Rivero, que ha participado en el XVIII Observatorio Económico de la FAES centrado en energía, subraya que ya se han sentado las bases para lograr ese pacto con la creación de una subcomisión en el Congreso para definir la estrategia energética de España para los próximos 25 años.
La creación de la subcomisión ha recibido el apoyo de todos los partidos, según Rivero, que subraya que hacía «mucho tiempo» que no había acuerdos por unanimidad, «lo que demuestra que hay una necesidad compartida, tanto por el Congreso como por nosotros».
Rivero ha pedido al Ejecutivo que aproveche la subcomisión y que consulte al sector para que las decisiones sobre política energética «nazcan ya con consenso y, a ser posible, se mantenga la unanimidad».
«Es necesario e imprescindible, y si no es factible lo pagaremos entre todos», ha comentado Rivero, que subrayó que ese consenso reforzaría la confianza de bancos y cajas en el sector eléctrico, lo que les permitiría obtener financiación más barata y a más largo plazo.
Esta situación redundaría en beneficio del consumidor, al que las eléctricas podrían ofrecer mejores precios.
Durante su intervención en el Observatorio, el presidente de Unesa ha subrayado que toda inversión que requiere financiación necesita una normativa estable y predecible que evite que las decisiones cambien en función del partido que gobierna.
En este sentido, explica que, en los últimos años y a pesar de que no existía moratoria nuclear, las compañías no han construido centrales nucleares en España porque ningún «loco» las financiaría ante la falta de una política energética que aclare el futuro de este tipo de energía.
«Sin programación energética es imposible saber qué va a pasar con el activo a financiar», ha recordado Rivero.
Durante la celebración del Observatorio, el ex presidente de Endesa y diputado del PP Manuel Pizarro ha coincidido en señalar que habría que elevar la política energética a pacto de Estado para que las inversiones no se vean afectadas por los cambios de Gobierno.
Respecto a la central nuclear de Garoña, Pizarro considera que es un error cerrar emplazamientos que han sido «pacíficamente» asumidos por los ciudadanos y destaca que, en todos los sectores, las cuentas de resultados de las compañías imponen la «racionalidad» que en ocasiones falta a los políticos
