La directiva europea del ahorro establece que los rendimientos del ahorro de, por ejemplo, un español en Francia, tributen en el país de origen, en este caso España, donde el tipo actual es del 18%.

Para que ello sea posible, la norma obliga a un intercambio efectivo de información con la banca y entre las administraciones tributarias comunitarias.

Sin embargo, los países de la UE con secreto bancario –Austria, Luxemburgo y Bélgica– forzaron la inclusión de una cláusula para sortear la norma, que entró en vigor en julio de 2005.

Así, a cambio de no intercambiar información, accedieron a practicar una retención sobre los rendimientos del ahorro de los no residentes europeos del 15% de julio de 2005 hasta el 30 de junio de 2008, del 20% durante los siguientes tres años y del 35% a partir de julio de 2011.

Parte de la retención, el 75%, se ingresa en el Tesoro de los países de residencia de los titulares de las cuentas. Y para evitar que la directiva provocara una fuga de capitales hacia países que no pertenecen a la UE, la Comisión presionó para que Andorra, Liechtenstein, San Marino, Suiza, Mónaco y territorios dependientes como las Islas Caimán o las Islas Vírgenes firmaran convenios similares.

En 2008, España ingresó 46,5 millones por la aplicación de la directiva y el 70% de este dinero provino, a partes iguales, de Andorra y Suiza, según datos del Tesoro a los que ha tenido acceso el periódico Cinco Días.

Ello demuestra la predilección de los españoles por el sistema bancario de estos países. Desde que entró en vigor la directiva, el Tesoro español ha ingresado 125,5 millones de euros por las retenciones aplicadas a residentes españoles en países con secreto bancario y sujetos a la normativa comunitaria. De la cantidad percibida por el Tesoro se desprende que los españoles obtuvieron -antes de la retención- unos rendimientos por sus ahorros en estos países de, como mínimo, 1.115 millones durante los últimos tres años.

Por otra parte, que España ingrese sólo 125,5 millones en tres años constata el fracaso de la directiva, pues se trata de una cifra irrisoria para cualquier Administración, señalan fuente comunitarias.

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