AEADE dijo que “hasta conocer a fondo el texto del proyecto, se valora con cautela y preocupación algunos apartados de la nota de prensa del Consejo de Ministros, en especial la exigencia, en todo caso, de motivación de los laudos por suponer una injerencia innecesaria en la voluntad de las partes que pueden pactar, si así lo estiman que el arbitraje sea en equidad y no necesaria motivación alguna; o tener que acudir al Tribunal Superior de Justicia para el nombramiento Judicial de Árbitros, que puede demorar injustificadamente este trámite que ya era lento a través de los Juzgados de Primera Instancia”.

“Tampoco creemos positivo que por Ley se limite la posibilidad de hacer constar un voto particular o dirimente por ser una materia que debe ser recogida en los reglamentos institucionales y, en su caso, ser pactado por las partes o que, por Ley, se exija seguros de responsabilidad civil que sirvan más de puerta a reclamaciones que para evitar mala praxis en la labor arbitral”, agregó la asociación.

Y señaló que “el apoyo sin fisuras al arbitraje societario, potenciar el papel de la instituciones arbitrales y que decisiones relevantes sean conocidas por el TSJ son cuestiones que, por el contrario, se valoran de forma muy positiva porque otorgan al arbitraje el valor real que tiene y puede ayudar a España a atraer arbitrajes internacionales”.

Para Javier Íscar, secretario general de Aeade, el “arbitraje tiene vida propia siendo la voluntad de las partes y su libertad de pacto la esencia del mismo. El apoyo de las instituciones, Gobierno y Judicatura es necesario, pero tutelar y ordenar por Ley cuestiones que deben estar en la esfera de la autonomía de la voluntad puede conseguir el efecto contrario del deseado”.

La Asociación Europea de Arbitraje (AEADE) nació en el año 2000 y administra arbitrajes como mecanismo de solución de conflictos al amparo de la Ley de Arbitraje.

AEADE se ha adaptado a la gran diversidad del mundo de la empresa y a las distintas relaciones contractuales (bancario y financiero, construcción, inmobiliario, propiedad horizontal, compraventas, franquicias, telecomunicaciones, servicios…) consolidando el arbitraje como un instrumento jurídico eficaz para la resolución de todo tipo de conflictos en aquellos supuestos permitidos por la Ley.

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