La propia parlamentaria era consciente de que su iniciativa sería derrotada, pero en su intervención explicó que, entre otras cosas, la presentó para que el proyecto de ley pudiera ser defendido por Carme Chacón en el Hemiciclo y debatido por todos los grupos.

En efecto, la ministra de Defensa presentó el proyecto que, tras muchos años de retraso, al fin ha elaborado el Gobierno.

El derecho de asociación de los militares fue reconocido por el Tribunal Constitucional en 2001 y el propio Ejecutivo se comprometió en 2005 a regularlo en una ley de derechos, pero hasta ahora no se había presentado un proyecto.

Según explicó Chacón, ha sido necesario reunir un amplio consenso para elaborar una norma que afecta a los derechos fundamentales de miles de ciudadanos, incluido un dictamen del Consejo de Estado, y poder idear un sistema en el que los militares puedan ejercer su derecho de asociación, con los límites que están recogidos en la Constitución.

La ley establece la creación del Consejo de Personal, en el que tendrán representación las principales asociaciones que se inscriban en un registro que creará el Ministerio de Defensa.

Su actividad se limitará a «plantear propuestas o sugerencias en materias relacionadas con la condición militar, el ejercicio de los derechos y libertades, el régimen de personal y las condiciones de vida y trabajo en las unidades» y podrán recibir información por parte del Ministerio.

No podrán, en ningún caso, intervenir en «la política de seguridad y defensa, el planeamiento y desarrollo de las operaciones militares y el empleo de la fuerza».

Igualmente, la norma prohíbe que los militares realicen actividades sindicales o políticas -de hecho, establece que no sólo no pueden desarrollarlas, sino que no deben permitir su ejercicio a otros-, por lo que las asociaciones no podrán realizar funciones de negociación colectiva, ni mucho menos hacer un llamamiento a la huelga. Tampoco podrán tener vinculaciones con organizaciones políticas o sindicales, ni realizar con ellas pronunciamientos o actos públicos, para garantizar así laneutralidad política de las Fuerzas Armadas, punto que ha resaltado Chacón durante su intervención.

Para facilitar el trabajo de las asociaciones, la ley establece que podrán difundir anuncios y comunicados en las unidades, y a última hora se incluyó en el proyecto que podrán reunirse en las unidades, siempre que el servicio de las mismas no se vea alterado.

La enmienda presentada por Rosa Díez recogía buena parte de las reclamaciones que ha hecho la mayoría de las asociaciones tras conocer el contenido del proyecto de ley.

Según UPyD, ésta es la oportunidad de otorgar a los miembros de las Fuerzas Armadas un amplio catálogo de derechos, pero el proyecto del Gobierno no lo aprovecha. Al contrario, para Díez el texto está «elaborado con muchos prejuicios, impregnado del inmovilismo de ciertos sectores de presión e influencia que no están dispuestos a que las cosas cambien de verdad en el Ejército».

Entre otras cosas, UPyD pide que el Consejo de Personal se elija a través de elecciones en los cuarteles, no mediante designación por parte de Defensa, que las asociaciones puedan disponer de más medios de financiación además de las cuotas de afiliados (por ejemplo, donaciones) y que se haga una interpretación más flexible del derecho de reunión y manifestación.

La mayoría de los grupos ha compartido las reclamaciones de UPyD, pero ha señalado que eso se podrá incluir a través de enmiendas parciales. Se abre así ahora un periodo de comparecencias y debates, en el que habrá más discusión que en el Pleno de hoy, pero que, en cualquier caso, no se impedirá que en 2011 se regule al fin el derecho de asociación de los militares.

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