El programa, que se puso en marcha a principios de año, tiene como objetivo extender el uso del catalán en la Administración de Justicia y consiste en fomentar la presentación de los escritos en lengua catalana y solicitar al juzgado que la documentación también se notifique en catalán. Los profesionales de la abogacía que, en el ejercicio del servicio del turno de oficio, presentan determinados escritos en lengua catalana, como una demanda, un recurso o una contestación, reciben una compensación de 14 euros por actuación. Las inscripciones se realizan a través del Consell de l’Advocacia Catalana, que lleva ya cerca de un millar de inscritos.

contencioso administrativoLas inscripciones se realizan a través del Servicio Lingüístico del Consell, que ofrece los recursos necesarios para que todo el que lo desee pueda inscribirse en el programa. En la página web del Consell se puede encontrar desde un traductor automático, hasta formularios jurídicos, diccionarios, manuales de estilo y de buenas prácticas lingüísticas, servicios de consultas lingüísticas o de corrección de textos, entre otras herramientas. El ritmo de las inscripciones en el programa, más de 900 en tres meses y medio, demuestra que está alcanzando una muy buena acogida por parte de los profesionales de la abogacía.

La Abogacía Catalana confía en que esta iniciativa contribuya a potenciar el uso del catalán en los juzgados ante el alarmante descenso de su uso en la Justicia experimentada en los últimos años. Según datos del Departament de Justícia de la Generalitat, en el año 2019 sólo un 8,5% de las sentencias dictadas en Catalunya fueron emitidas en catalán, frente al 12,2% de hace seis años. El descenso del uso del catalán en los juzgados es cada vez más preocupante desde que en 2004 se llegó a un máximo del 20% de sentencias en catalán. Para revertir esta tendencia se están llevando a cabo diversas iniciativas para el uso y promoción del catalán en la justicia incluidas en el Plan de trabajo suscrito por la Generalitat de Catalunya y el Consell de l’Advocacia Catalana, tales como la organización de jornadas de trabajo con todas las administraciones implicadas para poner en común las acciones a llevar a cabo, o el reconocimiento de los profesionales que incentivan el uso del catalán en los juzgados.

En este sentido, la presidenta del Consell de l’Advocacia Catalana y decana del Colegio de la Abogacía de Barcelona, ​​Mª Eugenia Gay, ha destacado «el derecho de la ciudadanía a utilizar el catalán como lengua oficial en Catalunya, tal y como reconoce el artículo 6 de nuestro Estatuto de Autonomía, teniendo los poderes públicos la obligación de establecer las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos lingüísticos de las personas ante las administraciones públicas». Para Gay, «las ratios del uso del catalán en la justicia nos señalan la necesidad de continuar incidiendo enérgicamente en la protección y el impulso de la lengua catalana, así como de llevar a cabo un ejercicio de responsabilidad colectiva para mejorarlas».

Por su parte, el presidente de la Comisión de Lengua del Consell de l’Advocacia Catalana y decano del Colegio de Abogados de Vic, Rogeli Montoliu i Casals ha alertado de «la situación crítica que vive hoy el catalán en el ámbito de la administración de justicia, donde su uso es absolutamente residual, a diferencia de lo que sucede en otros ámbitos «. Montoliu ha añadido que «resulta imprescindible la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial para proteger de manera efectiva los derechos lingüísticos de los catalanes y del resto de hablantes de lenguas cooficiales, así como el establecimiento del requisito de conocer el catalán a todos los jueces, fiscales y demás profesionales de la administración de justicia que ejerzan sus funciones en Catalunya». 

Montoliu ha celebrado el desarrollo del Programa de fomento del catalán en el ámbito de la justicia, del que ha dicho que «va en la buena dirección y debe contribuir a revertir la situación».

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