La Embajada de Estados Unidos en Madrid ha desplegado en los últimos años importantes recursos para frenar o boicotear las causas judiciales abiertas en España contra políticos y militares estadounidenses presuntamente involucrados en casos de torturas en Guantánamo, crímenes de guerra en Irak o secuestros en los vuelos de la CIA.
La legación diplomática estadounidense ha dejado constancia escrita de esa actividad en algunos de sus miles de documentos secretos, clasificados o reservados a los que ha tenido acceso el diario EL PAÍS.
El propio embajador entre los años 2005 y 2009, Eduardo Aguirre, nombrado por la Administración Bush, ha dirigido personalmente muchas de las presiones ejercidas sobre el Gobierno español o las autoridades judiciales españolas, pero de los informes secretos se desprende que EE UU contó con el apoyo de importantes contactos en España. Entre estos destacan los del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, y varios fiscales de la Audiencia Nacional, especialmente su jefe, Javier Zaragoza.
«Se me está acabando la paciencia ante los comentarios tan desleales del PSOE y sus aliados sobre EE UU», advirtió Aguirre el 21 de marzo de 2007 a Carles Casajuana, entonces el principal asesor diplomático en La Moncloa y hoy embajador en Londres. Ese miércoles, los dos cargos más importantes de la embajada contactaron con autoridades españolas para frenar las críticas a EE UU en el cuarto aniversario de la invasión de Irak, como se recoge en los informes «confidenciales» de la legación fechados el 21 y el 23 de marzo de 2007 .
El día 20, coincidiendo con manifestaciones en la calle contra la guerra de Irak, todos los grupos parlamentarios, salvo el del PP, habían pactado una proposición no de ley para condenar esa guerra «unilateral y al margen de la ONU». Ese mismo día, el juez Baltasar Garzón había publicado en EL PAÍS un artículo en el que abogaba por una investigación judicial sobre esa guerra. «650.000 muertos son un argumento suficiente para que esa investigación se aborde sin más dilación», argumentaba el magistrado al apuntar una eventual causa contra Bush y Aznar. José Blanco, secretario de Organización del PSOE, se había sumado a la idea -«alguien tiene que pagar las consecuencias de esa decisión y de ese horror», declaró- y el segundo de Aguirre recibió la orden de transmitir al dirigente socialista un aviso «similar» del descontento estadounidense, como se especifica en el documento «confidencial» del día 21.
La preocupación de la embajada por aquel clima político se sumaba a la que tenía en esos meses por la marcha de dos procesos judiciales abiertos en la Audiencia Nacional y que afectaban a intereses de EE UU: la muerte del cámara gallego José Couso en Bagdad el 8 de abril de 2003 por disparos de un tanque estadounidense, con su correspondiente querella presentada el 29 de mayo de 2003; y el traslado ilegal a Guantánamo de supuestos terroristas en aviones que hicieron escala en España, un caso que llegó a la Audiencia el 12 de junio de 2006.
En ambos casos, los informes secretos muestran que la embajada contó con buena información sobre la marcha de las causas judiciales y con la colaboración de autoridades del Gobierno, así como del fiscal general del Estado y los fiscales Javier Zaragoza y Vicente González Mota. Para conseguirlo, el embajador y colaboradores suyos presionaron a ministros y responsables de Exteriores o Justicia, visitaron a altos cargos de la Audiencia Nacional en sus propios despachos, se reunieron con jueces y utilizaron las visitas de políticos estadounidenses a España para intentar que los procedimientos judiciales naufragaran.
En otros momentos, y siempre de acuerdo con las versiones recogidas en los informes de la embajada, los fiscales explican a diplomáticos estadounidenses cómo actuar para entorpecer actuaciones de los jueces. El 14 de abril del año pasado, el fiscal Zaragoza telefoneó a la embajada para contar que él haría todo lo posible para que el caso de Guantánamo no cayera en manos de Garzón, y sí del juez Ismael Moreno. Zaragoza contó que, si Garzón se empeñaba en quedarse con el caso, él mismo airearía que ese juez optó por no investigar nada al respecto cuando tuvo datos para hacerlo años antes (informe «no clasificado, solo de uso oficial» del 5 de mayo de 2009). La amenaza de Zaragoza quedó reflejada en EL PAÍS el 30 de abril de 2009, el día siguiente a la decisión de Garzón de abrir su propio caso sobre Guantánamo, en una información que concluía: «Fuentes de la Audiencia criticaron ayer la decisión de Garzón por considerar que en los últimos cinco años no investigó las torturas» que le había denunciado un preso de Guantánamo en 2004.
«No es fácil imaginar a este enamorado de la propaganda que es Garzón desconectado de la máquina de hacer titulares de prensa a menos que se le obligue a hacerlo», agregaba el diplomático americano autor de ese documento.
En un cuerpo tan jerarquizado como el del ministerio fiscal, Zaragoza estaba en línea con su máximo jefe, Cándido Conde-Pumpido. En un informe «confidencial» de la embajada fechado el 26 de enero de 2007, se cuenta que el embajador Aguirre y su adjunto se habían entrevistado el día anterior con el fiscal general «para pasar revista a las preocupaciones del Gobierno de EE UU sobre la deriva del caso Couso y para averiguar cómo planea reaccionar el Gobierno español ante las novedades judiciales de la causa».
El documento añadía que Conde-Pumpido («estrictamente protegido» en esta cita) les dijo que el Gobierno no podía hacer nada, pero que los fiscales «seguirían oponiéndose» a las órdenes de detención contra los tres militares estadounidenses implicados en la causa. La orden de detención había sido dictada tres días antes por el juez Santiago Pedraz.
Medio año después, el 18 de julio, Conde-Pumpido dijo al embajador Aguirre que él deseaba el archivo del caso Couso (documento «confidencial» del 19 de julio de 2007) y añadía: «En cuanto a los vuelos de la CIA, [el fiscal general] dijo que el caso continúa a su ritmo, pero que no cree que aporte ninguna sorpresa». El año pasado, y con respecto a la causa sobre Guantánamo, Conde-Pumpido declaró públicamente el 16 de abril que él no apoyaría la causa abierta por las torturas en esa base americana.
En febrero de 2007, la propia embajada hace el siguiente balance sobre los peligros que ve para el caso de los vuelos de la CIA: «Estamos menos preocupados por la importancia inmediata que tenga cualquier información desclasificada por el CNI o Defensa que por la aparente coordinación existente entre el juez Moreno (el instructor) y los fiscales alemanes del caso El-Masri (el alemán de origen libanés secuestrado por la CIA y que presuntamente pasó por el aeropuerto de Palma)». «Esta coordinación entre fiscales independientes complicará nuestros esfuerzos para que este asunto se gestione discretamente de Gobierno a Gobierno» (informe «confidencial» del 1 de febrero de 2007).
Las conexiones de la embajada con los fiscales de la Audiencia para tratar asuntos sensibles para EE UU han ido en paralelo a las mantenidas con el Gobierno de Rodríguez Zapatero. La ex vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, el ex secretario de Estado de Justicia Julio Pérez Hernández y los altos cargos de Exteriores Ángel Losada, ex secretario de Estado; Agustín Santos, ex jefe de Gabinete de Moratinos; o los directores generales Luis Felipe Fernández de la Peña o José Pons han sido algunos de los interlocutores del embajador y de sus colaboradores.
El primer colaborador de Aguirre, por ejemplo, llamó el 31 de marzo y el 1 de abril de 2009 a Agustín Santos y a Aurora Mejía, directora de Cooperación Judicial Internacional del Ministerio de Justicia, para trasladarles la opinión de EE UU sobre la apertura en la Audiencia del caso de torturas en Guantánamo. «El adjunto al embajador les puso de relieve que el asunto era muy grave para el Gobierno de EE UU y les pidió que tuvieran informada a la embajada de cualquier novedad» (informe «confidencial» del 17 de abril de 2009).
Dentro de la misma estrategia, el Gobierno de EE UU utiliza las visitas oficiales de personalidades del país para influir en los procesos judiciales abiertos en la Audiencia. Los senadores estadounidenses Judd Gregg y Mel Martínez llegaron a España, por separado, solo dos semanas después de abrirse la causa de Guantánamo. Ambos fueron explícitos en sus protestas en los encuentros que mantuvieron en Exteriores. Martínez espetó el día 15 de abril de 2009 al entonces secretario de Estado Ángel Lossada que esa investigación judicial «no sería entendida ni aceptada en EE.UU y que tendría un enorme impacto en las relaciones bilaterales» (informe «confidencial» del 17 de abril de 2009).
Losada respondió al senador que «el Gobierno español comunicaría a Conde-Pumpido que la postura oficial de la Administración era que el Gobierno no estaba de acuerdo con la Audiencia» en la causa por torturas en Guantánamo. Dos días después de esa entrevista, el fiscal general declaró públicamente que la causa abierta era «fraudulenta».
Un mes más tarde, y en un documento «confidencial» fechado el 14 de mayo, se informó de que el fiscal de la Audiencia había recurrido la acusación de «crímenes contra la comunidad internacional» contra tres militares estadounidenses por el caso Couso y añadía: «El adjunto al director general de Política de Defensa comunicó la semana anterior a la embajada que su ministerio apoya totalmente la posición oficial norteamericana».
