Durante la clausura de la 23 Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, que se ha desarrollado en el puerto de Ensenada en Baja California, el procurador general, Arturo Chávez, ha señalado que la seguridad es una de las razones de ser del Estado.

En un comunicado enviado por la Procuraduría General de la República (PGR), Chávez asegura que «la seguridad no se puede alcanzar sin la justicia, sin dar a cada quien lo suyo» y subraya que el objetivo de la lucha contra la delincuencia es establecer el Estado de Derecho, sin el cual no se puede alcanzar la justicia y la seguridad.

En el encuentro, los procuradores han aprobado adoptar la figura de extinción de dominio para atacar las estructuras financieras y operativas de la delincuencia organizada, así como contar con la figura del arraigo como medida cautelar en las investigaciones ministeriales.

La PGR ha adelantado que se analiza la posibilidad de extender al fuero federal la solicitud de cancelación de líneas telefónicas involucradas en actos ilícitos, así como impulsar las reformas al sistema de justicia penal y proponer cambios a la Constitución para crear la policía única en cada entidad.

Los fiscales avanzan en la preparación del Programa General de Acción para la instrumentación de las reformas legales en materia de narcomenudeo, en coordinación con el Poder Judicial Federal y los poderes judiciales locales.

Los encargados de la procuración de la justicia quieren, además, reforzar todos los mecanismos de cooperación en todos los niveles de gobierno para enfrentar a la delincuencia de manera coordinada.

El procurador Chávez ha destacado el grado de tragedia de los mexicanos víctimas de la delincuencia organizada, en particular de la que se dedica a la extorsión, al secuestro y al narcotráfico.

En estos momentos México enfrenta una ola de violencia asociada al crimen organizado que, desde que el presidente Felipe Calderón accedió al poder en diciembre de 2006 hasta mediados de abril pasado, ha costado casi 23.000 vidas, según datos oficiales.

En las últimas semanas los crímenes han perpetrado sobre todo en estados del norte del país, especialmente en los de Tamaulipas y Nuevo León, al parecer por pugnas entre sicarios del cartel del Golfo y del grupo de Los Zetas.

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