Comunidades del departamento del Chocó, clamaron auxilio al Gobierno Nacional en audiencia pública de la Comisión de Derechos Humanos.

 

Representantes sociales e indígenas denunciaron el abandono del Estado ante la crisis humanitaria y social que golpea a esa región.

En el desarrollo de la audiencia de la Comisión de Derechos Humanos fueron denunciados por las comunidades del Chocó varios hechos que serán objeto de una solicitud por parte de la célula legislativa al Gobierno Nacional para atender y buscar soluciones en corto y mediano plazo.

Al evento virtual citado por la senadora, Criselda Lobo (Farc), asistieron tanto representantes de las comunidades indígenas del Bajo Baudó y Afro como de la capital del Chocó, Quibdó.

En dicha convocatoria se expuso la problemática surgida especialmente en los últimos años por la presencia de grupos armados al margen de la ley, que se vienen enfrentando por la supremacía de la territorialidad de esa zona del pacífico colombiano, enmarcado por el narcotráfico, plantaciones ilícitas y la minería ilegal entre otros.

Los participantes de las poblaciones afectadas por estos hechos, reclamaron atención del Gobierno que les garanticen seguridad como también acciones sociales y apoyo para resolver problemas en materia de salud, educación, vías, oportunidades de empleo, proyectos productivos y una política para la protección de los menores y violencia intrafamiliar.

Hermencia Palacios, asistente al evento virtual por el Comité Cívico por la Salvación y la Dignidad del Chocó, señaló que su región ha sido tal vez la más afectada, no solo por la violencia que se ha venido desatado en esa zona, sino por el confinamiento que ha evidenciado aún más la crisis que persiste en el sector de la salud .

“Este encierro impide las labores en los campos y los habitantes se han convertido en mendigos y que no reciben recursos y son muy pocas las ayudas que han llegado para atender a las familias”, remarcó.

Añadió también que “se requieren inversiones en los establecimientos educativos, generación de empleos, protección al Río Atrato y acciones para que cesen las amenazas contra líderes sociales y a la población en general y solicitamos mejores condiciones de vida, trabajo y paz con justicia social”.

Eugenio Mosquera, coordinador de la mesa de Derechos Humanos del Chocó, en su intervención afirmó que “el Estado no ha cumplido y tenemos compromisos no cumplidos como en salud, educación y es una violación a los derechos humanos, ya que estamos sumergidos en la violencia.”

También resaltó la cantidad de gente que se encuentra desplazada y que ha tenido que ir escapando. “Además otro problema agudo es el desempleo en todo el departamento que no permite surgir y sí ha aumentado el hambre y la miseria”, reiteró.

Finalmente, Ana Julia Hidalgo, Líder social de Quibdó, se pronunció seguidamente “las mujeres en esta región hemos sido el mayor número de víctimas ha aumentado los casos de abusos sexuales y de violaciones como de maltrato intrafamiliar durante esta pandemia, el Covid-19 no nos deja trabajar y como si fuera poco, nosotras ahora tenemos la carga de ser padre y madre al tiempo, dificultando nuestra labor y sin recursos, ni ayudas ni beneficios”.

El Coronel John Alzate, director de la oficina de Derechos Humanos del Ministerio de la Defensa, señaló que se están realizando acciones para mitigar la presencia de los grupos armados y adelantando otras labores con la Fiscalía General de la Nación, donde se han logrado importantes avances como fue detectar a los miembros de un grupo armado que ultimó a un líder indígena a inicios del año.

Por su parte, Michael Guerrero, delegado de la Consejería Especial de los Derechos Humanos de la Presidencia de la República, afirmó estar atendiendo y escuchando todos los reclamos ágilmente.

Fuente: Prensa Senado de la República de Colombia

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