El presente artículo fue proporcionado por el Dr. Facundo M. Miguel, abogado argentino de la provincia de San Luis.

Durante más de dos años viví en la ciudad de Villa Mercedes, provincia San Luis. Comenzado el 2017, acudí a las oficinas del Colegio de Abogados de la ciudad a los fines de matricularme y poder ejercer la abogacía.  Allí, fui informado que debía pagar la suma de 40 ius (hoy día serían algo más de $40.000) para, simplemente, poder trabajar.-

Sorprendido por la onerosidad que implicaba la matriculación (en el Colegio de Abogados de Bahía Blanca, donde antes vivía, la matrícula ascendía a $5.000), interpelé a las autoridades, quienes me dieron la siguiente respuesta: A pesar de que la Ley de Colegiación de San Luis  (ley provincial, dictada por el Congreso Sanluiseño) postulaba que los letrados domiciliados realmente en la provincia debían pagar la suma de 12 jus, un acta  dictada por el Colegio Forense (Órgano colegiado que nuclea los Colegios de Abogados de San Luis) disponía la necesidad de 2 años de residencia previa para ser considerado “domiciliado realmente” en territorios puntanos. Por eso, al ser considerado “abogado foráneo” debía pagar 40 ius para matricularme.-

Recordé en ese momento una premisa básica que escuché en alguna clase de derecho administrativo: un reglamento no puede adulterar el espíritu de la ley que está reglamentando.

También recuerdo haber pensado… ¿Con lo que le cuesta a un abogado junior sus primeros años (en ese entonces tenía 25 años), me exigen que pague $27.000 solo para poder trabajar?  (en 2017 los 40 ius ascendían a esa suma).-

Decidí hablar personalmente con el Presidente del Colegio de Abogados.  No conforme con su respuesta, acudí a la Comisión de Jóvenes Abogados de la ciudad.

La respuesta se mantenía inalterable: si no viviste 2 años, no tenés domicilio real acá, y si querés matricularte, hay que pagar el monto que impone el Colegio.-

Fue así que empecé a cotejar los distintos aranceles que imponían otros Colegios de Abogados a lo largo y ancho del país, así como también los requisitos para matricularse en aquellos. En ninguno advertí semejante onerosidad, ni el requisito de los dos años de residencia previa.-

Tampoco vi antecedentes pretorianos al respecto, circunstancia que motivó a que escriba estas líneas, dada la peculiaridad del tema controvertido.-

La Ley de Colegiación de San Luis contempla que de ser rechazada la matriculación, el abogado dispone de una vía recursiva, primero ante el Colegio Forense de San Luis, y luego ante el Superior Tribunal de Justicia  (máxima autoridad judicial de la provincia).-

Ciertamente este no era un rechazo de matriculación per se… pero era eso (la vía administrativa con recurso directo ante el Superior Tribunal) o interponer una acción judicial declarativa de inconstitucionalidad contra el acta administrativa que dispone la necesidad de residir 2 años en la provincia, junto con una medida cautelar innovativa que ordene judicialmente la matriculación como domiciliado realmente en San Luis durante el interín del procedimiento… emprendimiento mucho más engorroso, que suponía contratar un abogado, litigar durante años, sin destino cierto.-

Fue así que opté por intentar la vía administrativa por más que, repito, no hubo estrictamente un rechazo de mi matriculación, sino una mayor (sensiblemente mayor) onerosidad y una categorización como abogado foráneo.

Así las cosas, solicité (sabiendo de antemano la respuesta) al Colegio de Abogados matriculación como un abogado domiciliado realmente en la provincia. Adjunté contrato de locación, tarjetas de débito y crédito en sucursal bancaria de la ciudad, certificado laboral en San Luis (es decir, documentación que acreditaba que mi domicilio real era allí). Mi pedido fue rechazado en dos o tres líneas.

En el plazo legal de 5 días, redacté un recurso de reconsideración ante el Colegio Forense (Órgano colegiado que nuclea los 3 Colegios de Abogados de la Provincia de San Luis): Advertí la onerosidad palmariamente excesiva de la matricula que se me imponía. La comparé con matriculaciones de otras provincias. Expuse que en el resto de los Colegios exigían domicilio real, nunca residencia previa de dos años. Les hice notar mi corta edad  y la finalidad que debe de perseguir un Colegio de Abogados, que es PROTEGER al colega y tener espíritu de CAMARADERIA entre nosotros los bogas.

El Colegio Forense rechazó mi recurso de reconsideración sin siquiera pronunciarse respecto a los argumentos planteados en mi pieza recursiva.-

Allí fue que reacuerdo haberme planteado… ¿Vale la pena todo esto? ¿Confrontar así, de entrada, recién llegado a la provincia? ¿Contra “El Colegio”? ¿Un simple letrado que no conocía a nadie en toda la ciudad? ¿Y si “pago y me dejo de jorobar”?.-

Ciertamente lo dudé, aunque la reflexión era un lujo que no podía darme (en cinco días vencía el plazo para presentar recurso directo ante el Supremo Tribunal de Justicia de San Luis).

Decidí lo que mi cabeza dura y mis convicciones me indicaron. A litigar.

Necesité de una firma, prestada por un colega que con el tiempo se convirtió en un gran amigo y mentor, que en plazo y forma interpuso el recurso directo judicial ante el Superior Tribunal de Justicia.

Ante mi necesidad de trabajar, paralelamente pagué en efectivo los 28 ius adicionales, dejando expresa constancia de mi disconformidad e indicando interposición del remedio recursivo ante la Justicia Provincial.-

Ya en la instancia judicial, la contraparte planteo un incidente de nulidad, tres medidas de proveer y dos recursos de revocatoria. Estas incidencias fueron parte del estilo que empleó el Colegio Forense para litigar, demorando y entorpeciendo el normal procedimiento del litigio. Conducta de estilo desplegada por algunos colegas, pero que no esperaba justamente de una institución que debiera de manejarse con cierto decoro y tener, repito, espíritu de camaradería con sus matriculados.-

Recién el 24 de abril de 2019 (2 años después a mi pedido de matruiculación), el Superior Tribunal de Justicia de San Luis resolvió hacer lugar al recurso de reconsideración planteado, debiendo el Colegio reintegrar las sumas malamente exigidas, toda vez que la matriculación que debió cobrarme era la de un abogado domiciliado realmente en la provincia de San Luis.-

En sus fundamentos, el Tribunal determinó que no puede un reglamento adulterar el espíritu de la ley. Por ello, acreditada mi condición como domiciliado en tierras puntanas, la diferenciación que plantea el acta del Colegio Forense (que establece como requisito 2 años previos de residencia) deviene ilegal, cercenando mis garantías constitucionales y estableciendo diferencias que la ley no contempla.-

El Tribunal finaliza la sentencia fijando las costas en el orden causado. El principio de la derrota y las dilaciones judiciales (que incluso fueron advertidas por el Tribunal)  ameritaban una expresa imposición de costas a la parte vencida.

Pero aquí la diferencia. Nunca vi al Colegio como un adversario, no me interesan los honorarios devengados. Lo único que quise, desde ese 2 de enero de 2017 que llegué a la provincia, era ser tratado como un abogado más que vivía en San Luis.

Más de 2 años después lo conseguí, y solo a través de una sentencia dictada por la máxima autoridad judicial sanluiseña.

Es la primera vez que escribo una nota de este tipo, circunstancia que, por mi pobre redacción, quizás deviene evidente para el lector. Lo hice sin embargo, porque considero que puede llegar a tener potencial utilidad.-

– En primer lugar como puntapié inicial de una charla de café a la que los bogas estamos tan acostumbrados, y abordar los siguientes tópicos: ¿Qué son los Colegios de Abogados? ¿Qué intereses deben proteger?  ¿Debiera primar el interés recaudatorio? ¿Cuál debería ser la cuota de matriculación? ¿Quién debería fijarla? ¿El propio Colegio? ¿Hasta dónde llega la validez de las normativas dictadas por sus autoridades?

Y, para la segunda ronda de café… ¿Se aplica el federalismo si tratamos a coprovincianos de manera hostil? ¿Y qué dice la Constitución de San Luis? ¿Habla de proteger a quienes viven hace dos años en la provincia, o determina proteger todos los habitantes en suelo sanluiseño? ¿Qué hay de la ley de no discriminación?

– La segunda razón por la que escribo estas líneas es para recordar al lector la primordial razón que nos llevó a elegir la abogacía como vocación: intentar, en menor o mayor medida, que se haga justicia.

A pesar de todos los contratiempos surgidos durante el procedimiento, subyace una conclusión, que este abogado medio pelo se aventura a realizar.

No importa ante cuantos, ni contra quienes. No hay que dejar de insistir por lo que uno considera que es justo, siempre y cuando se tenga la convicción de que el derecho acompaña, y se mantenga constante el respeto ante el colega, el justiciable y el juzgador.-

Abogado Facundo M. Miguel.

Contacto: [email protected])


Citas:

Ley Nº XIV-0457-2005 ARTICULO 11.- Para ser inscripto en la matrícula, el abogado deberá (…) Tener domicilio real en el territorio de la Provincia. Para el caso de profesionales domiciliados fuera de la Provincia, se estará a lo dispuesto por los Artículos 2° y 20 de la presente Ley.

2 Acta N°8 del Colegio Forense: (…) se aprueba por mayoría fijar una residencia mínima de dos años contados a partir del cambio de domicilio

3 Art 73 Código Civil y Comercial de la Nación Domicilio real. La persona humana tiene domicilio real en el lugar de su residencia habitual. Si ejerce actividad profesional o económica lo tiene en el lugar donde la desempeña (…)

4 Ley Nº XIV-0457-2005 ARTICULO 13.- En caso de denegatoria de la inscripción, podrá apelarse la resolución por ante el Colegio Forense de la Provincia, el que resolverá la cuestión luego de haber recibido el informe del caso, y dentro de los TRES (3) días, improrrogables (…) Si la resolución apelada  fuese confirmada, el abogado apelante podrá recurrir en revisión ante el Superior Tribunal de Justicia.-

5 Código de Ética Profesional para abogados de San Luis, Artículo 40.- Ayuda a los abogados jóvenes.- Los abogados jóvenes han de utilizar en los primeros tiempos de ejercicio de la profesión (…) el consejo y la guía de abogados antiguos de su Colegio, quienes deben prestar esta ayuda desinteresadamente y del modo más amplio y eficaz (…) Asimismo, la negación del auxilio en la medida en que deba esperarse lo preste el abogado requerido, constituye falta susceptible de sanción disciplinaria. 

6 Ley Nº XIV-0457-2005 ARTICULO 28.- Corresponderá al Directorio: a) Proteger los legítimos derechos e intereses profesionales y el honor y la dignidad de sus colegiados, defendiendo el decoro e independencia de la profesión-

7  Código de Ética profesional para los Abogados de San Luis: IV.- DE LAS RELACIONES DEL ABOGADO CON SUS COLEGAS Y PROCURADORES.- Artículo 39.- Fraternidad, lealtad, ayuda y respeto recíprocos.- Entre los profesionales del derecho debe haber una consideración tal que enaltezca las profesiones y cada uno de ellos debe hacer cuanto esté a su alcance para lograrla (…) Deben evitar los personalismos, respetar la dignidad del colega y hacer que se la respete debidamente. 

8 Código de Ética profesional para los Abogados de San Luis: Artículo 48.- Cooperación. Comisiones y cargas.- Las relaciones entre el abogado y el Colegio deben estar signadas con particular cordialidad, espíritu de confraternidad, confianza, comprensión y respeto recíprocos.-

9 Ley N° Nº VI-0150-2013 ARTÍCULO 68: PRINCIPIO GENERAL.- La parte vencida en el juicio deberá pagar todos los gastos de la contraria, aun cuando ésta no lo hubiese solicitado.

10 Sentencia  Nº 135/19 “MIGUEL FACUNDO MAURO c/ COLEGIO FORENSE DE LA PROVINCIA DE SAN LUIS – s/ RECURSO DE RECONSIDERACIÓN – LEY DE COLEGIACIÓN DE ABOGADOS (…)luego de una serie de prolongadas incidencias procesales de la parte demandada (nulidad de notificación), realizadas sin argumentos legales y que superando los dos años de litigar y reclamar, no pueden dejar de considerarse, atento a la necesidad de que la actividad judicial debe desarrollarse en un tiempo razonable, de modo tal que resguarde el debido proceso, lo cual hace a una eficaz administración de justicia.

11 Ley N° Nº VI-0150-2013. Artículo 34.- Deberes de los jueces: Son deberes de los jueces d) Prevenir y sancionar todo acto contrario al deber de lealtad, probidad y buena fe.-

12 Código de Ética Profesional para Abogados de San Luis Artículo 35.- Lealtad.(…) El abogado debe  abstenerse: del empleo de recursos o medios que importen una violación a las presentes normas y sean perjudiciales al normal desarrollo del proceso, de toda gestión puramente dilatoria, que, sin ningún propósito justo de defensa, entorpezca dicho desarrollo, y de causar aflicciones o perjuicios innecesarios.

13 Constitución de San Luis Artículo 16 Todos los habitantes tienen idéntica dignidad social y son iguales ante la ley (…) Deben removerse los obstáculos de orden económico y social que impiden el pleno desarrollo de la persona humana y la efectiva participación de todos los habitantes en la organización política, económica y social de la Provincia.

14 Constitución de San Luis P R E Á M B U L 0  Nos, los representantes del pueblo de la provincia de San Luis (…) con el fin de exaltar y garantizar la vida, la libertad, la igualdad, la justicia y los demás derechos humanos l; (…) establecer el derecho y el deber al trabajo (…) para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo de la Provincia.

15 Ley 23592, ARTICULO 5°: Son considerados Actos Discriminatorios: a) Las acciones y/u omisiones, de autoridades públicas o de particulares, que, de manera arbitraria, tengan como finalidad o resultado impedir, obstruir, restringir, o de algún modo menoscabar de forma temporal o permanente, el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos y garantías fundamentales reconocidos por la Constitución Nacional, los tratados internaciones, las leyes y normas complementarias, a personas, grupo de personas o asociaciones, motivadas en (…)  lugar de residencia , caracteres físicos, características genéticas, capacidad psicofísica y condiciones de salud, posición económica o condición social, hábitos personales o cualquier circunstancia que implique distinción, exclusión, restricción o preferencia”.-