La querella, representada por los abogados Juan Manuel Moreno-Luque y Antonio Panea en nombre de cerca de 300 afectados, acusa a los responsables del fondo de presuntos delitos de estafa material, apropiación indebida, maquinación para alterar la libre formación de precios en el mercado y publicidad engañosa, uso de información privilegiada y delito societario, así como los demás hechos punibles conexos con éstos.

La asociación presenta acusación contra el presidente y el vicepresidente y consejero delegado de la sociedad gestora del fondo, Santander Real State Sgiic, Matías Rodríguez Inciarte y Pedro Ruiz-Olivares García, respectivamente.

También formula cargos contra Alfredo Sáez Abad y Rodrigo Echenique Gordillo, presidente y vicepresidente segundo, respectivamente, de Banco Banif, depositario del fondo. La querella pide que se declaren responsables civiles, directos o subsidiarios a Santander Real State Sgiic, Banco Banif y Banco Santander.

La juez Belén Peña concluye que existen «características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal» y pide la apertura de diligencias previas, trasladando la querella al Ministerio Fiscal. Las partes tienen un plazo de tres días para presentar recurso de reforma contra esta resolución.

En los hechos denunciados se relata que Santander Banif Inmobiliario captó entre 2003 y 2006, 2.490 millones de euros asegurando que lo que se comercializaba era un fondo de inversión inmobiliario por tiempo indefinido, cuyo objetivo era obtener de los alquileres rentabilidades estables.

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