El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) señaló ayer en la convocatoria del Senado que “la exclusión sistémica y estructural de las personas con discapacidad, con dificultades severas de acceso a bienes sociales básicos y al ejercicio regular de derechos fundamentales, hace necesario que en la acción política y legislativa esté presente la discapacidad desde un enfoque exigente de derechos humanos, de inclusión y de extensión de bienestar. Es el momento y no se puede desaprovechar”.

Así se contundente fue el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, durante su comparecencia y en sus declaraciones, en la Comisión legislativa de Políticas Integrales de la Discapacidad, que fue creada antes del verano.

En este sentido, Pérez Bueno expresó la “satisfacción” del CERMI y felicitó a la Cámara Alta por la creación con el carácter de permanente y legislativo de esta Comisión, que junto a la que ya existente en el Congreso y que en los meses pasados también fue dotada de carácter legislativa, “contribuirá a que los derechos humanos, la inclusión y el bienestar de las personas con discapacidad y sus familias estén en mejores posiciones en la agenda política”.

Entre las prioridades que fueron planteadas por el presidente del CERMI para esta próxima legislatura se encuentra la de reformar la Carta Magna con el fin de constitucionalizar los derechos sociales como fundamentales, así como la aprobación de una ley estatal que de garantía a los derechos sociales y otra de carácter orgánico para adecuar el ordenamiento jurídico español a la Convención de Naciones Unidas de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Por otro lado, y con carácter de urgencia, se solicitó la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) para acabar con la privación del derecho al voto que sufren casi 100.000 personas en España que sufren algún tipo de discapacidad intelectual, enfermedad mental o deterioro cognitivo, lo que vulnera los derechos de las Personas con discapacidad establecidos por la Convención de la ONU.

Para avanzar y mejorar en la implementación de este tratado en nuestro país, el máximo representante del CERMI ha convocado a los grupos parlamentarios encargados, para llevar a cabo una reforma de la LOMCE con el fin de poder establecer un único sistema educativo inclusivo, evitando así, la segregación por razón de discapacidad que genera la falta de apoyos en el sistema ordinario, reconvirtiendo los actuales centros de educación especial y aprovechando su “amplio conocimiento y experiencia”.

Empleo y accesibilidad a las personas con discapacidad

Siguiendo la línea de la campaña propuesta por el CERMI, Horizonte Accesibilidad 4 diciembre 2017, para denunciar cada mes la ausencia de accesibilidad en un determinado ámbito, Pérez Bueno recordó que el plazo legal para que todos los entornos, bienes y servicios de interés sean accesibles concluye en menos de tres meses.

En lo que a materia de accesibilidad se refiere, el representante de la entidad exige la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal para que ninguna persona que sufra algún tipo de movilidad reducida se vea limitada a la hora de poder acceder a su domicilio, por la existencia de algún tipo de barrera arquitectónica, algo que en muchos inmuebles es fácil de encontrarse, sin que las comunidades de propietarios den solución a este problema. Asimismo, se subraya la necesidad de aprobar una ley a nivel nacional que obligue a que, en las gasolineras, exista personal de atención para aquellos conductores con movilidad reducida, por el difícil acceso que tienen a la hora de repostar carburante.

Ha instado, asimismo, a crear el Fondo para la Accesibilidad Universal, que se nutriría destinando el 1% de los presupuestos del Estado en materia de Fomento y Agenda Digital y de los ingresos de las sanciones económicas de la administración general del estado por infracciones por ausencia de accesibilidad.

En materia laboral, ha lamentado que exista en España un nivel de exclusión tan alto, hacia las personas con discapacidad, superior al resto de la población. Para revertir esta situación, ha exhortado al Ejecutivo y al Legislativo a impulsar medidas que sirvan para elevar la tasa de actividad de las personas con discapacidad en cinco años del 38% actual al 50%.

Igualmente, ha prestado especial atención a las mujeres y niñas con discapacidad (el 60% del total de la población con discapacidad en España), exigiendo que se tengan a bien sus necesidades, y haciendo hincapié en que es necesario que las víctimas que sufren violencia de género con discapacidad puedan encontrar y encuentren los apoyos necesarios a la hora de denunciar y salir de la situación de violencia en la que pueden verse sometidas.

Reforzar la lucha contra el juego ilegal; la reforma de la Ley del Jurado para que las personas con discapacidad puedan formar parte de un jurado popular en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía; legislar para que las personas con discapacidad gocen de la misma capacidad jurídica ante la ley; supresión de la esterilización forzosa en el Código Penal; eliminar el internamiento no voluntario de personas con discapacidad psicosocial, y la creación de un espacio común sociosanitario que mejore la atención que reciben las personas en el Sistema Nacional de Salud (SNS) han sido otras demandas planteadas por el presidente de la entidad.

Dentro del ámbito sociosanitario se ha vuelto a poner de manifiesto la necesidad de actualizar el Catálogo Ortoprotésico y la importancia de reforzar el Sistema de Atención a la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, una vez ha transcurrido más de una década desde su aprobación. En este sentido, se recordó que la iniciativa legislativa popular promovida por el CERMI para modificar los actuales criterios de copago está pendiente de ser tramitada en el Parlamento después de haber recabado el apoyo de casi 740.000 españoles.

Por último, y ampliando más allá el foco de la discapacidad, el responsable del CERMI pidió “reinventar el modelo de sostenimiento” de financiación del Tercer Sector de Acción Social después de que el sistema que ha estado en funcionamiento durante muchos años haya dejado de estar vigente por una sentencia del Tribunal Constitucional.

Opinión y deberes de los Grupos Parlamentarios

El senador de Ciudadanos Tomás Marcos, vocal de los grupos parlamentarios, puso el acento en la necesidad de implementar un único modelo de educación inclusiva y destacó que “el motor de nuestra acción legislativa tiene que ser algo tan sencillo, pero a la vez tan difícil, como la Convención de la ONU de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en la que se insta a los estados firmantes del tratado a garantizar la igualdad de las personas con discapacidad”.

La portavoz del Grupo Popular, Isabel Sánchez, resaltó la necesidad de que la empleabilidad de las personas con discapacidad siga incrementándose y subrayó que se siente “orgullosa” de que el Gobierno, entre otras acciones, haya adoptado diferentes medidas para abonar el pago de facturas pendientes a organizaciones sociales.

Desde Unidos Podemos, la senadora Virginia Felipe se centró en la atención en los incumplimientos en materia de accesibilidad por parte del Estado español, lo que, en su opinión, “vulnera los derechos humanos” de las personas con discapacidad.

Nerea Ahedo, del PNV, mostró el “compromiso” de su grupo para “trabajar en todo lo que queda por hacer”, mientras que el senador socialista Nemesio de Lara expuso que algunas de las preocupaciones del PSOE como son la falta de accesibilidad al teléfono 112 o la falta del derecho al voto de personas con discapacidad.

Fuente: CERMI

Dejar una respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.