El Ministerio de Justicia comunicó la aprobación del Plan Nacional de Política Criminal para los próximos cuatro años.
El Consejo Superior de Política Criminal dio conformidad a la hoja de ruta con la que contará el Estado en los próximos cuatro años para enfrentar la criminalidad en todo el territorio nacional.
Lo anterior, a fin de proteger los derechos de los colombianos, fortalecer la legitimidad y afianzar la confianza ciudadana en las instituciones.
El Plan aprobado establece siete prioridades con objetivos y estrategias muy puntuales que incluyen la prevención del delito, la reducción del homicidio, de violencias basadas en género y de participación de adolescentes y jóvenes en actividades criminales.
La sanción penal será la última de las alternativas del Estado para el tratamiento de las conductas criminales.
Como se señaló anteriormente, este derrotero contenido en el Plan Nacional de Política Criminal, dispone de un número de siete prioridades con objetivos y estrategias muy puntuales, entre las cuales se encuentran, la prevención del delito y reducción del homicidio, la prevención de violencias basadas en género, la disrupción del crimen organizado, la prevención de la participación de adolescentes y jóvenes en actividades criminales.
“El nuevo Plan Nacional de Política Criminal plantea un enfoque territorial, diferencial, restaurativo y focalizado, con el cual fortaleceremos la lucha contra el crimen organizado en nuestro país”, sostuvo el Ministro de Justicia y del Derecho, Wilson Ruiz.
La propuesta es el resultado de un proceso de construcción iniciado hace dos años, que incluyó más de un centenar de reuniones de trabajo articulado y coordinado con todas las entidades que integran el Consejo Superior de Política Criminal, las cuales incluyen a la Rama Judicial, el Ministerio Público, el Congreso de la República y el Gobierno Nacional.
De este modo, se diseñó una política criminal coherente, racional y con aptitud de garantizar los derechos humanos y que, además, imprime una visión real de la situación del país para prevenir el delito y reconstruir los lazos comunitarios en el marco de la justicia restaurativa y la resocialización.
Todos los lineamientos, acciones y actividades contenidos en el Plan atienden e integran enfoques transversales, partiendo de la base de que la sanción penal debe ser la última de las alternativas del Estado para el tratamiento de las conductas criminales.
Prioridades de la política criminal
- Prevención del delito y reducción del homicidio.
- La prevención de violencias basadas en género.
- La disrupción del crimen organizado.
- La prevención de la participación de adolescentes y jóvenes en actividades criminales.
- La humanización del sistema carcelario.
- La modernización de la acción estatal para combatir el crimen.
- La lucha contra la captura del Estado y la corrupción.
Fuente: Ministerio de Justicia y del Derecho, República de Colombia
