El proyecto de Ley “Naín-Retamal” refuerza y protege la función de Carabineros, Policía de Investigaciones y Gendarmería, así como de la policía marítima y de aeronáutica civil.
Tras más de 10 horas de debate, la iniciativa quedó en condiciones de ser remitida a la Cámara de Diputadas y Diputados.
Luego de un arduo debate y búsqueda de acuerdos, la Sala del Senado despachó a tercer trámite, a la Cámara de Diputadas y Diputados el proyecto que refuerza y protege la función de Carabineros, Policía de Investigaciones y Gendarmería, así como de la policía marítima y de aeronáutica civil, más conocido como Ley Naín – Retamal.
Durante el despacho del articulado se lograron acuerdos en torno a la regulación de presunción de la legítima defensa y de mantener dicha regulación en el Código Penal. No obstante, algunos senadores de gobierno también anticiparon reservas de constitucionalidad, respecto a otras normas, como por ejemplo, el artículo primero sobre el estatuto de protección, donde se rechazó la indicación propuesta por el Ejecutivo y en el artículo nueve, sobre atenuantes y agravantes de las penas, entre otros.
Al término de la votación el Presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, valoró el trabajo desarrollado por los distintos sectores políticos, en la Comisión de Seguridad Pública y al Ejecutivo “porque cuesta llegar a acuerdos, hay que tener coraje y creo que la propuesta recoge el espíritu de la ley Naín y ley Retamal, es decir, un mayor cuidado a nuestras policías y fuerzas de orden y seguridad”. “Esto nos va a permitir, junto a otras leyes, que ya se han ido aprobando en la agenda de seguridad, ir avanzando en nuevas herramientas para el combate a la delincuencia”.
En tanto, el vicepresidente de la Corporación, senador Francisco Huenchumilla, reconoció que “no quedé muy contento con el proyecto. No es bueno legislar a la rápida, sobre todo cuando son materias complejas y difíciles desde el punto de vista jurídico. Hay que legislar con la pausa necesaria, sobre todo en el Senado, para hacer un buen texto de ley” y añadió que “creo que este proyecto no está cerrado y debiera estudiarse la posibilidad de un veto presidencial”.
Entre los argumentos esgrimidos a favor de la iniciativa se mencionó que ésta «otorga herramientas al Estado para asegurar el orden público» y permite que «las policías puedan cumplir sus labores de orden y seguridad con mayores certezas jurídicas».
Además, se busca «dar mayor protección y garantías para que las policías, gendarmería y las Fuerzas Armadas (cuando cumplen rol de orden público), la policía marítima y la Dirección General de Aeronáutica, puedan cumplir su labor».
Agregaron que tales atribuciones, así como la figura de la legítima defensa no implica que haya impunidad, pues el proyecto no exime «per sé» la responsabilidad penal del funcionario policial, pues «para que opere esa figura tendrá que operar el Ministerio Público».
No obstante, en el sentido contrario, hubo senadores y senadoras que advirtieron que existen «inconsistencias» en la iniciativa y un tratamiento «confuso» en cuanto a las normas de legítima defensa privilegiada que podrían ser declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional, por lo que plantearon «resolver de mejor manera estos aspectos en una Comisión Mixta o con un veto presidencial».
Tal como está el proyecto se podría considerar como una «ley gatillo fácil» que además podría derivar en una suerte de «impunidad retroactiva».
Finalmente, agregaron que existen «otras falencias en lo relativo a eximir de responsabilidad del mando» y otras disposiciones que no estarían bien resueltas en la iniciativa y que irían en directo desmedro de la protección y respeto de los derechos humanos.
