En la Comisión Primera del Senado avanza el debate del proyecto de ley estatutaria sobre jurisdicción rural y agraria.

Este Proyecto dispone de herramientas que buscan equilibrar la desigualdad en las relaciones de uso y tenencia de la tierra y de acceso a la administración de la justicia.

Se trata del Proyecto de Ley Estatutaria No. 395 de 2021 Senado – 134 de 2020 Cámara, “Por la cual se crea una especialidad judicial agraria y rural, se establecen los mecanismos para la resolución de controversias y litigios agrarios y rurales y se dictan otras disposiciones”.

El proyecto busca crear despachos judiciales itinerantes, así como la posibilidad que le permite al juez de única o primera instancia, conceder en su fallo más de lo que el trabajador solicitó en la demanda (fallos extra y ultra petita).

Asimismo, prevé mecanismos alternativos de resolución de conflictos y herramientas que buscan equilibrar la desigualdad en las relaciones de uso y tenencia de la tierra y de acceso a la administración de la justicia.

La senadora María Fernanda Cabal (Centro Democrático) no es cierto que no exista una jurisdicción agraria, haciendo un recuento de las leyes y decretos expedidos desde 1936.

Solicitó archivar este proyecto debido a que en Colombia ya existe una jurisdicción agraria y se encuentra contenida en la jurisdicción ordinaria que cuenta con una sala Civil y Agraria. Asimismo, advirtió que “con este proyecto se crearán nuevos cargos en la rama judicial, aumentando costos en al menos 400 mil millones de pesos al año”.

Opuestamente, como coordinadora ponente, la senadora Angélica Lozano (Alianza Verde), afirmó que este proyecto es muy importante porque mitiga la escuálida implementación del Acuerdo de Paz; resolviendo, además, la falta de presencia institucional frente a los problemas de la tierra.

Existe una deuda histórica con el campo colombiano y afirmó que “somos expertos en tener leyes en el papel que no se traducen a la vida real ni garantizan los derechos de las personas.”

Los objetivos de la especialidad son “integrar un cuerpo normativo procesal agrario y rural; así como establecer una justicia agraria permanente para resolver conflictos históricos asociados a la tierra y para ejercer presencia institucional por parte del estado en zonas rurales; y garantizar los derechos fundamentales de la población rural, en especial los de acceso a la justicia, del debido proceso, de resolución pacífica de los conflictos y del uso de mecanismos alternativos para su resolución, de justicia que responda a la realidad de los territorios”, señaló la senadora. 

Para el senador Julián Gallo (Partido Comunes), es urgente que el Estado avance en un diálogo con los distintos sectores sociales que se movilizan y que se cumpla con lo pactado en el Acuerdo del Paz.

Por su parte, el senador Roy Barreras, sostuvo que con este proyecto se está construyendo la arquitectura institucional necesaria para que el Estado pueda cumplir con su función de dirimir los conflictos por medio de la ley y se debe tener claro que este proyecto no se relaciona con la restitución de tierras.

No obstante, para la senadora Paloma Valencia (Centro Democrático) el problema de la justicia colombiana no se resuelve creando especialidades, “Colombia es uno de los países que más tiene jueces y pese a ello la congestión es más alta que en otros”.

Fuente: Prensa Senado de la República de Colombia


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