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El Ministro de Justicia, Rafael Catalá

En su primer acto público, el nuevo ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha anunciado que una de las “señas de identidad” que quiere seguir durante su mandato es mantener “una profunda voluntad de diálogo para hacer una justicia más ágil y eficaz”. Además ha afirmado que van a luchar con firmeza para alcanzar las reformas que la Justicia en España necesita y buscando siempre el mayor consenso y participación de las partes en la aprobación de las nuevas leyes.

Catalá, ministro de Justicia, ha clausurado el Congreso de La Corte Civil y Mercantil de Arbitraje (CIMA), ante más de doscientos expertos del ámbito del arbitraje, nacional e internacional, del mundo de la empresa y de la judicatura, ha ofrecido toda la “colaboración y ayuda del Ministerio de Justicia” para fomentar esta vía extrajudicial de resolución de conflictos.

“Dentro del esquema de cómo entiendo una justicia moderna el arbitraje desempeña una función esencial”, ha sentenciado, al tiempo que ha reconocido que “con más de ocho millones de asuntos pendientes por resolver en los tribunales el desafío es consolidar una nueva cultura en la manera de resolver los conflictos en la sociedad”. Y más en un contexto, ha asegurado, de previsible crecimiento económico y con un 80% de la actividad de las empresas del IBEX 35 (el principal indicador bursátil) en el exterior: “el arbitraje ha sabido renovarse y ganar atractivo en las empresas deslocalizadas”, ha añadido.

Catalá ha instando a los árbitros y cortes como CIMA a seguir ganándose la confianza de la sociedad y los ha expuesto como ejemplo de “cómo la marca España puede fortalecerse desde el ámbito de la justicia: la seguridad jurídica de la que gozamos en nuestro país puede atraer nuevas inversiones”. Por otro lado, el ministro de Justicia ha asegurado además, que el “Nuevo Reglamento de CIMA es un bueno modelo a seguir”.

Consulta catalana

Tras clausurar el congreso de CIMA que cumple 25 años, el nuevo ministro de Justicia ha indicado que el Gobierno seguirá impugnando todas las actuaciones de la Generalitat y el Parlament de Cataluña que no se ajusten a la ley, como hizo ayer el Ejecutivo al pedir al Tribunal Constitucional la anulación de la junta electoral de la consulta. “Tanto la Abogacía del Estado como la Fiscalía están dando seguimiento a las actuaciones que están desarrollándose en torno a la consulta soberanista del 9N”, ha indicado.

“Seguiremos evaluando si las actuaciones que se desarrollan son adecuadas al marco jurídico y, si no es así, continuaremos con la labor de impugnación y de traslado o al Tribunal Constitucional o al orden Contencioso Administrativo de las actuaciones que incumplen la ley”, ha señalado.

En su opinión, el Gobierno trabaja para que “se cumpla la ley”, porque existen unas normas que obligan a todos los gobiernos “y todos los poderes públicos”, ha explicado en relación a las decisiones impulsadas por el Ejecutivo y el Parlamento autonómico catalán.

Ley de Tasas

El ministro de Justicia ha rechazado que esté pensando en eliminar la actual Ley de Tasas y que su objetivo pasa por “estudiar el sistema actual y, en su caso a proponer las mejoras que el sistema necesite” para lograr un sistema “proporcionado y equilibrado” que a derogarla.

“Vamos a estudiar la aplicación de la Ley de Tasas, y por lo tanto vamos a evaluar el impacto que está teniendo y en la medida que los operadores jurídicos y el conjunto de la comunidad jurídica valoremos la conveniencia de su ajuste lo tendremos en consideración”, ha señalado.

Catalá ha aclarado que él trabajó en el 2003 con el Gobierno que implantó las tasas y que considera «razonable» que exista un sistema de tasas “proporcionado, equilibrado y que en ningún caso evite el acceso a la Justicia, por supuesto, pero que sí introduzca un elemento de colaboración y copartición de los costes para aquellos que son unos usuarios cualificados”.

Caminos Paralelos

En el acto, Juan Serrada, presidente de CIMA, en su intervención de clausura del congreso ha defendido las relaciones entre justicia y arbitraje como “caminos que se encuentran y deben estar siempre presentes el uno en el otro”. Además, Serrada ha asegurado que el arbitraje está preparado para abrirse camino en el derecho público. “El árbitro es depositario de las confianza de las partes, es lo que debemos perseguir todos los que estamos en esta tarea”, ha concluido.

Por su parte, el subsecretario de Economía y Competitividad, Miguel Temboury, como árbitro y asociado de CIMA, ha defendido el prestigio de la Corte por su ejemplo de seriedad, de trabajo y de conocimiento de la materia. Ha apostado “por que se adopten todas las medidas para que Madrid sea sede de arbitraje internacional”.

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