El exdirector de Migraciones el Estado afirmó que Chile solo tiene capacidad para cumplir con el 5% de la meta
Desde que asumió la presidencia de Chile el 11 de marzo de 2026, José Antonio Kast ha implementado una política migratoria de «mano dura», enfocada en la expulsión de extranjeros en situación irregular y el endurecimiento de los controles fronterizos.
Durante su campaña, Kast defendió una política migratoria de línea dura, que incluye la construcción de muros y vallas fronterizas, el uso de tecnología de vigilancia y la expulsión de migrantes en situación irregular. Estas propuestas hacen parte de su plan denominado Escudo Fronterizo, que contempla zanjas, drones con reconocimiento facial, radares térmicos y un mayor uso de la fuerza del Estado en las zonas limítrofes, además de sanciones a empleadores y arrendadores que vinculen a personas sin estatus migratorio regular.
El exdirector de Migraciones, Luis Thayer, calificó como irresponsable la promesa del Gobierno de ejecutar expulsiones masivas. Según Thayer, aunque hay más de 45,000 expulsiones administrativas dictadas, el ritmo actual de tres aviones mensuales apenas permitiría sacar a 2,400 personas al año.
El ex funcionario confirmó que dictar una expulsión es un trámite obligatorio por ley, pero concretarse depende de recursos policiales y, sobre todo, de una gestión diplomática con Venezuela que ha sido intermitente. Advirtió además que es ilusorio esperar que los ciudadanos venezolanos regresen voluntariamente de forma masiva mientras la crisis en su país continúe.
José Antonio Kast, propuso la creación de un “corredor humanitario” para devolver a los migrantes a sus países de origen.
La medida busca coordinar esfuerzos regionales para enfrentar lo que calificó como un impacto negativo de la migración en Chile. “Hemos planteado a diferentes presidentes en ejercicio que tenemos que tener coordinación para abrir un corredor humanitario de devolución de estas personas a sus respectivos países”.
El gobierno de Chile ha intensificado los controles migratorios y las expulsiones de inmigrantes en situación irregular a partir de abril 2026, bajo la administración de José Antonio Kast. Estas acciones incluyen controles de identidad en espacios públicos y una política activa de expulsiones administrativas y judiciales, con el objetivo de combatir el ingreso irregular y el crimen organizado.
Chile inició sus deportaciones masivas, siendo los colombianos el mayor grupo en primer vuelo de expulsión. Además de los colombianos, el vuelo incluyó 17 ciudadanos bolivianos y 4 ecuatorianos. Según información oficial, varios de los deportados se encontraban en situación irregular y algunos contaban con antecedentes penales en territorio chileno.
No obstante, la evidencia científica y los datos policiales en diversos países muestran que no existe una relación directa entre el aumento de la inmigración y el incremento de la delincuencia. La criminalidad está más vinculada a factores socioeconómicos, como la pobreza y la exclusión, que al origen nacional. A menudo, la población inmigrante está subrepresentada en las estadísticas de condenas, y las tasas de criminalidad pueden disminuir incluso con una mayor llegada de inmigrantes.
