Después de recibir el informe del Consejo de Estado y de haber oído también las recomendaciones del Consejo Económico y Social, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes, el Ejecutivo ha dado luz verde a un texto, que, según ha asegurado la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, es «equilibrado» y «garantista».
El proyecto de ley ha sido suavizado respecto al borrador inicial que se aprobó a finales del año pasado y que ha suscitado las quejas de numerosos colectivos sociales y de extranjeros. Así, el texto limita la reagrupación familiar a los ascendentes de los inmigrantes residentes en España que sean mayores de 65 años, pero deja la puerta abierta a que también puedan venir a nuestro país ciudadanos menores de esta edad, siempre que «existan razones humanitarias».
Se evita de esta forma situaciones de ruptura en las familias, en las que, por ejemplo, un inmigrante pudiera traer a su padre, de 66 años, pero no a su madre por no haber cumplido la edad. En el anteproyecto de ley no se contemplaban estas razones humanitarias.
Otra de las novedades, según ha explicado De la Vega, es que se permite la reagrupación de las parejas de hecho. Y, además, se amplía el tiempo máximo que los ‘sin papeles’ pueden estar retenidos en un centro de internamiento de 40 a 60 días. Ésta es una de las medidas más criticadas de la nueva norma-, aunque ahora se van a incorporar algunas «garantías», como eliminar el párrafo inicialmente previsto que permitía ampliar el plazo de internamiento en caso de enfermedad del inmigrante o por otras causas no imputables a la Administración.
La ley, que es la sexta de la democracia y la cuarta desde 2000, se reforma para incorporar jurisprudencia reciente del Tribunal Constitucional, transponer varias directivas europeas, «perfeccionar el sistema de flujos migratorios», «aumentar la lucha contra la inmigración irregular» y «favorecer la integración» de los llegados de fuera.
