El intendente de la SIJIN fue condenado a 120 meses (10 años) de prisión por su implicación directa en las interceptaciones telefónicas ilegales
SIJIN (Seccional de Investigación Criminal)
La SIJIN es una unidad operativa de la Policía Nacional de Colombia que ejerce funciones de policía judicial a nivel local, departamental y en las áreas metropolitanas
Alfonso Quinchanegua, intendente de la SIJIN fue por su implicación directa en las interceptaciones telefónicas ilegales —conocidas como «chuzadas»— realizadas a Marelbys Meza, exempleada de Laura Sarabia (exjefa de gabinete del gobierno nacional).
Las interceptaciones telefónicas ilegales son comúnmente conocidas como «chuzadas» y gira en torno al uso de informes falsos de inteligencia penal para interceptar las líneas de ciudadanos sin justificación legal.
En Colombia, la intercepción ilegal de teléfonos (conocida popularmente como «chuzada» o violación de comunicaciones) es un delito penal grave que atenta contra la intimidad y los derechos fundamentales.
Miembros de la SIJIN adscritos a la Policía de Bogotá incluyeron los números de teléfono de Marelbys Meza y de una empleada doméstica en un informe de inteligencia falso destinado a combatir al grupo criminal «Clan del Golfo».
Fueron camufladas bajo alias criminales con el fin de obtener la autorización de un fiscal para interceptar sus comunicaciones de manera ilegal. La operación ocurrió tras la pérdida de un dinero en efectivo en la residencia de Sarabia.
En Colombia, el teléfono de Laura Sarabia no fue el interceptado, sino que miembros de la Policía Nacional interceptaron ilegalmente a sus empleadas domésticas—la niñera Marelbys Meza y la trabajadora por días Fabiola Perea— tras la pérdida de un maletín con dinero en efectivo en el apartamento de la entonces jefa de gabinete en enero de 2023.
Agentes de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (Dijín) y de la Sijín en Bogotá alteraron y falsificaron informes de policía judicial. En dichos reportes inventados, hicieron pasar a la niñera Marelbys Meza bajo el alias de «La Cocinera» y a Fabiola Perea como alias «La Madrina».
Para darles una fachada de alta peligrosidad, los uniformados alegaron falsamente que los números telefónicos pertenecían a un círculo de confianza y soporte de alias ‘Siopas’, un cabecilla principal del grupo armado ilegal Clan del Golfo en el departamento del Chocó.
Utilizando este reporte falso que asociaba las líneas con una investigación activa de crimen organizado y narcotráfico, los policías indujeron a error a una fiscal legítima de la Nación. Bajo este engaño, la fiscal solicitó las órdenes de interceptación ante un juez de garantías, quien autorizó formalmente las escuchas creyendo que rastreaba a criminales de alto impacto.
Un juez avaló un principio de oportunidad parcial a favor del capitán Óscar Leandro Mojica Cordón, oficial investigado por la violación ilícita de comunicaciones. El oficial aceptó su responsabilidad y se convirtió en testigo de la Fiscalía para declarar en contra de otros uniformados e implicados de la cadena de mando.
