La tasa de desempleo juvenil en España duplica la tasa de la Unión Europea, superando en nuestro país el 43%. El país con menos tasa de desempleo juvenil es Holanda, con menos del 7%, muy seguida de Alemania, con un 8%. Reino Unido y Francia tienen una tasa de paro juvenil del 20% y 23%, respectivamente. En este contexto ya se han dejado oir a los diferentes interlocutores sociales: El secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, propuso ayeradecuar la Formación Profesional (FP) para que entre 300.000 y 400.000 jóvenes al año puedan tener contratos de aprendizaje en empresas y cotizar a la Seguridad Social.
En declaraciones a los periodistas antes de intervenir en los Cursos de Verano de El Escorial, Toxo abogó, para solucionar el problema del paro juvenil, por un «gran pacto» entre CEOE y las organizaciones de trabajadores, para que cada empresa contrate a jóvenes en prácticas formativas, en una cantidad equivalente al 2 % de la plantilla.
Esta es la propuesta que lanzaron la semana pasada y que ahora desarrollarán ante sus interlocutores en la mesa del empleo, que reunirá mañana a Gobierno, patronal y sindicatos.
Explicó que han estudiado varios modelos, entre ellos el de formación y empleo alemán, pero han llegado a la conclusión de que en España ya hay sistemas en la FP que «adecuándose» pueden ayudar a ir paliando el drama del paro juvenil.
Se trataría de destinar recursos a un modelo formación-empleo en el que se dote de protección social a los contratos de aprendizaje que pudieran establecerse a partir de esa vía, con la obligación de las empresas de cotizar a la Seguridad Social
Desde el Gobierno se reconoce que están fallando las estructuras y que en la actualidad unos 900.000 jóvenes en paro no ureúnen las condiciones ni para incorporarse al mercado laboral ni para acceder a formación profesional, ya que tampoco disponen de las «herramientas básicas» para desenvolverse en el aprendizaje, según explicó la secretaria de Estado de Empleo, Mari Luz Rodríguez.
La secretaria de Estado explicó que buena parte de los jóvenes en situación de desempleo son los «hijos del modelo económico basado en la construcción». Es decir, chicos que con 16 años abandonaban de forma prematura el colegio porque había mucho trabajo, y con salarios «razonables».
«Hoy, esos jóvenes de entre 21 y 30 años se encuentran sin trabajo y lo que es peor, sin casi posibilidades de volver a tenerlo porque no tienen el título de educación secundaria obligatoria (ESO)», precisó.
Éste es uno de los asuntos que se abordarán la próxima semana en la mesa tripartita del empleo, en la que participan también empresarios y sindicatos. Para Rodríguez, el paro juvenil es un problema «de país» que requiere medidas diferentes según las situaciones de los jóvenes.
Reformas legislativas necesarias
El enfoque más innovador ha venido de manos de la Fundación Sagardoy, adscrita al despacho laboralista del mismo nombre y que desde su El Instituto de Relaciones Laborales y Empleo recién creado. Recientemente se presentó a los medios informativos un amplio documento que reproducimos a continuación:
Este primer informe de IRLE se llama “Propuesta de medidas urgentes en materia de empleo juvenil” y tanto Juan Antonio Sagardoy Bengoechea, Presidente de la Fundación Sagardoy como Jesús R. Mercader, Director de Programas de Formación e Investigación del Instituto para las Relaciones Laborales y el Empleo de la Fundación Sagardoy, ambos Catedráticos de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, lideran el proyecto
El informe propone una reforma legislativa, encaminada a aminorar el desempleo juvenil y a incentivar la contratación de los jóvenes por parte de los empresarios. De todo ello se deduce que las relaciones entre Universidad y Empresa no acaban de funcionar, sobre todo en la inserción del mercado laboral y que la Formación Profesional hay que cambiarla en su planteamiento. Concretamente, proponen esta reforma en dos ámbitos de actuación: Legislación Laboral y Seguridad Social.
El informe aboga por un cambio radical de los antiguos contratos de prácticas para la formación por un nuevo contrato de ingreso y fomento del empleo juvenil. En este aspecto, exige una clarificación del marco regulador del régimen de becas, ya que han detectado la existencia de enormes vacíos legales, lo que no hace sino fomentar el uso fraudulento de estas ayudas.
Además, propone la extensión de la duración del periodo de prueba en jóvenes, así como modificar la regulación del régimen de programas de cooperación educativa por obsoleta. En lo referente al contrato a tiempo parcial, desde el Instituto de Relaciones Laborales y Empleo proponen flexibilizar las reglas laborales y reforzar el régimen de protección social.
Asimismo, el estudio apuesta por programas de fomento para la empleabilidad de los jóvenes trabajadores, entre los que destacan:
1. Programas estatales de orientación curricular, previos a la edad de inserción en el mercado laboral.
2. Programas locales y autonómicos de asesoramiento individualizado de orientación para jóvenes desempleados.
En este aspecto, proponen incluir tanto a aquellos jóvenes que no hayan completado la escolaridad obligatoria como a los que carezcan de titulación profesional. Asimismo, incluye el desarrollo de un programa de activación inmediata para determinados desempleados de entre 18 y 19 años de edad.
3. Programas locales de orientación al autoempleo para emprendedores.
4. Uso de la redes sociales como instrumento para la formación e información de los jóvenes.
5. Desarrollo de las políticas de movilidad en los jóvenes del aprendizaje del inglés.
Con todo, el IRLE aboga por vincular la formación a las necesidades empresariales, y aprovechar así al máximo el tiempo
de formación del joven trabajador. Además, considera necesario generalizar el sistema salarial de ingreso, para evitar grandes diferencias entre los empleados. Como consecuencia, propone la extensión del modelo de escalas salarias en función de la edad, en donde se valore la capacidad del trabajador.
Seguridad Social
El informe propone también medidas en materia de Seguridad Social. En primer lugar, realiza un análisis crítico de los programas de fomento del empleo como mecanismos de creación de empleo de los jóvenes y mejora de su estabilidad.
En este aspecto, considera la posibilidad de implantar bonificaciones por la contratación indefinida de jóvenes entre 16 y 30 años con problemas de empleabilidad. De igual modo, apuesta por bonificaciones del 100% de las cuotas patronal y obrera por la celebración de contratos formativos.
En segundo lugar, el IRLE orienta sus propuestas sobre la Seguridad Social en articular instrumentos que mejoren la acción protectora. Propone favorecer el acceso a las prestaciones, modulando el periodo de carencia en función de la edad del sujeto y asimilando a tiempo cotizado el periodo destinado a formación. Por último, abogan por mejorar la intensidad de la acción protectora, modificando la deficitaria protección del contrato para la formación y ampliando la edad de percepción de la pensión de orfandad.
Unión Europea
Desde el Instituto diferencian tres modelos de referencia que están implantados en algunos países europeos. El primer de ellos es el utilizado en Francia y Luxemburgo, donde los contratos formativos están vinculados al aprendizaje, oficio o experiencia profesional. Por su parte, el implantado en Alemania y Holanda está basado en la alternancia entre trabajo y formación. Por último, en el tercer modelo, desarrollado en Inglaterra, los programas de asesoramiento individualizado para jóvenes en riesgo de exclusión social adquieren una gran importancia.
Sagardoy Abogados, fundado en 1.980, es el despacho líder en el área de Derecho del Trabajo, Seguridad Social, tanto en servicios de asesoramiento de empresas, como en materia contenciosa. La firma tiene sedes en Madrid, Barcelona, Sevilla, Las Palmas, Oviedo y Vigo. Pertenece, como socio fundador, a la Alianza Internacional “Ius Laboris” (International Employment Law, Pensions and Employee Benefits Alliance). Componen la asociación despachos especializados en el asesoramiento jurídico-laboral, con establecimiento en más de 44 países.
