Asistimos a un cambio acelerado y profundo de la realidad, motivado por una auténtica revolución tecnológica, llegando a utilizarse el término “digitalización” con la misma propiedad con que se denominó a la revolución industrial, un cambio radical en la realidad social y económica con origen en los avances técnicos.

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Centrándonos en el ámbito bancario nos encontramos ante un indudable cambio de modelo de negocio. Se cuestiona la sostenibilidad del modelo tradicional.

La máxima expresión actual de esta forma de organización son las denominadas FinTech. Según IOSCO, el término FinTech da cobijo a una variedad de modelos de negocio innovadores y tecnologías que tienen el potencial de transformar la industria de los servicios financieros. 

En términos bastante similares las describe el glosario anexo al Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre “Digitalización y modelos económicos innovadores en el sector financiero europeo, consecuencias para el empleo y para la clientela”. Las entiende como “Innovadoras empresas emergentes que proponen, a coste reducido, novedosas soluciones de negocio bancario o de seguros.” Define, además, entre otros términos los de blockchain, conectividad, digitalización, crowdfunding, RegTech, etc.

Centrándonos en la vertiente jurídica del tema que nos ocupa comencemos planteando uno de los aspectos más controvertidos: la regulación de las entidades FinTech.

La entrada en vigor del panorama legislativo que rige hoy día fue, mayoritariamente, anterior a la disrupción de la casi completa digitalización del sector financiero. En proporción, es escaso el número de normas creadas recientemente para regular la actividad de las FinTech, u otras que, sin contener disposiciones concretamente encaminadas a la regulación de las FinTech, por la consideración que hacen de las nuevas tecnologías serían aplicables.

Dada la escasa regulación que con carácter específico aplica sobre FinTech ha llegado a afirmarse que mientras que las instituciones tradicionales han de cumplir con un sinnúmero de regulaciones para poder operar, estas nuevas compañías no se encuentran reguladas.

Cuentan con la vertiente positiva de suponer innovación en el sistema, pero no deben ponerlo en riesgo. Se ha llegado a considerar que estarían suponiendo un obstáculo para la banca tradicional ya que en el ecosistema FinTech no existe la excesiva y estricta regulación que aplica al mercado financiero. La ventaja principal no consistiría en el no cumplimiento de la regulación, sino que realmente, la no sujeción a la misma les permite tener procesos más simples, digitales y económicos, lo que redunda en precios más competitivos.

Se ha señalado la importancia que en las necesidades de regulación del sector financiero para responder a las nuevas exigencias juega la introducción de la actitud de “regulación prudencial”. Se plantea la siguiente disyuntiva: ¿deben aplicarse a estas entidades las tradicionales reglas que son de aplicación a las financieras o deben someterse a disposiciones normativas de carácter más laxo en aplicación del principio de proporcionalidad?

La respuesta a la disyuntiva planteada puede encontrarse en la aplicación del principio de proporcionalidad. De modo que se atienda a la búsqueda de un equilibrio entre el esquema normativo que se les imponga y las diferencias efectivas que tengan con las entidades tradicionales que actúan en el sistema financiero, cuyo sistema normativo ya se encuentra vigente. No debe olvidarse que en ocasiones llegan a prestar los mismos servicios.

Hemos hecho somera referencia, a título de ejemplo, a disposiciones europeas y su trasposición a la normativa española.  Pero la clave para conocer la dirección en la que puede preverse la evolución normativa en la materia debemos buscarla en las actuaciones recientes de las autoridades reguladoras.

El máximo exponente a nivel europeo sería uno de los últimos informes Joint Committee Report on “Risks and Vulnerabilities in the EU Financial”, que advierte del rápido desarrollo de las FinTech, dedicando un epígrafe completo al respecto. Insta a las autoridades reguladoras y de supervisión a fomentar innovaciones y, al mismo tiempo, garantizar un marco de protección del consumidor que aporte estabilidad.

Ahora bien, estas advertencias aún no se han visto materializadas, por ejemplo, por la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM). A nivel práctico nos encontramos con un panorama dispar, falto de regulación y que en caso de tenerla no se encuentra armonizada.

Unas breves notas Derecho comparado contribuyen al enriquecimiento de este artículo. Por lo que tomando como base la información existente en el ya mencionado Libro Blanco, cabe destacar:

Reino Unido: Durante los últimos años, la Financial Conduct Authority (FCA), el supervisor en materia financiera del país ha promovido la innovación en el sector, con el fin de eliminar obstáculos para el desarrollo de nuevos productos y servicios que pudieran resultar en una mayor competencia y mejor servicio en el sector financiero. A tal efecto, en 2014 la FCA lanzó el “Project Innovate”, con la finalidad de fomentar la innovación en interés de los consumidores y promover la competencia en el mercado. Asimismo, en el mes de julio de 2016 el supervisor financiero británico estableció el denominado “FinTech Bridge”, un acuerdo bilateral con Corea del Sur, cuyo objetivo era la promoción de las inversiones en entidades FinTech, lo que generará estas facilidades para acceder y expandirse al mercado asiático, así como atraer a entidades e inversores coreanos a su territorio.

Singapur: En el año 2015, Singapur dio un paso al frente a fin de fomentar el desarrollo de entidades FinTech, mediante la creación del Financial Technology Innovation Group (FITG), como un órgano incardinado dentro de la autoridad monetaria del país (MAS), y encargado del desarrollo de políticas y estrategias que faciliten el uso de la tecnología e innovación y así mejorar la gestión de riesgos, la eficiencia y la competitividad del sector financiero.

Alemania: Si bien es cierto que el regulador alemán no ha adoptado una posición tan proactiva para incentivar el desarrollo de entidades FinTech en su país como han desarrollado otros países, la autoridad federal de supervisión financiera (BaFin) ha venido desarrollando un modesto programa para fomentar el desarrollo de entidades FinTech organizado a través de dos instrumentos: Publicación de guías respecto de distintas actividades desarrolladas por entidades FinTech y realización de eventos como el BaFin-Tech 2016.

No obstante, en el caso de Alemania, al igual que ha ocurrido en España, la escasa actividad del regulador orientada al desarrollo de entidades FinTech ha sido suplida por la iniciativa privada.

Francia: En el caso de Francia, no se ha emprendido ninguna medida regulatoria hasta 2016. El 1 de junio de ese mismo año, la autoridad de mercados financieros (AMF) crea la división de FinTech, Innovación y Competitividad (FIC) con la finalidad de responder a los cambios en los patrones de consumo que se han visto modificados como consecuencia de las innovaciones producidas en el sector.

La AMF, junto con la autoridad de control prudencial (ACPR) ha creado el denominado FinTech Forum, una vía de consulta que se constituye como un medio para el diálogo entre los interlocutores de la industria FinTech y los reguladores.

Estados Unidos: la autoridad competente (Office of the Controller of the Currency, OCC) ha publicado un libro blanco en el que insta a la innovación responsable y establece los principios que deben guiar la futura regulación de las FinTech.

Concluyamos con el caso español. Hoy en día, se encuentra bastante atrasado respecto a lo que hemos referido en estas notas acerca de las experiencias en el ámbito comparado. En cuanto a autoridad competente nacional, cabe señalar la actuación de la CNMV, que ha procedido a la apertura de un canal de comunicación que tiene por objetivos principales facilitar ayuda a los promotores y entidades financieras sobre los aspectos normativos del mercado de valores que pudieran afectar a sus proyectos y crear un espacio informal de comunicación con los promotores y entidades financieras sobre sus iniciativas en este ámbito.

A nivel de iniciativa privada se ha creado la Asociación Española FinTech e Insurtech. Como fue apuntado al inicio de este trabajo, tiene por objetivo principal crear un entorno favorable para el desarrollo de empresas FinTech e Insurtech en España, realizando labores de interlocución, comunicación y colaboración con los organismos y agentes relevantes del sistema para fortalecer su crecimiento y su ecosistema. Entre sus actuaciones más destacables se encuentra la publicación del ya mencionado Libro Blanco.  Pretenden que su contenido conforme un marco de ideas y propuestas de cambios normativos que favorezcan la actividad empresarial de los operadores FinTech en el sector financiero en nuestro país.

El análisis de la evolución del fenómeno de digitalización del sistema financiero a través de las FinTech, el estudio del estado de la regulación actual y el examen de los documentos de trabajo publicados por reconocidas autoridades jurídico-financieras internacionales permiten calificar como disruptivo el cambio que se está produciendo.

Nos encontramos ante un fenómeno global, por lo que uno de los retos fundamentales en el futuro de la regulación del sector financiero será la colaboración y coordinación. En este sentido, dentro de la digitalización del sector financiero ha nacido un segmento, denominado RegTech, cuyas herramientas serían de utilidad para lograr la ansiada uniformidad.

Toda actuación encaminada a la regulación del nuevo paradigma que rige en el sector financiero debe estar inspirada en el principio de “actuación prudencial” al que nos hemos referido anteriormente. Para una correcta aplicación de dicho principio deberá estarse al caso concreto, atendiendo especialmente, a la actividad desarrollada por la entidad.

Ahora bien, estas actuaciones proporcionales que en materia de regulación estamos sugiriendo no deben en ningún caso originar o favorecer el riesgo sistémico en los mercados. Se trataría de encontrar el equilibrio para crear un régimen normativo acorde con la innovación y el nacimiento de nuevos sujetos al mercado pero que satisfagan las exigencias de seguridad necesarias.


Autora: María Jesús Blanco Sánchez.

Doctoranda en el área de Derecho Mercantil de la Universidad Pablo de Olavide, Sevilla.

Licenciada en Derecho y Administración y Dirección de Empresas, Máster en Derecho Patrimonial Privado en el Mercado Global, Experto en Derecho Bancario y Máster en Derecho de las Nuevas Tecnologías. Experiencia en servicios jurídicos de grandes compañías. Especialización en Derecho del sistema financiero.