La Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado contempla la institución del Jurado como “institución para la participación de los ciudadanos en la Administración de Justicia”, pero ¿qué implica ser parte del jurado y qué consecuencias puede acarrear?

Partiendo de esta idea de participación de los ciudadanos en la Administración de Justicia, y de acuerdo con lo dispuesto en dicha Ley, quedan fuera de esos “ciudadanos” aptos, entre otras categorías, los abogados.

Desde una perspectiva jurídica, en concreto la de muchos compañeros abogados ejercientes como yo, nos surge la siguiente pregunta ¿cómo es posible que delitos de asesinato, homicidio, malversación de caudales públicos…puedan ser enjuiciados por personas no legas en Derecho? Esto no es una banalidad pues es el propio jurado el que emite el veredicto de culpabilidad o no culpabilidad de un acusado sobre los hechos enjuiciados en el procedimiento, decidiendo así el futuro y la vida del acusado sin tener unos conocimientos previos en Derecho. Los requisitos que se les exigen para desempeñar el cargo son muy básicos: ser españoles, mayores de dieciocho años, saber leer y escribir, entre otros.

Por otra parte, y no por ello menos importante, la propia Ley dispone que el jurado en el ejercicio de sus funciones actuará con arreglo a los principios de independencia, responsabilidad y sumisión a la Ley. Desde mi punto de vista como jurista es prácticamente imposible que actúen con independencia pues la mayoría de los ciudadanos están “contaminados” con lo que se dice sobre el caso concreto en la prensa, televisión, radio y cualquier otro medio de difusión. Si ya es difícil, en algunos casos, para los propios abogados que ejercen la profesión a diario, abstraerse de todo lo dicho en los medios para sacar sus propias conclusiones en base a los hechos a enjuiciar, pues para un ciudadano “de la calle” todavía resulta más complicado dado que esta labor no forma parte de su día a día. En cuanto a la responsabilidad y sumisión a la Ley, el ciudadano por regla general actuará con la mejor intención y tomará su designación como un tema serio y será diligente, pero cabe la posibilidad de que no lo haga pues no es su trabajo habitual y le parece “ridículo” tener que ser jurado porque le resta tiempo a su vida cotidiana, sin importar las consecuencias que su decisión negligente vaya a tener en la vida del acusado.

A pesar de que estoy en desacuerdo con la figura del jurado propiamente, quiero recalcar la figura del Magistrado, dado que además de los nueve jurados (más los suplentes) el Tribunal del Jurado está compuesto por el Magistrado-Presidente que es el que finalmente dicta la sentencia e impone, en su caso, la pena y medida de seguridad que corresponda al acusado; de todos los integrantes del Tribunal del Jurado el único lego en Derecho es el Magistrado.

Como conclusión final lanzaré dos preguntas: ¿es necesario modificar los requisitos del jurado por unos más exigentes en los que se incluya algún tipo de formación en Derecho? O ¿Debería eliminarse esta figura como tal y ser sustituida por un jurado integrado en su totalidad por abogados en ejercicio?


Sobre el autor

  • Sheila Puértolas Jiménez
  • Socia y Abogada de AAP Abogados