Antonio Pascual adquirió ante notario junto a sus socios Joan Verger y Mateo Oliver la sociedad Gasolplaya S.L., el 10 de mayo de 1996 por un «precio global» de tan sólo 1.800 euros. No en vano, así lo declararon oficialmente ante el Registro Mercantil de Baleares. Una cifra sorprendentemente baja teniendo en cuenta las millonarias expectativas de negocio que llevaba aparejada esta sociedad, informó el diario El Mundo.
Con la compra de Gasolplaya obtenían todos ellos automáticamente el derecho a explotarla y hacían propios los permisos urbanísticos que ya habían sido concedidos a los vendedores. Y con ellos, el pacto con Repsol para poner en marcha una gasolinera todavía por desarrollar pero que ya contaba con los principales requisitos legales.
Por lo tanto, por 300.000 pesetas de la época, apenas 100.000 pesetas por cada uno de los socios, conseguían una estación de servicio en plena Playa de Palma. Concretamente en el número 33 de la calle Marbella. Una cifra que ineludiblemente obliga a poner en duda si responde realmente al precio real de la operación teniendo en cuenta que es simbólica.
Durante este proceso de inmersión en el sector de las gasolineras, el asesor jurídico de Pascual, Verger y Oliver fue ni más ni menos que Bartomeu Vicens: el ex conseller de Ordenación del Territorio del Consell de Mallorca actualmente en libertad bajo fianza por su implicación en el caso Son Oms.
Pedro José Escalas en representación de Gasolplaya vendió ante notario una sociedad que había sido creada precisamente en septiembre de 1992 para conseguir la gestión de la gasolinera en la zona. Disponía de un total de 60 participaciones que se quedaron a partes iguales Pascual, Verger y Oliver. El «precio global según manifiestan», precisó el fedatario público, ascendió a los referidos 1.800 euros.
A partir de la adquisición pusieron en marcha un negocio que se topó con la oposición de la Asociación Hotelera de la Playa de Palma, que interpuso contra ella una denuncia que acabó ganando.
El Tribunal Supremo sentenció en 2005 que está levantada en una zona verde y que debe ser demolida.
Hace tan sólo unos días una nueva sentencia, esta vez de un juzgado de lo Contencioso ha tumbado el enésimo recurso del negocio de Pascual y Verger encaminado a agotar los plazos legales y seguir haciendo caja: el que iba dirigido contra la orden de demolición dictada por Cort basándose en la sentencia del Alto Tribunal.