El Colegio de Comisarios se ha puesto de acuerdo en presentar ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea la ley sobre el acuerdo ACTA para permitir que este Tribunal pueda llevar a cabo un examen detallado de si el ACTA está en consonancia con los derechos fundamentales europeos, derechos como la libertad de expresión y la protección de la información o de los datos y el derecho a la propiedad entre ellos el de la propiedad intelectual.

La Comisión Europea llevará ante el Tribunal de Justicia de la UE el Acuerdo Comercial de Lucha contra la Falsificación (ACTA). Según la Comisaria europea de Comercio, Karel De Gucht, se trata de un paso más para garantizar la claridad de ACTA. Con esta decisión, la Comisión pretende responder a las preocupaciones expresadas por personas de toda Europa en lo que al ACTA se trata y también si se perjudican los derechos fundamentales de algún modo.

Como se recordará, la Unión Europea suscribió a principios de esta año en Japón en Japón el Acuerdo Comercial Antipirateria (ACTA), un acuerdo internacional que busca combatir la piratería y las falsificaciones a nivel mundial.

 El acuerdo, al que se han suscrito 22 de los 27 todos los países de la UE -excepto Holanda, Chipre, Eslovaquia, Estonia y Alemania, que se espera que firmen el acuerdo más adelante – también ha contado con el apoyo de Estados Unidos, Australia, Canadá, Japón, Marruecos, Nueva Zelanda, Singapur y Corea del Sur.

ACTA es un acuerdo internacional de comercio que, según la Comisión, ayudará a los países trabajar juntos para abordar con mayor eficacia a gran escala las violaciones de derechos de propiedad intelectual. Entre los beneficios de este acuerdo, la Comisión considera que los ciudadanos se beneficiarán en gran medida del acuerdo ya que ayudará a proteger la materia prima de Europa, es decir, las innovaciones y las ideas. Asimismo, en mayo de 2011, la Comisión ya adoptó una estrategia para modernizar el marco jurídico de los derechos de propiedad intelectual.

Otro de sus objetivos es el “Endurecimiento de Derechos de Propiedad Intelectual” (de hecho, así se titula uno de los capítulos) y el establecimiento de unos procedimientos mínimos que premitan a los países firmantes coordinarse y luchar de una forma más efectiva contra la piratería a nivel internacional. El ACTA prevé nuevas sanciones penales para obligar a los proveedores de Internet a vigilar los contenidos en Internet. También se prevén sanciones civiles, por daños y perjuicios, a los intermediarios; pero el actual borrador del proyecto es sumamente impreciso y no especifica qué medidas concretas se llevarán a cabo, qué tipo de penas se impondrán, cuál será su cuantía y qué organismo intervedndrán en el proceso y cóm

La aprobación por el Colegio de Comisarios de someter la ley ante Tribunal de Justicia permitirá a este Tribunal realizar un examen detallado para conocer si el ACTA está en consonancia con los derechos fundamentales europeos, tales como la libertad de expresión y la protección de la información o de los datos y el derecho a la propiedad, incluido el de la propiedad intelectual.

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