliminación del beneficio fiscal.

En el caso de que la adquiera a partir de enero de 2011, ya no tendrá derecho a ninguna deducción. El coste fiscal entre una u otra opción puede llegar a 33.900 euros para una hipoteca a 25 años.

Ante el nuevo panorama fiscal, decide no adquirir ninguna casa, deberá devolver las deducciones que se haya aplicado.

Por ejemplo, si un particular abrió una cuenta vivienda en 2008 y opta por no ejecutarla se verá obligado a reembolsar a Hacienda las reducciones fiscales de los ejercicios 2008, 2009 y 2010 que podrían alcanzar los 4.068 euros.

En este sentido, no resulta descabellado que los contribuyentes afectados acudan a un juez alegando inseguridad jurídica, en la medida que abrieron una cuenta vivienda bajo un escenario fiscal que el Gobierno ha variado.

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