Ministerio Fiscal El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha reclamado que la Policía Judicial dependa “orgánicamente” de la Fiscalía – en caso de que la futura ley encomiende la investigación penal al Ministerio Público – y que que se remiten a los juzgados solo aquellos atestados en los que haya indicios sobre una persona determinada. Además, propone reducir el “excesivo” catálogo de delitos del tribunal de jurado y llevar al ámbito administrativo el tratamiento penal de las faltas. También aboga por introducir un máster como requisito para acceder a la oposición a la Carrera Judicial y Fiscal.

Lo ha hecho en la presentación del Libro Blanco del Ministerio Fiscal, donde también han intervenido el Ministerio de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón y el Presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes. La obra realiza una fotografía institucional del Ministerio Público con el objetivo de hacer una valoración de la realidad actual de la Institución que permita elaborar un balance de situación.

Los fiscales consideran que, en caso de que la futura ley encomiende la investigación penal al Ministerio Público, se deberán crear en cada Fiscalía unidades especializadas, en las que la Policía Judicial actúe bajo la dependencia funcional y orgánica de la Fiscalía.

Además, en la actualidad, de forma indiscriminada, todos los atestados policiales (en torno a cinco millones) ingresan en la organización judicial, aumentando “de forma ineficaz” el volumen de asuntos que en muchos casos van a ser archivados. Los Fiscales proponen que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad remitan al órgano investigador competente sólo aquellos atestados en los que haya indicios sobre persona determinada.

Por otra parte, los Fiscales proponen llevar al ámbito administrativo el tratamiento penal de las faltas, ya que deben asistir a más de 325.000 juicios de faltas, la mitad de los cuales terminan con sentencias absolutorias. Un “ingente esfuerzo” que no se corresponde con la escasa entidad de esas infracciones, según declaran.

Asimismo, los Fiscales consideran que se debe reducir el catálogo de delitos cuyo enjuiciamiento corresponde al Tribunal del Jurado.

Como fórmula para reducir la enorme litigiosidad actual en el orden penal, el Libro Blanco propone fomentar la mediación y las conformidades. A tal fin, ya se ha suscrito un Protocolo de colaboración entre la Fiscalía y el Consejo General de la Abogacía.

Respecto de la necesaria autonomía del Ministerio Público, el Libro Blanco considera que se debe fortalecer a la Fiscalía General como órgano directivo del Ministerio Fiscal, dotando a sus tres unidades (Secretaría Técnica, Inspección Fiscal y Unidad de Apoyo) de mayores niveles de autonomía en la gestión.

Además, consideran “indispensable” la individualización presupuestaria de las partidas destinadas a financiar las necesidades del Ministerio Fiscal.

Al final del Libro Blanco figuran anexos estadísticos que recogen la distribución de medios tecnológicos y datos sobre la plantilla del Ministerio Público.

Según ha explicado Torres-Dulce, se han incorporado al texto las aportaciones realizadas por las distintas Fiscalías durante el año 2013. En cada uno de los temas abordados se realiza un diagnóstico de situación y se formulan propuestas concretas de mejora. El anterior Libro Blanco data de 1995.

El Libro se divide en tres grandes capítulos:

– En primer lugar, la intervención del Fiscal en el proceso penal, que ocupa el 75% del trabajo total de los fiscales.

– Otro campo que se analiza en profundidad es la necesaria autonomía del Ministerio Público como garantía de la imparcialidad que debe gobernar sus decisiones.

– Y en tercer lugar, se estudian diferentes aspectos organizativos y de gestión de la plantilla fiscal, tanto en el ámbito de los recursos humanos como de la tecnología al servicio de la fiscalía, todo ello a la luz de la descentralización organizativa y atendiendo a la progresiva especialización de los Fiscales en sus diferentes campos de actuación.

Décalogo de conclusiones

1.- Revisión en profundidad de las funciones asignadas.

La preponderante intervención del Fiscal en la jurisdicción penal ha centrado una gran parte del debate sobre las funciones del Ministerio Fiscal con propuestas concretas sobre despenalización de las faltas, activación de mecanismos de mediación y conformidad, revisión de los delitos competencia del Tribunal del Jurado y del Procedimiento de Juicios Rápidos, o la ampliación de facultades en las Diligencias de Investigación, entre otras muchas.

Todo ello no puede hacer olvidar que en aquellas otras jurisdicciones en las que están en juego intereses públicos o sociales relevantes debe procurarse que el fiscal actúe con plenitud de medios y que las leyes procesales le otorguen una intervención en consonancia con la alta misión de defensa de esos intereses. Su actuación debe estar reservada al estricto ámbito de la Administración de Justicia.

2.- La autonomía como presupuesto de la imparcialidad.

Todas las funciones deben estar presididas por la imparcialidad tal como proclama el artículo 124 de la Constitución y la imparcialidad solo es percibida desde la autonomía funcional y orgánica.

Los sustanciales cambios en el Ministerio Fiscal han profundizado en el terreno de la autonomía, configurándolo como órgano de relevancia constitucional y otorgándole personalidad jurídica propia, superando un modelo caracterizado por la dependencia. Es necesario reforzar el papel de la Fiscalía General del Estado como órgano de dirección del Ministerio Fiscal para avanzar en el campo de la autonomía de funcionamiento de la institución.

3.- La unidad como eje central del funcionamiento del Ministerio Fiscal.

Si el Estatuto Orgánico establece un conjunto de medidas para asegurar la unidad de actuación, la cada vez más compleja organización territorial y funcional del Ministerio Fiscal exige reforzar los instrumentos internos de dirección y coordinación.

Esta nueva estructura diseñada en torno a dos ejes, el despliegue territorial y el principio de especialización, que pretende por un lado acercar la fi scalía al ciudadano sin perder de vista la necesaria concentración en grandes núcleos de población, y por otro dar respuesta a las más complejas formas de delincuencia y ser referente en materias de gran relevancia para la política criminal, hace necesario avanzar hacia formulas de coordinación interna para no erosionar el principio de unidad de actuación como instrumento de la seguridad jurídica.

 4.- La Fiscalía General del Estado como órgano de dirección del Ministerio Fiscal.

Debe fortalecerse la Fiscalía General como órgano directivo del Ministerio Fiscal, dotándola de mayores niveles de autonomía en la gestión, como única forma de administrar la complejidad organizativa en que se mueve y garantizar el principio de unidad de actuación también en este terreno.

5.- La individualización presupuestaria, un ejercicio de transparencia.

El criterio de eficacia y eficiencia que debe regir cualquier intervención del Ministerio Fiscal, debe estar también íntimamente ligada al conocimiento del impacto presupuestario que para el Estado y las Comunidades Autónomas tiene la Institución.

En esa línea el art. 72.3 EOMF tras su modificación por la Ley 24/2007, de 9 de octubre contiene dos previsiones de distinta naturaleza que desde perspectivas diferentes tienen por objeto reforzar la autonomía del Ministerio Fiscal y que están siendo objeto de un cumplimiento desigual por parte de las Administraciones responsables.

La singularización de las partidas destinadas a atender los gastos de funcionamiento del Ministerio Fiscal en general y de la Fiscalía General del Estado, como órgano de dirección del Ministerio Fiscal en particular.

La transparencia en la gestión de los fondos públicos y la autonomía del Ministerio Fiscal exige que se dé cumplimiento al mandato contenido en el EOMF y que se le dote además de mecanismos que le permitan participar más ampliamente en la ejecución del presupuesto y en el establecimiento de mecanismos de control de la ejecución a través de la firma de los correspondientes protocolos con las Administraciones competentes.

 6.- Una estructura del Ministerio Fiscal alineada con el conjunto de la organización judicial.

La superación del partido judicial es un imperativo de la reforma de la Ley de Demarcación y Planta Judicial que debe correr paralela a la organización del Ministerio Fiscal para evitar las ineficiencias que hoy se detectan.

Por otro lado la distribución de competencias en materia de justicia ha creado un panorama en el que la dotación y gestión los recursos humanos y materiales del Ministerio Fiscal compartidos por el Ministerio de Justicia y 12 Comunidades Autónomas, han creado una estructura asimétrica y multiforme que impone dotar a la Fiscalía General del Estado de competencias de coordinación en materia de planificación y organización.

7.- Los dos ejes de la organización: el despliegue territorial del Ministerio Fiscal y la especialización.

La reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal del año 2007 diseñó una nueva estructura organizativa en torno a dos ejes fundamentales: el despliegue territorial y el principio de especialización.

La nueva estructura con resultados netamente positivos, sin embargo ha generado en su adaptación problemas de coordinación que deben resolverse realizando una adecuada gestión del cambio y a través de los cauces estatutarios internos y también se han acentuado ciertos desequilibrios entre las Fiscalías Provinciales –mejor dotadas– y las Secciones Territoriales y Fiscalías de Área, algunas de las cuales que padecen una escasa dotación de medios humanos y materiales.

8.- La Formación de los Fiscales orientada a la consecución de objetivos.

Hay que abandonar el sistema de formación tal como está hoy concebido para orientarlo a la consecución de objetivos concretos y estar en línea con las necesidades detectadas por la Fiscalía General del Estado y otros órganos directivos.

En este sentido la Fiscalía General ha de tener la competencia para defi nir los itinerarios formativos que deban completar los distintos perfi les necesarios para el funcionamiento de la institución, los objetivos que con ella se pretendan conseguir y los indicadores con los que medir la consecución de los mismos. La formación conjunta de jueces y fi scales forma parte del conjunto de propuestas en esta materia.

9.- La Oficina Fiscal al servicio de las funciones del Ministerio Fiscal.

Los cambios experimentados en el Ministerio Fiscal no han tenido su refl ejo en la organización de la Oficina Fiscal que se ha mantenido prácticamente ajena a estos cambios y lastrada por unas tareas burocráticas que poco aportan a los fines de aquel .

Se mantiene una estructura y métodos de trabajo altamente condicionados por la organización judicial, lo que exige una revisión del modelo para adaptarla a las verdaderas necesidades de las Fiscalías.

Por ello, se precisa de un modelo único y reconocible en todas las oficinas y la definición de los puestos de trabajo que terminen con la excesiva horizontalidad de la organización.

Una formación del personal de la Administración de Justicia que tenga en cuenta las peculiaridades del funcionamiento de aquellas y la incorporación de otros profesionales de distintos ámbitos de Administración se considera imprescindible para un efi caz soporte a la actividad de los fi scales.

10.- El Sistema de Información del Ministerio Fiscal.

La complejidad del modelo de gestión 12+1 también ha tenido su expresión en el ámbito de la tecnología y ha dado lugar a un inextricable mapa tecnológico en el que en el mejor de los casos conviven una pluralidad de estrategias, múltiples redes de comunicaciones y hasta 10 aplicaciones judiciales y fiscales.

Toda estrategia que a partir de ahora se diseñe en materia de modernización y nuevas tecnologías deberá ir precedida necesariamente de la toma de decisiones sobre el futuro de la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia y de los instrumentos diseñados en la misma, entre ellos el Comité Técnico.

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