La reforma podría tener un impacto especialmente fuerte en países como Italia, Grecia o Portugal, donde los plazos de pago se dilatan incluso hasta los 180 días.

En España, por su parte, en el mes de julio entró en vigor la nueva ley de Morosidad, que fija unos plazos máximos de 60 días para los pagos de empresas a sus proveedores y de 30 días en el caso de las Administraciones Públicas con un periodo de adaptación, en ambos casos, hasta 2013.

«Las pequeñas empresas europeas ya no sufrirán problemas de liquidez por culpa del retraso en el pago de sus productos por parte de autoridades públicas o grandes compañías», ha dicho la negociadora por parte de la Eurocámara, la socialista alemana Barbara Weiler.

«El acuerdo significa que las pymes ya no se verán obligadas a servir como bancos para el sector público o para las grandes compañías», ha resaltado la eurodiputada.

La propuesta original de la Comisión señalaba que los plazos debían fijarse por acuerdo entre el deudor y el acreedor. Pero los negociadores del Parlamento convencieron a la presidencia belga de aceptar la regla de los 30 días para toda Europa, según ha informado la Eurocámara en un comunicado.

Para las autoridades públicas, sólo en «circunstancias excepcionales» el periodo de pago podrá alargarse más allá de 30 días. Pero el plazo nunca podrá pasar de 60 días y será necesario presentar una justificación para cualquier prórroga.

El interés de demora si se retrasa un pago se fija en el tipo de referencia más un 8%. El PE pidió al principio de la negociación, un 9%, mientras que el Consejo quería un 7%. Además, la Eurocámara y los Veintisiete han acordado una cantidad fija de 40 euros como compensación por los costes de recuperación.

Para los hospitales, los Estados miembros podrán fijar plazos de pago distintos de hasta 60 días. Esta excepción se contempla por la naturaleza específica de estos centros, que suelen financiarse a través de reembolsos, en virtud de los sistemas de seguridad social.

Está previsto que el acuerdo se apruebe en el Parlamento Europeo en octubre próximo. A partir de esa fecha, los 27 socios de la UE tendrán hasta dos años de plazo para transponer la directiva a sus legislaciones nacionales.

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