El Ministro Hernán Larraín entregó detalles del proyecto que promueve el uso del control telemático para casos de violencia intrafamiliar que sean considerados graves.

TFGP.

El Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, junto al Presidente Sebastián Piñera y a la Ministra Isabel Plá, presentaron el proyecto en la ceremonia del Día Internacional de la Mujer.

En dicho evento, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos explicó:

“En el año 2019, los tribunales dictaron más de 2.600 órdenes de alejamiento para agresores de mujeres, calificados como de alto riesgo, en el contexto de violencia intrafamiliar.”

“Pero lamentablemente, con las herramientas que hoy tiene el sistema, no es posible controlar que esa prohibición de acercamiento se cumpla, razón por la cual hubo muchos casos donde las mujeres volvieron a ser agredidas.”

“Con esta iniciativa, impulsada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y el Ministerio de la Mujer, vamos a controlar a distancia, y de manera eficiente, que se cumplan estas medidas, para proteger así a todas las personas que son víctimas de agresiones por parte de sus parejas.”

El proyecto de ley establece el control de monitoreo telemáticos para casos graves de violencia intrafamiliar. Esta medida permite que, una vez realizada la denuncia y formalizado el agresor, haya un mecanismo efectivo de control.

El contralor se llevará a cabo a través del monitoreo telemático, el cual permite vigilar el cumplimiento la medida cautelar de prohibición de acercamiento a la víctima, especialmente en aquellos casos que son catalogados como de alto riesgo.

Esta normativa promueve un monitoreo bilateral, incorporando un control de seguimiento a la ubicación del imputado o condenado con objeto de alertar cualquier acercamiento a la víctima, que también estará localizada.

Este sistema también será aplicado para casos de prisión preventiva. Es que para finales del 2019 las cárceles chilenas han llegado a albergar un total de 43 mil personas. De este número, casi 15 mil casos corresponden a imputados que estaban en prisión preventiva, representando así al 33% de la población penal.

Ello da cuenta del excesivo uso que se le da a esta medida cautelar por parte del Ministerio Público y tribunales. Como una forma de remediar esto, este proyecto de ley también establece tres casos concretos en que la prisión preventiva se pueda cumplir bajo la modalidad de arresto domiciliario total, controlado a través de dispositivos de monitoreo telemático.

1) Cuando el imputado sea una mujer embarazada o una madre que tenga un hijo o hija a su cuidado, que no haya alcanzado los tres años de edad.

Este criterio se sustenta en el limitado acceso a atención obstétrica y ginecológica que existe al interior de las cárceles, y la escasa atención pediátrica a la que pueden acceder las mujeres con hijos pequeños, resguardando su integridad en periodos de embarazo o lactancia.

2) Cuando el imputado tenga 75 años de edad o más. La vejez es una etapa de la vida que se caracteriza por procesos degenerativos, tanto físicos como psicológicos.

La privación de libertad complejiza aún más este escenario. Las cárceles no cuentan con la infraestructura necesaria para albergar a una persona con movilidad reducida, y las exigencias del régimen disciplinario interno no son compatibles con las necesidades de esta población.

3) Cuando la eventual condena al imputado, sea una pena sustitutiva que se cumpla en libertad.

Fuente: Ministerio de Justicia, Gobierno de Chile

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