El juzgado nº 3 de Santander anuló el pasado 22 de septiembre los Valores Santander contratados por un notario de Cantabria. La sentencia resulta interesante por ser la parte contratante un notario y presuponérsele experiencia en la contratación de productos de riesgo.

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Motivación de la demanda

La parte actora ejercitó la acción de anulabilidad por error en el consentimiento del contrato de compra de Valores Santander, así como del contrato de préstamo suscrito para financiar la citada compra y de la póliza de pignoración de las acciones obtenidas tras el canje como garantía para el reintegro del préstamo que tuvo que suscribir con posterioridad. Ampara su pretensión de anulabilidad en no haber sido debidamente informado de las características y riesgos del producto.

Interesa, en su escrito, la condena conforme al artículo 1.303 del CC al reintegro de la cantidad invertida, más los intereses legales desde la contratación, con reintegro por su parte de las acciones obtenidas en el canje obligatorio de los rendimiento más sus intereses y las nuevas acciones y cantidades cobradas en concepto de derechos obtenidas con posterioridad . Así como al reintegro de los gastos derivados del contrato de préstamo y de póliza de pignoración.

La parte demandada se opuso a la pretensión de contrario alegando que no había existido error en el consentimiento del actor, puesto que fue debidamente informado del producto suscrito y de sus consecuencias.
Sostiene,además, que por su formación, la parte actora es notario, ostenta conocimientos financieros y tiene perfil inversor importante.
Afirma, también, que no ha existido asesoramiento ni incumplimiento de normativa bancaria aplicable.

La parte demandada opone la excepción de caducidad de la acción de anulabilidad y la prescripción respecto de la acción subsidiaria de indemnizar los daños y perjuicios por incumplimiento contractual de los deberes de informar.

 

Sentencia nº 200/2017, Juzgado nº 3 de Santander, de 22 de septiembre de 2017

Producto “complejo y arriesgado”

El fallo considera que se trata de un producto “complejo y arriesgado” que habría obligado a la entidad a suministrar la información con “especial cuidado” porque “podría suponer la pérdida del capital”. La juez recuerda además que la Ley de Mercado de Valores, vigente cuando se compraron los títulos, septiembre de 2007, señalaba el deber de diligencia y transparencia de los bancos “para que el cliente pueda tomar decisiones sobre inversiones con conocimiento de causa”.

Recuerda además que el art. 79 de la mencionada ley obligaba a las entidades a una gestión ordenada y prudente, “cuidando de los intereses del cliente como si fueran propios” y “haciendo hincapié en los riesgos que conlleva cada operación”. Es decir, concluye la juez, “un elevado estándar de obligaciones de buena fe, prudencia e información”.

Desde el despacho Navas & Cusí lamentan que el banco abandonara sus obligaciones. “No se ofreció información imparcial, clara y no engañosa ni se advirtió de los riesgos”

El cliente es un inversor experimentado

El banco trata de defenderse alegando que el cliente es un inversor experimentado con larga experiencia en productos de riesgo. Del juicio se concluye que el cliente invirtió también en planes de pensiones, acciones, fondos de inversión, unit link, permutas financieras y productos estructurados. Sin embargo, la juez considera que la mayoría de esas inversiones fueron posteriores a la adquisición de los Valores Santander y en muchos casos no consta su nivel de riesgo.

Así que concluye que ante la “duda razonable”, es más adecuado considerarle un cliente minorista. Recuerda además la sentencia de 3 de mayo de 2016 de la Audiencia Provincial de Cantabria que señala que no se es experto financiero por tener inversiones previas si no se prueba que fue debidamente informado. “La experiencia es un indicio, pero no una prueba; lo relevante es que el banco ofrezca la información a la que está obligado a quien no tiene por qué tenerla y confía en él”, explica Navas.

La iniciativa de la contratación partió del empleado del banco

Por otra parte, en el juicio quedó acreditado que la iniciativa de la contratación partió del empleado del banco. Aunque en el juicio afirmó que le informó de la naturaleza y riesgos del producto “no precisó qué riesgos le fueron explicados”, señala la sentencia.

“No debió alertar de nada porque en el juicio no se acordaba de haber realizado simulaciones ni de haber alertado de que si la acción no estaba en un 116% de su valor se producirían pérdidas ni de que el precio podía irse modificando como efectivamente ocurrió”, lamenta el socio-director de Navas.

Doctrina de los actos propios

Por último, el Santander trata de apelar a la doctrina de los actos propios: el cliente convalidó su decisión porque nunca mostró su disconformidad. La sentencia responde recordando la doctrina del Supremo que señala que ni la percepción de liquidaciones positivas ni cancelación anticipada de contrato puede considerarse como actos convalidantes de un negocio genéticamente viciado”.

Con todo el fallo considera que el cliente cometió un error esencial y excusable que provocó una imagen de la realidad diferente de la que era. No sólo anula la adquisición de los Valores Santander sino del préstamo para su adquisición y una posterior pignoración de acciones. Aisladamente no lo habría anulado porque se le supone conocimiento por su profesión de notario. “Pero al estar ligados a los Valores Santander, admite la nulidad porque probablemente no habría contratado de no estar enganchado”, explica el socio-director de Navas & Cusí.

Así que el fallo anula la colocación de los Valores Santander y operaciones vinculadas, obliga al banco a devolver al cliente los 300.000 € invertidos y condena a la entidad al pago de las costas.
“Se hace justicia por colocar un producto de alto riesgo sin explicación detallada ni advertencia de sus riesgos”, concluye Navas.

Fuente: Navas & Cusí