Cerca de una veintena de futuras leyes, pendientes por el adelanto electoral del 20N

Otra de las lecturas que se puede hacer del adelanto electoral anunciado por el presidente Zapatero el pasado viernes tiene que ser a la fuerza jurídico. Mientras que el propio presidente sostiene que las reformas económicas, sobre todo en materia de pensiones y en el campo laboral están encauzadas, los expertos, lejos de coincidir en este planteamiento, reclaman una política mucho más agresiva. La Reforma Laboral que ahora cumple un año no ha conseguido los efectos que se buscaban y el desempleo se dispara a los cinco millones desempleados. Falta saber si dará a tiempo en este interín de septiembre a aprobar la Ley de reforma de la negociación colectiva, auspiciada desde el Ejecutivo al no haber acuerdos entre sindicatos y patronal

En la actualidad, recordamos al lector de DIARIOJURIDICO que la reforma de las pensiones está pendiente de su paso por el Senado; además Zapatero avanzó en su intervención que aún hay tiempo para culminar ciertas normas ahora en tramitación como puede ser la reforma de la negociación colectiva, la ley de agilización procesal, la reforma de la Ley Concursal y dos de tipo social: la ley de reconocimiento a las víctimas del terrorismo y la ley de integración de trabajadores agrarios en el régimen general de la Seguridad Social.

Además de estas tres, hay otras muchas que aunque el Parlamento a las respectivas comisiones competencia legislativa plena –no ha de debatirse en pleno– será prácticamente imposible que se tramiten, salvo aquellas para las que el Gobierno ha pedido carácter de urgencia. Éstas son la que regula los servicios de atención al cliente destinados a los consumidores y usuarios, la de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, la de negociación colectiva, la de Instituciones de Inversión Colectiva, la del Mercado de Valores, la de Contratos de Distribución, la que modifica el sector de los Hidrocarburos sobre normas para el mercado interior de gas natural, la del funcionamiento de la cadena alimentaria y la del mercado interior de la electricidad.

Demasiadas teniendo en cuenta que el Congreso no abrirá el nuevo periodo de sesiones hasta el 6 de septiembre y el presidente firmará el decreto de disolución de Cortes el 26 del mismo mes para que el 27 se publique en el BOE y empiecen a contar los 55 días que establece la Constitución hasta la cita con las urnas.

A todo lo que queda pendiente hay que añadir, en forma de decreto-ley, las medidas económicas, que aprobará el 19 de agosto el Consejo de Ministros y que el Congreso tendrá que convalidar en los 23 días de septiembre que le restan de actividad hasta la disolución. Así que cuenten con que mucho de lo que queda pendiente de legislar acabe en la papelera, incluidas algunas de las que tienen carácter de urgencia como la del Sector Eléctrico, que obligará a las compañías a desglosar todos los costes en las facturas y de disponer de un teléfono gratuito de atención al cliente, y que además adapta el concepto comunitario de «consumidor vulnerable» para asimilarlo al «bono social» existente en España.

LECRIM, futuro dudoso

Por su parte, los sindicatos policiales y las asociaciones de jueces consideran que la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal aprobada por el Consejo de Ministros no es más que ‘un brindis al sol’ y que ‘ni soñando’ será aprobada esta legislatura puesto que requiere de un amplio consenso por parte de las fuerzas políticas

Así lo expresó el portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), José María Benito, que ha dicho tener la sensación de que la nueva ley, que otorga al Fiscal la investigación de los hechos delictivos, es ‘un brindis al sol’ que no saldrá adelante en lo que resta de legislatura ya que su aprobación requiere de ‘un debate bastante largo’

El portavoz de la Unión Federal de la Policía (UFP), Alfredo Perdiguero, también criticó las prisas del Ministerio de Justicia por ‘sacar corriendo’ una reforma tan profunda del proceso penal. ‘Si se van a ir, ¿por qué no intentan sacar una buena ley consensuada, por qué quieren imponer algo que en muchos casos sólo favorece al detenido?’, se ha preguntado.

El sindicato policial también reprueba que la norma perjudica en muchos casos la investigación que llevan a cabo las Fuerzas de Seguridad y destaca que hacer público el nombre de los detenidos facilita a menudo el curso de las pesquisas. ‘Pueden aparecer más testigos o víctimas’, ha explicado.

Desde la asociación Jueces para la Democracia (JpD) se apoya no comunicar el nombre de los investigados –este término sustituye al del actual imputado– para salvaguardar su derecho a la presunción de inocencia y su intimidad. ‘Ahora la mayor parte de la población tiene la falsa idea de que una persona investigada es culpable’, precisó

Su portavoz José Luis Ramírez ve también razonable que se limite el ejercicio de la acción popular para sindicatos, partidos políticos o administraciones públicas ya que ‘ha habido bastantes excesos y abusos’ y esta acusación se ha utilizado como ‘arma arrojadiza en causas en las que estaba implicado el partido adversario’. A su entender, dar la instrucción penal al Ministerio Fiscal conlleva ‘un mejor’ sistema judicial.

Para la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, su portavoz Marcelino Sexmero cree que las posibilidades de que la nueva LECrim salga adelante esta legislatura son ‘bastante escasas’. ‘Una reforma tan profunda requiere de un mayor consenso, no hay meses suficientes para que pueda llegar a buen término’, ha añadido.

Recuerda que la actual Ley de Enjuiciamiento Criminal ya contempla que la instrucción sea reservada. ‘Lo que ocurre es que, como no hay una declaración expresa, no se aplica y se da la identidad de los detenidos’, ha indicado, para mostrar su acuerdo con dar una mayor protección a la presunción de inocencia de los investigados.

No obstante, la asociación emplaza a reformar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para garantizar la independencia y no mermar el derecho a la tutela judicial efectiva.

Leyes sociales, pendientes

En este repaso por las tareas legislativas pendientes del gobierno de Zapatero, es muy posible que queden sin aprobarse la ley reguladora de los derechos de la persona ante el proceso final de la vida, más conocida como Ley de Muerte Digna y otras de carácter social a las que el Gobierno ha dado relevancia en los últimos meses, como el de la igualdad de trato y la no discriminación.

Igual camino va a tener la Ley de Transparencia aprobada en el último Consejo de Ministros, una reivindicación de hace casi siete años pero al estar aún en anteproyecto de ley no hay el tiempo suficiente para su convalidación parlamentaria adecuada. Lo mismo pasará por la Ley de Igualdad de Trato impulsada por la Ministra Pajín y que tantas críticas ha generado su creación por generar conflictos de competencias con otros organismos ya operativos

O el proyecto de Ley de Servicios Funerarios, un texto que pretende simplificar y abaratar los trámites que se producen tras un fallecimiento. Incluso hay textos que esperan su tramitación desde 2009, uno de ellos procedente de la anterior legislatura, aunque el Gobierno socialista lo volvió a remitir a las Cortes: el proyecto de Ley General de Navegación Marítima.

Esta norma, a la vista de las continuas ampliaciones de plazos de enmiendas que sigue registrando, y ante la urgencia que requieren otros proyectos, tiene todos los visos de quedarse sin aprobar también en esta legislatura.

LOS DEBERES LEGISLATIVOS PENDIENTES DEL GOBIERNO

Ley de Electricidad