El Congreso de los Diputados ha aprobado, con 341 votos a favor y una abstención el dictamen de la Comisión de Justicia sobre el Proyecto de Ley Orgánica complementaria a la Ley para la reforma de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de arbitraje y de regulación del arbitraje institucional en la Administración General del Estado, para la modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

Ahora que está en la Cámara Alta, DIARIOJURIDICO ha pedido la opinión de AEADE y a su secretario general, Javier Iscar para analizar estas reformas. En el cuadro adjunto a este comentario el lector puede verlas a fondo

Desde su punto de vista La Ley debe ser mejorada, pulida y retocada con la experiencia, pero de una forma discreta y eficaz que persiga la excelencia. El arbitraje necesita serenidad, certidumbre y seguridad jurídica y no zarandeos e improvisación, elementos que, lamentablemente, han sido protagonistas en algunos momentos de esta reforma.

Entrando en el texto, «hemos de hablar de alivio al no prosperar algunos cambios propugnados en la reforma. Se mantiene la posibilidad de pactar arbitraje de equidad en arbitrajes domésticos, y acierta también el legislador en ampliar a la condición de jurista la capacidad de ser árbitro en derecho. En todo caso, el reglamento de Aeade ya lo tenía recogido de esta manera.

Respecto a que las sociedades de capital se sometan a arbitraje, la nueva redacción establece que la introducción en los estatutos sociales de una cláusula de sumisión a arbitraje requerirá la mayoría legal reforzada del artículo 199, letra b) de la Ley de Sociedades de Capital (esto es 2/3), e incorpora que los estatutos sociales podrán establecer que la impugnación de los acuerdos por los socios o administradores quede sometida a la decisión de uno o varios árbitros, encomendándose su designación y el arbitraje a una institución.

La Dirección General de Registros y Notariado ya se había pronunciado varias veces sobre este tema y hay numerosas sentencias del Tribunal Supremo bendiciendo el arbitraje societario. Exigir que sea institucional es una injerencia en la voluntad de los socios que no podrán pactar arbitraje ad hoc, lo que creará problemas e inseguridad jurídica en los convenios pactados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley.

La atribución de funciones de apoyo, además de control, a la Sala Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia, como la designación o nombramiento de árbitros es un desacierto, puesto que derivará en lentitud y no se ofrecerá el servicio que se propone; concretamente en Madrid, donde se crea un juzgado con competencias exclusivas y se le sustrae una esencial, la designación del experto.»

Cuadro Resumen Proy Ley Reforma Arbitraje

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