El Consejo de Ministros ha recibido un informe de la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad sobre el anteproyecto de Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No discriminación.
La ministra ha afirmado que la intención del Gobierno es que el texto definitivo tenga el «máximo consenso», por lo que a los informes de los órganos preceptivos se sumarán las aportaciones de diferentes foros y organizaciones sectoriales.
El texto, ha recordado, responde al compromiso electoral del Gobierno de «seguir desarrollando los derechos civiles de los ciudadanos y ciudadanas de este país», y forma parte del nuevo calendario legislativo del que informó el vicepresidente primero, Alfredo Pérez Rubalcaba, hace unas semanas.
El Anteproyecto de Ley, según Leire Pajín, pretende «sacar a la luz y visibilizar los problemas de discriminación que existen en nuestra sociedad y ofrecer el tratamiento político, jurídico y social adecuado a los mismos».
Se trata, ha dicho, «de crear una sociedad que no humille a nadie y también una sociedad que no permita que nadie sea humillado. Una sociedad donde sentirse seguro y donde sentirse amparado por la ley».
La titular de Sanidad, Política Social e Igualdad, ha subrayado que el Gobierno quiere identificar mejor las formas de discriminación, dar mejor cobertura legal a quien la sufre y sensibilizar aún más a la ciudadanía.
El texto incorpora por primera vez todas las definiciones de discriminación que existen en la Unión Europea: discriminación por asociación, discriminación por error, discriminación múltiple, acoso discriminatorio, inducción a discriminar y represalias.
Leire Pajín ha destacado que con esta norma España pretende situarse al nivel de los países europeos como Alemania, Suecia, Holanda y Austria, que tienen leyes muy similares a la analizada hoy por el Consejo de Ministros.
Con este fin, la ministra ha explicado que la futura ley transpone las directivas comunitarias de protección frente a la discriminación y además completa el desarrollo del artículo 14 de la Constitución. Asimismo, ha subrayado que la norma «pretende ser un instrumento de integración y de convivencia plural en nuestro país».
La ministra ha reiterado que la idea es garantizar derechos no crearlos. «Los derechos existen, pero necesitamos medios y una legislación más clara y contundente para poder garantizarlos». Asimismo, ha aclarado que la futura ley no modificará el Código Penal.
La ley, punto por punto
Entre los elementos que caracterizan la norma, Leire Pajín ha citado que es una ley integral, «una propuesta para dar cumplimiento al compromiso político de tener una ley general, integral, para la igualdad de trato y la lucha contra cualquier forma de discriminación».
La ministra ha indicado que es una ley para avanzar en la igualdad real y efectiva. «Supone un paso más basado en el reconocimiento y en la gestión de la diversidad de la ciudadanía como activo social», ha dicho.
Además ha asegurado que «es una apuesta de futuro para la convivencia y la cohesión social de nuestro país». «Es una ley básica, una ley marco, que aspira a establecer en un solo texto la regulación del derecho a no ser discriminado, el conjunto de normas generales, políticas y acciones destinadas a prevenir y combatir la discriminación», ha añadido.
Pajín también ha resaltado que es una ley garantista y protectora: «Garantiza y promueve la igualdad de trato y la no discriminación en España».
Un principio básico en la Ley es la mejora de la protección de las personas que sufren discriminación. «Estamos hablando de un código activo de igualdad en nuestro país, de un código activo de no discriminación en España para los próximos años», ha concluido.
La nueva norma contempla la creación de un órgano independiente, la Autoridad Estatal para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, que prestará asistencia a los afectados y promoverá fórmulas de mediación o conciliación entre las partes.
Leire Pajín ha aclarado que esta autoridad englobaría a los distintos organismos que actualmente tiene la Administración para luchar contra la discriminación y promover políticas de igualdad de trato.
