La combativa lucha que ha emprendido la Justicia contra la discutida Ley de Tasas Judiciales ha obtenido un respaldo unánime en la abogacía. La práctica totalidad de este colectivo cree que el tasazo, auspiciado por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, impedirá que los ciudadanos puedan acceder al derecho a la tutela judicial efectiva.

Según el Barómetro Interno de Opinión de la Abogacía Española 2013, que ha presentado este jueves el presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Carlos Carnicer, y el presidente de Metroscopia, José Juan Toharia, el 92% de los letrados cree que las tasas llevarán a muchos ciudadanos a renunciar a defender sus derechos por razones económicas y el 86% asegura que darán lugar a una Justicia dual, de ricos y de pobres.

Esta conclusión enlaza con el rechazo, también contundente, del 83% de los ciudadanos en el último estudio que realizó Metroscopia para el CGAE. “No recuerdo un caso en el que se haya producido un acuerdo tan espectacular como éste: tanto los abogados, como el CGAE y los españoles están masivamente en contra de las tasas judiciales”, afirmó Toharia. La encuesta, que recoge la opinión de 2.900 letrados ejercientes, muestra, según el presidente de Metroscopia, que el colectivo tiene una única y común voz respecto a la controvertida decisión del Ministerio de Justicia.

Así, el barómetro asegura que un 94% de la abogacía está a favor de que el CGAE promueva un recurso contra las tasas en el Tribunal Constitucional. El 96% cree, además, que la cartera que dirige Gallardón debería haber buscado el acuerdo con las partes, antes de aprobar con carácter urgente la ley; y tres de cada cuatro profesionales considera que Justicia ha improvisado su aplicación.

Carnicer, ataviado con una insignia que reza “Tasas No/ Justicia para todos”, aseguró que desde que entró en vigor la norma (no ha cumplido un mes debido a que un error administrativo impidió su inmediata aplicación), “ha habido muchos clientes que han renunciado a interponer un recurso por no poder pagar el importe de la tasa”. Y lo sostuvo con los primeros datos que certifican que la ley de Gallardón ahuyenta los procesos judiciales: según la secretaría de gobierno del juzgado decano de Zaragoza ha habido un descenso de asuntos en materia contencioso-administrativa del 45%; en laboral, del 18%; y en civil, del 11,6%. “La caída más espectacular es en la que lucha el ciudadano contra el poder”, recalcó Toharia, en referencia a la jurisdicción contencioso-administrativa.

Buenos jueces, mala justicia
El barómetro del CGAE también ha preguntado a los abogados por la situación de la Justicia y las respuestas son, una vez más, coincidentes: el 74% define como malo o muy malo su funcionamiento, y el 77% exculpa a los jueces y cree que la disfunción se encuentra en la forma en la que está organizada y, sobre todo, en los políticos: el 92% de los abogados consultados critica que los gobiernos muestran más interés por controlar la Justicia que por modernizarla. “Es un juicio demoledor”, reconoció Toharia, que añadió que dos de cada tres letrados piensa que, a pesar de todo, los jueces preservan su independencia, “un diagnóstico que coincide con el de la ciudadanía”, apostilló.

La crisis como telón de fondo
Con respecto a la Justicia Gratuita, la gran mayoría de los encuestados alerta de que con los recortes en las retribuciones del Turno de Oficio va a resultar imposible mantener la calidad del sistema. La crisis también hace mella en este colectivo, en el que uno de cada tres abogados (un 35%) reconoce que atraviesa dificultades, un porcentaje que se dispara al 77% cuando se pide a los entrevistados que evalúen el efecto de la coyuntura económica sobre el conjunto de los profesionales.

Barómetro interno de opinión de la Abogacía Española – Enero 2013

1 Comentario

  1. No hay peor burbuja que la democràtica, aquella que se genera con el frenazo en seco de los derechos fundamentales, cuando no elementales, de las personas, de todas, no de unas pocas. Sostener este tipo de burbuja es alimentar las otras, retroceder en el tiempo y generar nuevos ordenes totalitarios que llevan a nuevas clases sociales y a un empeoramiento de las existentes.

    Se dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver, incluyo en el grupo a aquel que juega permanentemente a la gallina ciega, es decir, que se deja (o le toca por selección) poner un pañuelo sobre los ojos y se va a mover sobre la arena oscurecida con el fin de atrapar algo o a alguien.

    La reforma de la justicia, la de tribunales y la social, se hace necesaria y debe empezar con un gran pacto contra el corporativismo que hoy resulte innecesario y por una adecuada actualización de las Administraciones Públicas a los nuevos servicios o a la nueva forma de gestión de los mismos en el siglo XXI. Se han de abrir bloques materiales de debate politicamente plural y abierto al movimiento social organizado y, como consecuencia, tomar decisiones de construcción del cambio.

    Es necesario pensar, por ejemplo, si las funciones notariales o las registrales son absolutamente necesarias, si se pueden desarrollar de otra forma pensando incluso en términos económicos, si deben ser asumidas por los ìorganos administrativos como nuevos servicios administrativos (de pago, más económico) y, incluso, analizar su papel como grupos de poder. Asimismo, hay que situar al autónomo ejerciente en su propio terreno, evitando colaboraciones inapropiadas a partir de las circunstancias concurrentes. Por ejemplo, no parece acertado ni necesario que las comunidades de vecinos deban de soportar administradores que pasan a ser parte (secretarios) y contraparte (acreedores privados)en las relaciones de funcionamiento vecinal. Hay que legislar educando en democracia y pensando en los costes para los ciudadanos y no en las ventajas, a veces poco justificadas, de grupos concretos.

    Y, ¿qué decir de la administración de justícia?, pués que hay que afrontar su cambio real,en la estructura y en la organización. Hay que tener menos miedo en el establecimiento de estructuras municipales (o provinciales) y autonómicas al servicio de la administración de justícia. Además, el pueblo soberano, que la viene valorando muy mal desde hace años, debe tener representantes independientes, transparentes y acreditados en su control. Los plazos no solo deben obligar a los ciudadanos y éstos no deben ser responsables de los retrasos de aquella. El poder judicial no es ajeno a la soberania, tan de moda ultimamente. La configuración de controles democráticos de las decisiones y actuaciones evitando su uso inapropiado son de primera necesidad para el cambio del actual modelo político. No puede el ciudadano acudir a la justicia con miedo en la defensa de derechos e intereses, sino con la seguridad que en las sentencias y en las otras resoluciones judiciales se van a atender con eficacia, economia y congruencia sus pretensiones. Perder, como diria Arguiñano, “con fundamento” nunca será motivo para desconfiar en la justícia pero para conseguir ese tipo de resoluciones no se debe de actuar sobre la acumulación de expedientes y frenarla con despropósitos “infantiles”, poco pensados, (tasas, etc.)sino, en un sentido contrario, implantando con rigor un Código Disciplinario de los Administradores de Justícia, en el que se castigue duramente todo tipo de decisión que responda a cuestiones personalistas y ya no digamos cualquier actuación impropia de tan Altos servidores públicos en el terreno económico.

    En este orden saneador, también tiene un gran papel el impulso de la Mediación y el Arbitraje. Se avanza, en este campo, muy lentamente, hecho que contrasta con otras decisiones políticas. Se hace necesario analizar el nivel de litigiosidad de cada administración, a nivel de ministerio o departamento, para estudiar ámbitos materiales que puedan abrirse de forma específica al terreno de la mediación y el arbitraje, abaratando costos y mejorando en tiempo de resolución. Por ejemplo, los problemas internos entre funcionarios o personal al servicio de la administración (o sus sindicatos)y los organos administrativos competentes en materia de personal pueden ser objeto de Arbitraje de Derecho y su regulación siempre seria mejor recibida que una norma legal que impone a los funcionarios, legos o no en Derecho, acudir a los tribunales mediante postulación rompiendo con una consagrada regla procesal de autodefensa en el ámbito judicial.

    En el ámbito civil, ¿qué decir de los problemas internos de comunidades de vecinos?, aquí también se ha ido hacia una postulación necesaria en lugar de favorecer la mediación o el arbitraje. Este ámbito de conflicto se resolveria perfectamente con el impulso de la justicia local, de proximidad, basada en el sistema conciliatorio y de decisión única.

    En aquellos ámbitos, como el consumo, donde el arbitraje da buenos resultados, tal vez es tiempo de estirar el art.24 CE y de avanzar en el terreno de frenar la voluntariedad del sistema para las empresas prestadoras de bienes y servicios objeto de la reclamación.

    El esfuerzo que se exige a los ciudadanos españoles de hacer cada vez más con menos, no se ve apoyado con un esfuerzo similar desde el Estado distribuidor; internet va llena de mensajes y de información que, con mayor o menor acierto, hacen pensar que, efectivamente, ha llegado el momento de reformar y no a las personas.

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