Fiscalía de Tabasco formaliza acusación contra Hernán Bermúdez Requena, presunto líder del grupo criminal conocido como “La Barredora”
La Fiscalía General del Estado (FGE) de Tabasco presento este jueves una acusación formal contra Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad estatal, por su presunta responsabilidad en el delito de desaparición forzada de personas. Así, el Ministerio Público dio inicio a la etapa intermedia del proceso penal contra el exfuncionario.
El exsecretario de Seguridad, detenido en Paraguay en 2025 y extraditado a México, permanece recluido en el penal de máxima seguridad de El Altiplano y mantiene su derecho a la presunción de inocencia mientras avanza el proceso judicial. Antes de que termine 2026, podría llegar la etapa final del juicio contra el exfuncionario.
Al haber sido titular de la seguridad en el estado (2019-2024), la Fiscalía le atribuye el uso de recursos y fuerza pública para la captura y posterior desaparición de personas de forma ilegal, cooperando activamente con las actividades de su organización delictiva.
Cabe destacar que de las investigaciones de las autoridades y reportes de inteligencia militar (como los de Sedena Leaks) señalan a Bermúdez Requena, apodado el «Comandante H», como el presunto fundador y líder de la célula criminal «La Barredora», la cual está vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La célula criminal «La Barredora» operó una red de desaparición forzada de personas, la cual fue facilitada e implementada directamente desde las estructuras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Tabasco.
La red criminal utilizaba a elementos de la policía municipal y estatal para montar retenes ilegales, donde interceptaban, extorsionaban, secuestraban o desaparecían a los ciudadanos.
Además de la desaparición forzada, la Fiscalía imputa a la organización delitos de secuestro agravado, extorsión agravada y asociación delictuosa.
De acuerdo con informes de inteligencia militar revelados anteriormente, la célula funcionaba inicialmente de manera local con protección institucional, pero posteriormente registró alianzas y disputas territoriales con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y facciones del Cártel de Sinaloa.
En esta misma causa penal por desaparición forzada están implicadas otras 18 personas, de las cuales varias son policías de investigación o exfuncionarios del estado que presuntamente operaban bajo sus órdenes para cometer los delitos utilizando la estructura de seguridad pública.
Por el delito de desaparición forzada, el exfuncionario podría enfrentar una pena de 40 a 60 años de prisión, la cual se sumaría a las peticiones de hasta 154 años de cárcel que la Fiscalía ya ha solicitado en su contra por otros expedientes que incluyen secuestro agravado, extorsión y asociación delictuosa. Por su parte, el acusado ha enviado cartas desde prisión argumentando que los señalamientos forman parte de una «persecución política» en su contra.
