Con un cuarto de hora de retraso, pero rodeada de los flashes de los fotógrafos y las cámaras de televisión, la primera comparecencia de Soledad Becerril, nueva  Defensora del Pueblo, sirvió para presentar las lineas maestras de su entidad, marcadas por la austeridad, así también para describir las actuaciones más destacadas que pretende emprender en los próximos meses. En su intervención señaló que va a hacer otra recomendacion adicional al Gobierno sobre la figura del despilfarro de caudales públicos y que colaborará muy estrechamente con el Ministro Gallardon de cara a que se pueda impulsar lo antes posible un Estatuto de las Víctimas del Terrorismo.

       Después de agradecer el trabajo de sus antecesores «que han colocado a la institución en un lugar privilegiado, aunque el trabajo puede mejorarse», Becerril señaló su interés en acercar aún más la institución y que el ciudadano sepa que se le puede atender si tiene un problema. A este respecto, sobre los datos relacionados delnúmero de expedientes gestionados por la Institución en los primeros siete meses de 2012 reveló un notable incremento de las quejas relacionadas con la economía y finanzas:  «Si en 2011 el número de expedientes en materia económica alcanzó los 5.800, en la actualidad existen 5.500 expedientes en trámite sobre asuntos económicos como: problemas con los bancos, productos financieros, hipotecas y prestaciones o ayudas.»

   Por otra parte, en cuanto a las actuaciones previstas para los próximos meses, la Defensora comentó que las víctimas del terrorismo serán prioritarias en su mandato. En este sentido, explicó que ya ha mantenido una primera conversación con el Ministro de Justicia para informarle de que le hará llegar una propuesta de la Institución al Anteproyecto de Ley de Víctimas.

Un anteproyecto en el que se contempla la posibilidad de la creación de un Estatuto de la Víctima, en el que la Defensora quiere que se recoja el sentir de todas las víctimas. Para lograr este objetivo, Becerril ha anunciado que en septiembre iniciará contactos con todas las asociaciones de víctimas para preparar una batería de propuestas que hará llegar al Ministro de Justicia personalmente.

    En otro orden de temas, la Defensora señaló que promoverá nuevas recomendaciones para luchar contra el despilfarro de dinero público. Becerril ha celebrado que en el recién aprobado proyecto de Ley de Transparencia y Buen Gobierno se hayan recogido las recomendaciones de la Institución en esta materia y ha adelantado que la Defensoría aportará nuevas recomendaciones para que sean tenidas en cuenta a lo largo de la tramitación parlamentaria de la Ley.

A la Defensora le preocupa especialmente que se acometan proyectos que, en sus inicios, cuenten con una dotación presupuestaria que luego no sea suficiente para poder finalizarlos. Del mismo modo, ha hecho hincapié en que antes de iniciar estos proyectos hay que evaluar su verdadera necesidad. Por ejemplo, se ha referido a que a la hora de construir un polideportivo habrá que estudiar si hay otro cercano y si no sería más barato invertir en transporte para los usuarios de este polideportivo que levantar uno nuevo.

Una Institución más austera

Otra de las apuestas de la Defensora pasa por dirigir una Institución más austera. En este sentido, comentó una serie de recortes que ella misma ha calificado como simbólicos, ya que según ha explicado, el presupuesto de la Institución es uno de los más bajos dentro de las entidades estatales. En estos momentos asciende a unos 14 millones de euros

   De esta forma, los sueldos registrarán un recorte del 7,14% en los términos que establezcan las Cortes Generales. Además, tampoco se cubrirán las plazas por jubilaciones y se suprimirá el área de protocolo. También se recortará el número de coches oficiales, de seis a tres, se reducirán los viajes y participación en foros, conferencias y encuentros y se eliminarán las dietas. «Debemos contar con un personal más especializado y técnico en determinadas materias», para luego anunciar que Fernández Marugan, su adjunto, se encargará junto con su equipo de gestionar todas las quejas que vengan del campo económico financiero.

Además, todos los informes serán elaborados por los técnicos de la casa sin contar con expertos externos. Becerril también ha anunciado que no descarta tomar otras medidas de reducción presupuestaria en el futuro. «Creo que será bueno trabajar con evaluaciones quincenales internas, de tal forma que nos permitan saber en qué nuestros trabajos se retrasan y cuáles otros van por buen camino»,comentó. A este respecto, también intentará una mayor cooperación con la Comisión Mixsta de las Cortes del Defensor del Pueblo de tal forma que de forma mensual se establezca más diálogo, independientemente del informe anual que tradicionalmente se presenta en el Parlamento.

Sanidad, recomendaciones al Gobierno

Por otro lado, y también en este entorno de ajustes, el Defensor del Pueblo pedirá al Gobierno que preste atención sanitaria a inmigrantes en situación irregular y dispense fármacos a personas que «se encuentren en tratamiento prolongado que no pueda ser suspendido».

También reclamará que facilite transporte gratuito a quienes no puedan pagarlo y tengan que ir con periodicidad a recibir su tratamiento.

Son recomendaciones que la predecesora de Becerril realizó el pasado 20 de julio con motivo de la solicitud de IU de interposición de recurso de inconstitucionalidad contra el real decreto de medidas sanitarias, real decreto que mantenía en suspenso esta ayuda sanitaria a inmigrantes.

La nueva defensora ha anunciado que no recurrirán estas medidas ante el Tribunal Constitucional pero sí pedirá al Ejecutivo que cambie el grueso de ellas.

 Primeras actuaciones a corto plazo

En las próximas semanas, la Defensora ha anunciado que quiere visitar, personalmente, centros de menores, residencias de la tercera edad y salas de urgencias de diversos hospitales.

                También ha anunciado la elaboración de un informe sobre el ruido en las ciudades españolas y la presentación de un monográfico sobre Trata de seres humanos que tiene previsto presentar con motivo del Día Internacional contra la Trata de Personas que se celebra el 23 de septiembre.

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