La presentación se realizó en un acto en que hablaron el presidente del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti; el titular provisional del Consejo de la Magistratura de la Nación, Manuel Urriza; y el ex presidente de ese organismo, Luis María Cabra.
El inmueble está ubicado en Lavalle 1240 y cuenta con un ambiente denominado “Sala Cofre” que albergará, en forma centralizada, información judicial -datos de expedientes electrónicos y resguardos de archivos informáticos- de todos los tribunales y dependencias del Poder Judicial de la Nación.
Este Centro permitirá garantizar la continuidad y disponibilidad de toda la información y paulatinamente poner en práctica una serie de proyectos orientados a la “despapelización” de la Justicia, según los criterios establecidos en el Plan de Informatización presentado en el año 2008.
Dentro de los requerimientos técnicos específicos de la “Sala Cofre” se debe precisar: piso técnico elevado y modulado, Sistema de Climatización de precisión bajo piso técnico y del local, Sistema de Prevención, Detección y Extinción de Incendios, mobiliario tecnológico apropiado y un Control de Acceso de máxima seguridad.
La Sala está preparada para soportar, fuego, agua, impacto, explosión, balística y robo o cualquier tipo de agresión externa que vulnere la seguridad física e informática del recinto y del equipamiento alojado en su interior. Asimismo el Centro obtuvo las certificaciones emitidas por organismos internacionales dedicados a tal fin.
Trabajaron en forma conjunta en el diseño, la Comisión Informática y la Dirección de Infraestructura Judicial, y contaron además con la participación de otros organismos del Estado como AFIP y ANSES.
Lorenzetti destacó en su intervención que este proyecto se lleva a cabo en el marco de una política de estado, en la que no sólo interviene el Poder Judicial con el accionar de los funcionarios del Consejo de Magistratura y de la Corte Suprema, sino también el Poder Ejecutivo que aprobó e hizo posible una gran inversión económica.
Además, el Poder Legislativo tiene en proceso de aprobación un proyecto de ley que regulará el proceso de cambio y modernización de la actividad judicial.
Señaló también, que la sociedad civil participó en las numerosas audiencias públicas en las que se sometió a la discusión los pliegos de licitación, y puso de relieve que no hubo una sola objeción que paralizará el desarrollo del proyecto.
