Procura que se incluyen aspectos como el descenso en las ventas o el perjuicio que puedan causar a la liquidez la morosidad o los impagos, para lo que al empresario le bastaría con aportar «indicios razonables» de que las medidas de recorte será una «contribución de viabilidad futura» para la empresa.
La asociación propone también un nuevo contrato indefinido para nuevas contrataciones con establecimiento de un sistema de indemnizaciones creciente y que se suprima la disposición del decreto original, convalidado el pasado 22 de junio, que eleva la indemnización por despido en caso de los contratos temporales a 12 días, así como la limitación temporal establecida para contratos por obra o servicio.
La patronal está manteniendo contactos con el PSOE, PP, CiU, PNV y ERC, que el miércoles presentarán sus enmiendas parciales a la norma, para reclamar que la futura ley contemplo un tratamiento diferencial para las pequeñas y medianas empresas que permita su salida de los convenios colectivos, así como un «cambio radical» en la representatividad de las centrales sindicales sectoriales, que ven «incorrecta y poco ajustada a derecho».
Abogan porque se tenga en cuenta la necesidad de flexibilidad de las micros, pequeñas y medianas empresas en el desarrollo de las relaciones laborales, con un «planteamiento de descuelgue más ambicioso» de los convenios que pueda ir más allá de las condiciones salariales, abarcando otros ámbitos de condiciones de trabajo, siempre que puedan afectar el normal desarrollo y la viabilidad de las empresa.
Reclama que se exima al empresario de la obligación de otorgar al trabajador temporal un documento justificativo si se les hace fijos y plantea que en las empresas de hasta cincuenta trabajadores el período de prueba pueda alcanzar los cuatro meses para los trabajadores que no sean técnicos titulados.
Pimec pide también que se pueda despedir por faltas de asistencia al trabajo, aun justificadas pero intermitentes, que alcancen el 20 % de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos, o el 25 % en cuatro meses discontinuos dentro de un periodo de doce meses, sin necesidad de que el absentismo total de la plantilla del centro de trabajo supere el 5%, como señala el decreto.
